Hace casi un año, el 19 de enero de 2007, los uruguayos todos y muy especialmente los que hace ya varias décadas que elegimos la inquebrantable tranquilidad de Piriápolis para disfrutar de nuestras vacaciones rodeados de hijos y nietos, nos sacudíamos con la noticia de la súbita desaparición de la joven Natalia Martínez a la salida de una conocida discoteca del balneario.

El impacto inicial se transformó rápidamente en inquietud. ¿Debíamos los abuelos permitir a nuestros nietos salir a bailar como si nada hubiera sucedido mientras esta joven no aparecía? ¿Podían los padres conceder a sus hijos adolescentes las libertades con las que siempre se pudieron mover los menores en este balneario en tanto este suceso no se esclarecía?

Con el paso de los días las cosas sólo empeorarían. La incertidumbre original se transformó en horror cuando la joven Natalia apareció asesinada. Y casi inmediatamente la impotencia dejó paso a la indignación, cuando todos asistimos con incredulidad a la impericia, improvisación y falta total de profesionalismo con que la Policía de Maldonado y la Justicia local encaraban el tema más importante que habían tenido entre manos en muchos años.

Ha pasado un año. Y algunas cosas han cambiado. Por lo pronto, el ministro del Interior ya no es el eternamente ausente José Díaz, y la jefa de Policía de Maldonado ya no es la locuaz pero inefectiva Graciela López. Pero el crimen de Natalia Martínez sigue impune.

En un intento por calmar a quienes reclaman el esclarecimiento de este caso, el jefe de Policía de Maldonado, Eduardo Martínez, admitió hace algunos días a El Espectador que tras interrogar a más de doscientas personas, las autoridades no sólo no han podido avanzar sino que ni siquiera poseen elementos que permitan "probar algo" vinculado con el horrendo crimen. El jerarca policial dijo que la Policía sólo posee "teorías" y reconoció que ni siquiera se ha podido llegar a determinar cómo murió Natalia. También, aunque parezca llamativo, afirmó que aún no se poseen los resultados de análisis de ADN practicados hace un año.

El sistema político no parece preocupado por este tema. La ministra de Interior sale a los medios a hablar del agrado con el que vería la reelección del presidente Tabaré Vázquez, pero no sale a explicarle a la ciudadanía por qué sus subordinados no han sido capaces, un año después, de aclarar un hecho tan grave. Y la oposición está demasiado ocupada en otras cuestiones que hacen a la coyuntura como para llamar a comisión a la ministra y a los responsables de esta investigación y pedirles cuentas acerca de su sonoro fracaso.

Entretanto, una familia -cuyo jefe se quitó la vida el mismísimo Día del Padre- y la sociedad toda siguen reclamando justicia. La misma justicia que se reclama, también en Maldonado y en todos los rincones del país, para el crimen del periodista Mateo Kutalec, que fuera ejecutado a sangre fría. La misma justicia que en todo el departamento y en especial en Punta del Este y Montevideo se demanda para el cruel homicidio del apreciado comerciante Enrique Santa Cruz, eliminado de un disparo en la nuca frente a la mirada incrédula de su esposa.

¿Es que nadie siente que las autoridades, a las que con nuestros impuestos pagamos salarios y medios, nos deben a todos una explicación por tanto fracaso e impericia? ¿O será que no hemos advertido todavía que mientras la Policía trabaje tan mal y los responsables sigan en funciones, nuestros hijos y nietos, y nosotros mismos, estaremos en peligro?

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