ALBERTO REYES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS

"Hay cárceles que no pueden rehabilitar"

El magistrado sostuvo que la gremial médica pretendió enviar una “señal” a la Justicia cuando solicitó reunirse con la jueza de Bella Unión, Analía Brito, para conocer detalles del procesamiento con prisión de la médica Patricia de la Peña.

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Alberto Reyes. Foto: Marcelo Bonjour

“Desde el punto de vista de la intención, me cuesta creer que teniendo abogados y una resolución que dice los motivos del procesamiento, haya que recibir una explicación de boca de la jueza estando ella en Bella Unión”, dijo.

—¿A un juez no le tiembla el pulso al enviar a una persona a un infierno como es el Comcar?

—Tuve unos cuantos años a cargo del módulo de proceso penal en la escuela judicial. Allí dije a aspirantes a jueces que tenían que ir a ver las cárceles. Así, cuando tengan que mandar gente a la cárcel, sepan a dónde los mandan. Creo que eso nunca se instrumentó. También fui muy cuestionado por algunas otras cosas que señalaba en ese módulo al punto que, al año siguiente, desaparecí del cuadro docente. Los jueces deberíamos ser sensibles. Pero lamentablemente el volumen del trabajo hace que nos volvamos insensibles. Pasa con todos los órdenes de la vida y con distintas profesiones.

—Tampoco ayuda el hecho de que el juez lea expedientes y no esté en contacto con la persona acusada. ¿Es así?

—Sí. Así funciona el sistema. El juez está en contacto con los papeles: el memorándum (de la Policía) y el acta de declaraciones que le lleva el receptor. Algunos jueces, más diligentes que otros, tratan de estar en la mayor cantidad de boxes posibles para conocer a las personas acusadas. Pero el sistema hace que sea imposible que el juez esté en todo los casos. Entonces la decisión se toma en base a papeles. Ni que hablar en la segunda instancia, donde yo estoy (Tribunal de Apelaciones). En la primera instancia, los jueces tenían que ir a visitar las cárceles a ver a sus presos.

—La mayoría no está concurriendo según el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.

—En mi época iban todos. Era una obligación. Era un impacto muy grande ver a la persona que estaba a disposición de uno en la situación que uno veía que estaba. Esa es una experiencia que a mí me marcó mucho. Me mortificaba el tema de las cárceles.

—En Uruguay no se espera que un juez deje de procesar delincuentes.

—El juez que no mande a nadie preso porque las cárceles están muy mal será muy cuestionado. La sociedad entera no lo ve como una institución que esté para no encarcelar delincuentes. Esa visión tiene que ver con una concepción del juez como boca de la ley. El juez es esclavo del legislador.

—¿Cree que la gente quiere que los presos estén lejos y olvidarse de ellos?

—En general diría que sí. Hay personas que son víctimas de un hurto y se conforma con recuperar lo que perdió. No quiere que la persona que lo robó vaya presa.

—¿La cárcel actual rehabilita a alguien?

—Depende de la cárcel. Tenemos dos cárceles que es muy difícil que rehabiliten. Tienen porcentajes de más de un 60% de reincidencia.

—¿Se refiere al Comcar y al penal de Libertad?

—Exacto. Evidentemente esas cárceles no pueden rehabilitar. Y si lo hacen es un milagro.

—Son muy populosas.

—Sí. El diseño de cárcel populosa conspira contra la rehabilitación. Favorece la violencia. El hacinamiento es propio de esas cárceles. Ahora se está por inaugurar una cárcel en Punta de Rieles que es un paliativo. La alternativa es como lo plantea el comisionado parlamentario: construir chacras y penales chicos. Allí se encuentran los índices bajos de reincidencia. Hay que ir a ese diseño. Hay que terminar con las cárceles grandes. Creo que la idea del Ministerio del Interior va por ahí. Además es fundamental que haya oportunidades de trabajo para los presos. El ocio en las cárceles es denigrante. La gente quiere que los presos estén lejos pero no piensa que esa persona algún día va a quedar en libertad.

—¿Esa persona saldrá peor de la cárcel?

—Sí. Va a ser la explicación de los delitos que se va a quejar la generación siguiente. Mientras tanto las cárceles crecen. Hay que buscar una fórmula de solucionar ese problema. El sistema penal tiene clientela habitual que se vincula con delitos contra la propiedad. Son cometidos por pobres.

—¿Hay preocupación de jueces por las críticas a la magistrada de Bella Unión que procesó con prisión a una médica?

—En Bella Unión, lo que motivó la discusión pasa por la utilización de la prisión preventiva. No puedo emitir opinión sobre el caso. Si hubiera una apelación, me podría corresponder (como ministro de Apelaciones). Y como presidente de la Asociación de Magistrados no puedo opinar sobre la actuación de una socia que tiene independencia técnica al ejercer la función. —El gremio médico afirmó que no está de acuerdo con el fallo.

—Representantes de la corporación médica, dicho en buen sentido, se trasladaron a Bella Unión para conocer los fundamentos de la decisión de la jueza cuando estos estaban en el auto de procesamiento (de la médica Patricia de la Peña).

—¿Lo vio como una presión a la jueza Analía Brito?

—Consultamos a la magistrada socia si ella había sentido una suerte de presión (por parte del Sindicato Médico del Uruguay). Ella no lo vivió así. La reunión fue en términos cordiales. Pero, simbólicamente, es una señal que se da (por parte de los médicos) a la Justicia. Puede ser también una señal hacia el interior del gremio de los médicos en el sentido de que hay apoyo para alguien que cae en desgracia.

—¿Usted calificaría de presión a esa señal de los médicos?

—Desde el punto de vista de la intención, me cuesta creer que teniendo abogados y una resolución que dice los motivos del procesamiento, haya que explicarlo de boca de la jueza estando, aparte, en Bella Unión. Insisto, creo que podría ser una señal hacia la interna que los médicos están apoyados por sus pares y por los representantes de los gremios. No cabe en la cabeza que los médicos piensen que con esa ida allá (Bella Unión) puedan conseguir modificar la decisión. Para eso tienen la posibilidad de recurrir la prisión preventiva (de la médica De la Peña).

—¿En el pasado hubo cuestionamientos del SMU a procesamientos de médicos?

—Sí. Integré una directiva de la Asociación de Magistrados que recibió a autoridades del Sindicato Médico del Uruguay para plantear su profundo malestar por la decisión de un juez por procesar con prisión a dos médicos en un caso muy sonado. La Asociación de Magistrados les trasmitió que no pueden enmendarle la plana a un juez penal. Siempre hay un tema con la responsabilidad médica.

—¿Los médicos consideran que los jueces no pueden entender la profesión médica?

—Sí. Tienen la percepción de que los jueces no están capacitados para juzgarlos y que no tienen demasiadas garantías por la falta de conocimientos de los magistrados. Entienden que esa falta de conocimientos de los jueces los hace cometer errores en la evaluación del desempeño de los médicos y además que la medicina es una ciencia conjetural y que el error es una variable inevitable.

—¿Cree que esa percepción de los médicos sobre los jueces es errónea?

—Creo que sí. En los casos de responsabilidad médica, los jueces actúan en función de dictámenes de una junta de médicos que ofician de asesores. Esa junta entendió que hubo algo que estuvo muy mal.

—En sectores de la población existe la sensación de que la Policía atrapa a los delincuentes y la Justicia los libera. ¿Es tan así?

—La Policía no es quien juzga o determinada la culpabilidad de las personas. Si fuera así, sería un estado policíaco. Supongamos un caso de flagrancia que sea inexplicable la libertad de la persona acusada, me pregunto: ¿qué pidió el fiscal del caso? El fiscal interviniente pidió el archivo del caso, algunas medidas o que se emplazara, o pidió el procesamiento y este le fue denegado. Esa hipótesis final es muy rara. Siempre nos pegan en estos casos.

—¿Por qué?

—El fiscal tiene posibilidad de apelar. Si no hay recurso, es porque no lo pidió. Un fiscal desairado por un pedido negado generalmente lo apela

—¿Hay corrupción en el sistema penal?

—Casos de corrupción ha habido. Jueces fueron destituidos por esta causa. Pero que los jueces suelten a algún autor de un delito porque arreglaron, eso no me consta en lo más mínimo. En los índices internacionales de corrupción judicial, Uruguay anda muy bien.

—¿En la sociedad hay confianza sobre el sistema judicial?

—Creo que sí. No es de las instituciones que está peor en la opinión de los uruguayos.

Exhorta a cuidados en el uso de Facebook.

A principios de este mes, la jueza penal Ana de Salterain publicó en su muro de Facebook comentarios donde cuestiona el accionar policial. "Jueces penales nos involucramos, hacemos hasta lo imposible. Pero con una Policía como la actual, es imposible trabajar", dijo la magistrada. En otro comentario, la jueza penal refiere a la calidad técnica de la Policía: "Es inidónea, con falta de preparación, con total ignorancia de discernir lo que es delito, y sumado a ello, riéndose del Juez y de su Ministro".

—¿Generó preocupación al gremio de jueces las afirmaciones de la magistrada penal?

—Alberto Reyes: La asociación emitió un comunicado y es todo lo que le voy a decir. Ahora hay una actuación de la Suprema Corte.

El comunicado advierte que los comentarios de la jueza no representan a la asociación y exhortó a sus integrantes a realizar un uso ponderado de las redes sociales.

"Ahora hay un caos en el sistema penal".

—En este momento en el Parlamento hay proyectos de ley sobre la prisión preventiva que podrían afectar la ingeniería jurídica del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Es así?

—No creo que la afecten. La están ignorando. Parten de la base que serán excarcelables algunos delitos hasta que entre en vigencia el nuevo código. Si se aprueban esos proyectos, esos delitos van a ser excarcelables por dos meses.

—¿Son banalidades jurídicas?

—Creo que sí. Forman parte de este caos que tenemos nosotros con el sistema penal. La prueba está que el nuevo código tiene modificaciones a estudio. Esas pueden ser beneficiosas. No hay demasiada consustanciación con el cambio que se viene al punto que tampoco hay mucha publicidad.

—¿Considera que el nuevo código supera una nueva prórroga?

—Si ello ocurre, quedaría bastante lesionada la credibilidad de la voluntad de reformar el sistema de proceso penal.

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