Belén González es inocente, jueza y fiscal son corruptos. Me las pagarán con sus vidas", decía el mensaje de texto que la jueza Dolores Sánchez recibió en su celular el martes 20 de enero por parte del recluso Gustavo Pavia. 

Otro mensaje del mismo delincuente para la jueza enviado a su colega, el juez Nelson Dos Santos, decía: "Jueza Dolores Sánchez. Mi mujer es inocente. El día que me fugue, te mato". La amenaza a la jueza y también a la fiscal María Camiño, llevó a que el Ministerio del Interior otorgara seguridad especial a ambas magistradas.

Estos casos son excepcionales pero forman parte de la seguridad que un cuerpo de élite de la Policía integrado por unos 50 efectivos dependientes del Ministerio del Interior otorga a los jueces y fiscales que lo necesiten. En total se le da seguridad a ocho magistrados, señalaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

Esa seguridad se enmarca dentro de la ley 18.362 del año 2008. El artículo 51 establece que el personal destacado a tareas relativas a la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos quedará incluido en el beneficio de protección de testigos que el Poder Ejecutivo debe brindarles para salvaguardar la integridad física de dicho personal.

Justamente según la ley, la protección se debe dar a los dos jueces y fiscales de Crimen Organizado (Néstor Valetti y Adriana de los Santos) abocados a indagar causas de narcotráfico. También los anteriores jueces y fiscales de crimen organizado continúan recibiendo algún tipo de vigilancia, luego de que abandonan el cargo. Son los casos de la jueza Gracie- la Gatti, ahora en un tribunal de apelaciones, o el actual fiscal de Corte, Jorge Díaz, y la fiscal Mónica Ferrero. En esos tres casos se les ofrece una seguridad menor.

Pero frente a amenazas concretas que han surgido contra magistrados de la materia pe-nal se ha decidido darles protección también a esos funcionarios.

Es el caso de la jueza Sánchez y de la fiscal Camiño, y también el de la jueza penal Julia Staricco, quien tiene vigilancia desde junio luego de que la Policía tomara conocimiento de una amenaza por parte de un agente de Florida, que en 2008 había sido procesado por un caso de violencia doméstica. La Policía consideró que la amenaza tenía verosimilitud y por eso se le sigue dando la protección (ver recuadro).

Búsqueda informó el jueves pasado de un adolescente que el martes 3 de febrero amenazó con matar al juez, fiscal y funcionarios que estaban presentes en una audiencia y quitarse la vida si procesaban a un amigo suyo que estaba siendo indagado por un delito.

Frente al aumento de amenazas a magistrados, el semanario informó de la intención de un grupo de fiscales de pedir medidas de seguridad para todos los magistrados. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Gómez, dijo a El País que no se considera que se esté frente a una amenaza permanente como para plantearlo, salvo los casos excepcionales que ya han sido contemplados por el gobierno.

La fuente explicó que el gabinete del ministerio evalúa a qué funcionarios se les asigna seguridad en base a las amenazas que han recibido.

También se señaló que en el caso de que lo pida un magistrado que se siente inseguro por una amenaza, difícilmente se le niegue ese cuidado.

Las amenazas se clasifican en tres categorías de acuerdo con su gravedad. La primera categoría es la más leve y corresponde a amenazas relativas. En el nivel dos el alerta se incrementa de acuerdo a las características del delincuente o grupo narco que realiza la advertencia. En tanto, en el nivel tercero la alerta es máxima y ocurre cuando reviste altas chances de concretarse.

La fuente señaló que las amenazas que los magistrados han recibido en Uruguay son de nivel mínimo y medio, y ninguna ha llegado al máximo nivel de peligro.

El exjuez de crimen organizado, Díaz, declaró a El País en abril de 2012 que algunas organizaciones "han perdido mucho dinero y eventualmente han analizado la posibilidad de realizar algún tipo de actividad contra alguno de los operadores del sistema".

Díaz explicó entonces que "hubo momentos donde las alertas subieron muchísimo. Todo esto se investigó pero no se concretaron actos materiales concretos".

El Ministerio del Interior tiene identificados a unos 200 jefes narcos que operan en Uruguay, algunos de ellos son extranjeros y tienen códigos distintos.

A su vez el incremento de los ajustes de cuenta es otro factor que mantiene alerta a las autoridades, aunque por el momento nunca se han concretado contra funcionarios públicos y por ahora es un fenómeno que ocurre entre delincuentes.

En el caso de los jueces de crimen organizado, la protección que se les brinda es total e implica que sean trasladados en autos blindados, que se vigilen sus viviendas día y noche, y que se les dé seguridad cuando viajan. Cada magistrado tiene asignados seis policías solo para sus viviendas, ya que trabajan de a dos en tres turnos de ocho horas.

Otros dos policías se dedican a trasladarlos y a realizar la vigilancia cuando circulan por la calle.

En el caso de los jueces penales, se les ha destinado un vehículo para trasladarlos y seis personas en total para la protección de cada uno. Es decir que se les da una custodia parcial y no de 24 horas.

Los policías que realizan esa tarea fueron seleccionados especialmente desde la Brigada Antinarcóticos, del cuerpo de seguridad que participó en tareas de vigilancia del presidente electo Tabaré Vázquez en su anterior mandato, y entre los soldados del Ejército que pasaron a la Policía.

Se trata de personal seleccionado rigurosamente, que son sometidos a pruebas psicológicas. Antes de ingresar se les da una capacitación especial por tres meses pero luego están en permanente instrucción, reciben capacitación en el exterior puesto que se los prepara en técnicas de vigilancia y en explosivos.

Plan de un atentado por caso de narcotráfico

A fines de agosto de 2013, la Policía detectó un plan para atentar contra el juez penal Gabriel Ohanian en el marco de una investigación sobre un caso de tráfico de drogas. El juez envió a la cárcel a algunos miembros de ese grupo, y la principal hipótesis que se maneja es que otros delincuentes libres armaron el plan.

Varias amenazas

Narco y policía

Se supo que Staricco tenía vigilancia cuando en septiembre se denunció un balazo en su casa en Pocitos. A fines de junio había sido amenazada por un policía al que procesó cuando estaba en Florida. Pero antes había tenido custodia por dos meses por amenazas del narco Alejandro Píriz Brum.

Un hombre solo

La amenaza se consideró veraz pero de peligrosidad media

Investigadores policiales consideraron que la amenaza por mensajes de texto a la jueza son de nivel medio porque no se trata de una organización, sino de un individuo aislado. Aun así se evaluó que pudo tener conexión con bandas de Brasil y Paraguay.

Caso sabalsagaray

Otro tipo de amenaza

El general (r) Wile Purtscher dijo a Búsqueda que la muerte del militar Miguel Dalmao fue "un asesinato" por parte de "jueces que se creen dioses", en relación al juez Rolando Vomero y la fiscal Guianze, quienes lo procesaron. "Ahora soy yo el que quiero venganza", dijo, por lo que será indagado por amenaza.

Otro de los funcionarios del gobierno que tiene vigilancia es el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez. Desde que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se desempeñó como presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND) tiene varios efectivos destinados a su cuidado tanto en su vivienda como cuando se traslada. Las medidas de seguridad se mantienen también durante las vacaciones y es por eso que al tomarse la licencia en un balneario del este, la casa donde se aloja cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad, según pudo saber El País. Mientras estaba al frente de la JND, Jorge Vázquez recibió amenazas que denunció a la Justicia y llevaron a que se le brindara protección. El gobierno también facilitó a Jorge Vázquez, a magistrados, y a funcionarios policiales que trabajan en la lucha contra el narcotráfico, préstamos para viviendas que se realizan a través del Banco Hipotecario del Uruguay. En su caso, Jorge Vázquez explicó en 2010 en entrevista con El Espectador que se mudó a una casa en Punta Gorda por seguridad, ya que vivía en un primer piso y las ventanas de las habitaciones de sus hijos daban a la calle.

Por las amenazas que la jueza Julia Staricco recibió de un policía que esta había procesado, representantes de la Asociación de Magistrados del Uruguay se reunieron con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, preocupados por las crecientes amenazas a magistrados y le solicitaron mayores medidas de seguridad. En el encuentro realizado en la sede del Ministerio del Interior participaron el entonces presidente de la gremial de jueces, Rolando Vomero, junto a otros jueces y también estuvo presente el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera. Luego de la reunión, Vomero informó que le habían planteado al ministro la posibilidad de instalar videocámaras en las puertas de las casas de todos los jueces para tener mayor protección.

Según dijo el magistrado, las autoridades ministeriales les dijeron que la instalación de cámaras no plantearía mayores dificultades. También se acordó trabajar en un protocolo de seguridad que abarque a todos los jueces, ya que todos no pueden contar con vigilancia especial, como sí se les da a quienes han sido blanco de amenazas concretas.

cuerpo de élite que recibió capacitación especial vigila a magistradosNATALIA ROBA