Cuando Eduardo Bonomi asumió la cartera de Interior, en 2010, había unos 8.500 reclusos. Los asesores, en esa transición, le comentaron que antes de que terminara el primer año la cifra iba a trepar a 10.000.

"Demoramos cuatro años en alcanzar ese número, pero luego, en un año y medio, terminamos aumentando otros 1.300", explicó el ministro. ¿El motivo? "La aplicación de las nuevas medidas de seguridad que hicieron descender los delitos".

Pero lejos de entender el aumento de presos como un acierto del sistema, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, cuestionó que "el índice de prisionización (sic) es de los más altos de América Latina: 340 presos cada 100.000 habitantes". En su comparecencia ante la comisión de seguimiento parlamentario del sistema carcelario, Díaz informó que de los 11.300 adultos y 400 menores de edad privados de libertad, el 40% son primarios.

El fiscal indicó que tres de cada diez reclusos están cumpliendo la pena y que el restante 70% está procesado sin sentencia. "Son índices y cifras que preocupan mucho. Es un problema de toda la sociedad uruguaya", afirmó. Este dato es uno de los argumentos más usados en la defensa del nuevo Código de Proceso Penal, el que apoya Díaz. La puesta en funcionamiento de este nuevo código se viene aplazando y se espera que comience en noviembre.

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