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Por habilitar a UBER, 150 taxistas demandarán a IMM

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En otros países, choferes de esa plataforma son considerados trabajadores, en Uruguay aportan como empresas. Foto: F. Ponzetto
Movilizacion de miembros de la Asociacion de Conductores Independientes de Aplicaciones (ACIA) en protesta por propuesta de regularizacion de la Intendencia, choferes de Uber, Cabify, etc., Montevideo, ND 20170303, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

DOS PRIVILEGIOS

También presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte.

El decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho Civil, Juan Andrés Ramírez, iniciará, en representación de 150 propietarios de taxis, un juicio civil contra la Intendencia de Montevideo por las pérdidas ocasionadas tras la habilitación de las plataformas UBER, Cabify y Easy Taxi. Además, Ramírez presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el decreto de la Junta Departamental que habilitó el funcionamiento de plataformas electrónicas. "Se violó el principio de igualdad establecido en la Carta Magna", explicó el decano de la Facultad de Derecho de la UdelaR.

Ramírez, quien elaboró un informe para los taxistas que iniciarán las demandas, dijo a El País que estos pagaron US$ 100.000 por el permiso, y hoy, con el funcionamiento de las "plataformas electrónicas", éste vale US$ 50.000 y sigue cayendo. "Con el correr del tiempo, esos permisos valdrán aún menos", explicó Ramírez. Ello significa que el juicio civil será por lo menos por US$ 7.500.000.

Destacó que el sistema de taxis permite a las personas más modestas trasladarse de un lugar a otro de Montevideo con precios establecidos por el Ministerio de Economía, mientras que UBER y otras plataformas utilizan "tarifas dinámicas" no reguladas por la Administración que impedirán a esos ciudadanos utilizar dicho servicio por su costo elevado. "Habrá un daño a las personas más humildes", insistió Ramírez.

Con respecto al deber de la Intendencia de Montevideo de indemnizar a los taxistas por la habilitación de las tres plataformas, Ramírez concluyó en su informe que, para beneficiar a 1.500.000 personas, fue "necesario sacrificar" el interés legítimo" de 3.000 permisarios de taxis. "Se produce allí la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas que señalan la doctrina y jurisprudencia como causa o fuente de la responsabilidad, por lo que debe repararse", advirtió el profesor de Derecho Civil.

La Intendencia de Montevideo se encuentra vinculada con cada permisario de taxi por medio de un contrato oneroso celebrado mediante licitación pública. Sin embargo, a juicio de Ramírez, la comuna capitalina desconoció ese contrato al dictar el decreto 36.197 que habilita el funcionamiento de UBER, Cabify y Easy Taxi y que, por ello, deberá indemnizar a los permisarios de taxis que están obligados a cumplir las cláusulas de ese contrato a rajatabla.

Coto de caza.

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¿Podía la Junta Departamental aprobar el decreto 36.197 que habilitaba el funcionamiento de las plataformas Uber y Easy Taxi?

Para Ramírez, la respuesta es negativa. El régimen de las "plataformas electrónicas" autoriza a UBER, Cabify y a Easy Taxi a fijar libremente los precios a cobrar a sus usuarios. Si la plataforma detecta que hay mucha demanda, eleva precios.

Cuando los gobiernos municipales otorgan "concesiones" o "permisos" sobre actividades excluidas de la libre competencia y restringidas a la oferta de titulares exclusivos (servicios de taxi y ómnibus, entre otros), las tarifas "no pueden quedar libradas a la decisión de los particulares que la ejercen", señala Ramírez en su informe en alusión a las plataformas UBER y Easy Taxi.

En otro tramo de su informe, Ramírez citó dos artículos de la Constitución de la República que señalan que el Estado o los gobiernos departamentales condicionarán las tarifas de los servicios públicos a cargo de empresas concesionarias.

A juicio del profesor universitario, la razón de fondo para que las tarifas deban ser fijadas por el Estado o las intendencias estriba en la circunstancia de que cuando una determinada actividad económica, por ser de interés público, es retirada de la libre competencia y es otorgada en exclusividad a uno o unos pocos proveedores u2014llámense concesionarios o permisariosu2014 el precio a cobrar a los usuarios debe necesariamente ser fijado por la administración y nunca por ellos mismos.

De otro modo, señala Ramírez en su informe, el espacio retirado de la libre competencia u2014en este caso el transporte de pasajeros en un autou2014 se transformaría en un "coto de caza" de las empresas privilegiadas por la exclusividad monopólica u oligopólica.

Depredadores.

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En su documento, Ramírez indicó que la Intendencia de Montevideo violó el artículo 8 de la Constitución de la República que consagra el principio de igualdad ante la ley.

El decreto municipal le otorga un "estatuto de privilegio" a UBER, Cabify y Easy Taxi y en una situación de "ilegítima desigualdad" frente a los propietarios de taxis que debieron licitar y pagar US$ 100.000 por las matrículas en licitaciones.

"(Estos) han sido discriminados groseramente por la legislación municipal al punto de amenazar su sobrevivencia", expresar el informe.

Sin embargo, advierte que la normativa también deja en desigualdad a cualquier empresario propietario de automóvil que quiera competir contra las "plataformas electrónicas" prestando el servicio de transporte oneroso en Montevideo.

Es decir, el único camino que tiene ese empresario sería integrarse al sistema de una empresa de "plataforma electrónica" y entregarle a esta el 25% de su recaudación bruta.

Ramírez agrega: "Ahora bien, en el caso del servicio de transporte individual, ocurre que los dos sistemas instalados u2014el de taxis y el de plataformas electrónicas son incompatibles".

UBER vuelve a la carga para operar en el este

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Luego de que la Junta Departamental de Maldonado pospusiera hasta marzo considerar la autorización para que UBER opere en ese departamento, la empresa de economía colaborativa vuelve a la carga y hoy se reunirá con el intendente Enrique Antía para gestionar la autorización. Los taxistas fernandinos no quieren que se regule la operación de las aplicaciones de transporte. El lunes pasado, directivos de la gremial que los nuclea se reunieron con Antía, para solicitarle "una tregua" hasta abril.

"Habilitación de UBER puede generar desaparición de taxis"

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Hay aproximadamente 3.000 permisarios de taxis en Montevideo. Las tarifas son obligatorias para todos y son fijadas por el Estado diferenciadas en tarifas diurna, nocturna y días feriados. Los vehículos destinados a taxis deben tener una antigüedad no mayor a los seis años, 1.400 centímetros cúbicos de motor, capacidad para cinco pasajeros y para transportar por lo menos una valija grande. Además deben estar identificados, pintados de blanco y amarillo, y solo pueden usarse para transportar pasajeros. Sus dueños tienen la obligación de prestar el servicio de forma permanente; los vehículos deben tener mampara y no pueden negarse a realizar un viaje si están de servicio, entre otras obligaciones.

En cambio, las plataformas electrónicas (UBER, Cabify y Easy Taxi) no tienen ninguna de esas obligaciones: no poseen límite al número de vehículos autorizados; no hay tarifas obligatorias fijadas por la Intendencia de Montevideo porque lo que los precios se acuerdan libremente viaje a viaje entre el titular de la "plataforma electrónica" y el cliente; los propietarios de los vehículos no tienen horarios ni turnos ni la obligación de prestar el servicio ininterrumpidamente como los taxis, y el auto puede tener un motor de 1.000 c.c., lo que los hace más económicos que los taxímetros, entre otras ventajas. En este momento, las "plataformas electrónicas" tienen 4.795 conductores registrados.

A juicio del decano de la Facultad de Derecho de la UdelaR, Juan Andrés Ramírez, la disposición de la IMM generó un aumento de los prestadores de servicio de UBER, Cabify y Easy Taxi sin un aumento proporcional de la demanda que llevará a la "destrucción" del sistema vigente. Enseguida agrega: el decreto que habilita las plataformas electrónicas "establece un sistema absurdamente incoherente con el sistema de taxis. Peor aún, su admisión seguramente provocará la desaparición de los taxis en el mediano plazo".

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