vea el interactivo

Hay ocho denuncias penales que complican a intendentes

Intendentes de todos los partidos políticos no han quedado a salvo del fenómeno de la judicialización de la política que en épocas electorales se traduce en la proliferación de denuncias penales.

Si no puede ver el interactivo haga click aquí

La Justicia penal procesa ocho denuncias que involucran a siete intendentes y exintendentes, algunos de los cuales se postulan para la reelección en mayo.

Tal es el caso de los exintendente de Florida, el nacionalista Carlos Enciso; de Cerro Largo, el nacionalista Sergio Botana; y de Salto, el colorado Germán Coutinho. Los tres asumieron como senadores el domingo 15 pe- ro ya hacen campaña por la reelección. También enfrenta una denuncia el exjefe comunal de Salto del Frente Amplio, Ramón Fonticiella, quien se enfrenta a Coutinho por el sillón de la intendencia.

En ese departamento, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) presentará hoy la denuncia que viene anunciando desde hace meses por la retención de haberes de los funcionarios. El problema se arrastra desde septiembre cuando los funcionarios quisieron renovar un préstamo ante el Banco República y se lo negaron por estar en la categoría de morosos. Ahí se percataron de que la Intendencia no vertía al BROU los descuentos correspondientes.

El presidente de Adeom Salto, Juan Carlos Gómez, dijo a El País que la denuncia "no es contra nadie". "Es un pedido de investigación judicial para saber por qué se nos cortó la línea de crédito en el BROU y quién o quiénes son responsables".

Coutinho enfrenta otra denuncia judicial por la compra de uniformes para la comuna. Los ediles del Frente Amplio pidieron investigar si existió delito en la adquisición de uniformes realizada a una empresa cuyo socio es un funcionario municipal de confianza, que se desempeña en la División Tránsito. La denuncia cuestiona que la compra se haya realizado por designación directa.

La justicia penal de Salto tiene a estudio un tercer caso contra el frentista Fonticiella por la compra de dos terrenos por US$ 150 mil. La compra, ordenada por Fonticiella, se concretó cuando este dejó la comuna en 2009 para hacer campaña y fue sustituido por Carlos Gabrielli. Las compras se hicieron a un primo de Gabrielli. Pero justo los días en que se firmaban los contratos, Gabrielli —quien no informó de su vínculo con el vendedor— pidió licencia. Los ediles del Partido Colorado radicaron la denuncia. El diario Cambio de Salto informó en agosto que Fonticiella, Gabrielli, y otros jerarcas declararon ante la Justicia. Fonticiella dijo al diario salteño que lo realizado "está dentro del marco de la ley".

Usina 3.

Adeom denunció a la Intendencia de Montevideo por la muerte de un funcionario en la Usina 3, en la primera denuncia que se presentó en el marco de la ley de responsabilidad penal del empleador. El caso está a estudio de la Fiscalía para que determine si se pide más pruebas, el archivo o el procesamiento de algún jerarca.

Licitación.

El diputado Armando Castaingdebat, exintendente de Flores y expresidente del Congreso de Intendentes, deberá declarar ante la Justicia de Flores el próximo martes 24 de febrero por la denuncia presentada por una licitación para la construcción de una cancha de césped sintético, que costó US$ 133.500.

Junto al exjefe comunal deberán declarar los socios de la Forbec S.R.L, y el exfutbolista Pablo Forlán.

Según informó Montevideo Portal el viernes pasado, la denuncia señala que la licitación estuvo direccionada para que la ganara esa empresa. Se presentaron como prueba mails en los que la empresa daba indicaciones sobre lo que debía decir el texto del llamado a la licitación.

Castaingdebat negó a ese portal que hubiera algún tipo de acuerdo previo para beneficiar a la empresa y apuntó a una maniobra política.

El exintendente recordó que "la Justicia ya archivó una demanda civil por esto", en alusión a un juicio civil que enfrentó y ganó.

Patentes.

El Sistema Único del Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) se puso en marcha y desembocó en denuncias a los intendentes de Florida, Carlos Enciso, y de Durazno, Benjamín Irazábal, además del de Colonia, Walter Zimmer, quien fue procesado (ver columna).

Carlos Rodríguez, diputado por Florida del MPP, denunció a Enciso por supuestas irregularidades en los empadronamientos de autos cero kilómetros. "La jueza cursó los oficios y obtuvo la información" que a él le habían negado, dijo Rodríguez a El País. Según el diputado, la jueza decidió dar curso a la denuncia, y se concretarán las citaciones en marzo.

En el caso de Durazno la denuncia anunciada por el Partido Socialista aún no fue radicada pero se presentará en la próxima administración, aseguró la edila María Argüello. "A raíz de un pedido de informe surgió que había 600 coches de alquiler sin chofer que estaban empadronados en Durazno. Llamó la atención pero al ser una sociedad anónima no se puede saber quiénes son los que la integran", explicó a El País la edila.

Cerro Largo.

Sergio Botana es otro que enfrenta una denuncia penal por presuntos delitos cometidos durante su administración en Cerro Largo. Estas van desde el desvío de fondos del Ministerio de Vivienda para comprar luminarias; el incremento de salarios a los funcionarios municipales sin el aval correspondiente; el contrato directo de ONG dirigidas por personas conocidas y la supuesta compra irregular de maquinaria. Según dijo a El País el edil socialista Adémar Silvera, la Justicia solicitó más información y está a la espera de esa documentación.

Rocha.

La justicia del Chuy tramita desde diciembre de 2013 una denuncia contra el intendente de Rocha, Artigas Barrios, por abuso de funciones, como consecuencia de los operativos de retiro de ranchos irregulares en Punta del Diablo. Barrios declaró en marzo de 2014 y defendió la legalidad de la actuación de la intendencia. Sin embargo, el abogado denunciante Diego Durand asegura que unos 70 ranchos fueron demolidos en 2011 sin orden judicial y sin intimación previa. Durand dijo que actualmente el expediente está a estudio de la Fiscalía para que determine si solicita más pruebas.

Canelones.

El exintendente Marcos Carámbula y el secretario general Yamandú Orsi, fueron denunciados por abuso de funciones, pero el juez de crimen organizado la archivó, dijo Orsi a El País. La denuncia había sido presentada por municipales ante la negativa comunal de pagarles incrementos salariales de 2002 a 2010. Orsi dijo el juicio sigue en la órbita civil.

Cinco procesos que ya cerraron


El exintendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral (Frente Amplio), fue procesado sin prisión en marzo de 2014 por el delito de conjunción del interés personal y público, junto a una directora municipal y el esposo de esta, un arquitecto que dirigió obras del Museo Agustín Araujo y en el Cine Teatro Municipal, realizadas en 2008. La directora de Acondicionamiento Urbano contrató a la empresa en la que trabajaba su esposo, quien además había sido director municipal. Amaral apeló.

En marzo de 2014 fue procesado con prisión el intendente de Colonia, Walter Zimmer (Partido Nacional) por reiterados delitos de abuso de funciones por haber aceptado el empadronamiento de vehículos de otros departamentos fuera del plazo establecido por la Junta Departamental de Colonia que se terminó el 31 de diciembre de 2007.

Al exintendente de Flores, Carlos Mazzullo (Partido Nacional), se le imputó fraude en 2012, junto a su hijo, quien se desempeñaba como secretario general de la intendencia. Un tribunal penal lo procesó (la jueza de Flores había archivado el caso) tras probar que mantenía su auto con dinero de la Intendencia.

El exintendente de Florida, Andrés Arocena (Partido Nacional), fue procesado con prisión domiciliaria en 2006 por reiterados delitos de abuso de funciones, debido a compras realizadas a una barraca trucha, vales que beneficiaron a funcionarios e irregularidades en el arreglo de un camión municipal.

El exintendente de Rocha, Aníbal Marzano (Partido Nacional) fue procesado con prisión en setiembre de 2000 por “reiterados delitos de fraude”. La Justicia también procesó con prisión al exasesor de obras de esa administración, al igual que a un particular, titular de una empresa que organizaba espectáculos.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te puede interesar
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)