Jueces y fiscales deben entender el poder del nuevo sistema para las escuchas

El Guardián: Fiscalía pide garantías de uso correcto

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo a El País que antes de la puesta en marcha de un nuevo sistema de espionaje electrónico el Ministerio del Interior debe garantizar a jueces y fiscales su correcto uso. El miércoles planteará el tema.

El volumen de autorizaciones judiciales para realizar escuchas aumentó en los últimos años. Darwin Borrelli

Gonzalo Terra

El fiscal de Corte se enteró por la prensa que el Ministerio del Interior había adquirido en Brasil y a un costo de US$ 2 millones un nuevo sistema denominado "El Guardián". La plataforma permite interceptar simultáneamente 1.000 llamadas telefónicas (800 celulares y 200 fijos), 100 correos electrónicos y hasta tres redes sociales y blogs.

La plataforma tiene la capacidad de sistematizar, cruzar y analizar toda la información recopilada, además de contar con otras avanzadas herramientas informáticas.

"No conocía la compra aunque sí sabíamos que desde hace tiempo el Ministerio del Interior estaba buscando equipamiento en el exterior con mayor capacidad operativa para sustituir los actuales que están obsoletos", dijo Díaz a El País.

Informó que el próximo miércoles, en una reunión de actualización y coordinación que mantendrá con autoridades del Ministerio del Interior y la Policía, planteará el tema.

Consideró que los fiscales, así también como los magistrados, necesitan ser capacitados de cara al uso de la nueva herramienta informática y, a su vez, contar con todas las garantías para evitar desvíos.

El fiscal de Corte conoció en Brasil el funcionamiento de El Guardián. "Vi la potencialidad del equipo pero desconozco cuáles son las características del que se instalará en Uruguay. Es claro que antes de ponerlo en funcionamiento tendrán que tomarse todos los recaudos y dar todas las garantías. De lo contrario el sistema no servirá", afirmó.

Dijo que los operadores judiciales deben tener claro los resguardos y alcances del sistema porque son ellos, fiscales y jueces, quienes solicitan y libran las órdenes de interceptación respectivamente.

"Seguramente habrá una etapa de mucho intercambio previa a la puesta en marcha del sistema.

"Cuando era juez yo sabía perfectamente cómo funcionaba el sistema de escuchas. Me preocupaba por saber exactamente cómo se captaba, se almacenaba y qué registros quedaban, más allá del diálogo institucional. Sobre este nuevo sistema habrá que ver qué controles y garantías se disponen. El Ministerio del Interior deberá darle al Poder Judicial garantías suficientes. Dicho de otro modo, nadie va a disponer intervenciones si no hay garantías", explicó.

Díaz señaló que una intervención que carece de orden judicial es ilegal, su resultado es nulo para cualquier investigación y quien la realiza comete un delito.

Sistemas como El Guardián tienen un mecanismo de auditoría que permite identificar todas las actividades realizadas por los oficiales que lo operan.

"Si ocurre un desvío en la función del policía o se cae en la tentación de buscar más allá de lo permitido no le sirve a nadie, por lo que a todos los operadores les interesa que el sistema ofrezca garantías", dijo.

Fiables.

Díaz afirmó que las órdenes judiciales para habilitar escuchas son hoy "normales" en relación a lo que ocurría años atrás y destacó que el sistema es fiable. "No conozco que se hayan producido filtraciones de información personal interceptada a personas investigadas o terceros. Hay enormes volúmenes de información recopilada y archivada y nunca hubo filtraciones. Eso habla muy bien de cómo funciona el sistema", sostuvo Díaz.

La información obtenida a partir de escuchas o interceptaciones de correos electrónicos se archiva hasta que el implicado cumple la condena y luego se destruye. A ella solo tienen acceso los operadores judiciales de la causa y la defensa de los involucrados.

Díaz dijo que más allá de que las órdenes judiciales para habilitar estos procedimientos pueden haber aumentado, deben cumplirse una serie de condiciones para que un juez habilite la medida.

"La vigilancia electrónica atañe a la intimidad de las personas y no puede utilizarse en cualquier delito. Debe ser absolutamente necesaria la técnica y se debe probar que no puede accederse a la información por otra vía. Además, debe haber una proporcionalidad entre la vulneración de la intimidad y el bien jurídico que se quiere tutelar o el daño que la organización puede causarle a la sociedad", afirmó.

Trasparencia.

Una resolución firmada por el presidente José Mujica y el ministro Eduardo Bonomi había resuelto que la operación de compra del moderno sistema de escuchas debía mantenerse en secreto. "La incorporación de dicha tecnología permitirá desarrollar con eficacia una tarea de importancia en la investigación de delitos complejos, logrando así una mejor gestión en la Seguridad Pública, incidiendo directamente en las políticas de prevención y represión de la delincuencia, cometido esencial que desarrolla la Policía Nacional y demanda urgencia en su atención", sostiene la resolución de Presidencia. A su vez, acota que "la difusión de la contratación podría irrogar graves perjuicios para la Seguridad Pública, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico".

Raúl Echeberría, experto en temas de gobernanza en la web y CEO del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe (Lacnic), dijo a El País que el gobierno debe ser "transparente".

"Así como se informa sobre la compra de 25 patrulleros, me parece que los ciudadanos también deben saber cuáles pueden ser los recortes a sus derechos. Hay necesidades que obligan a que existan este tipo de herramientas y que de ellas dispongan las agencias policiales. Así como hace años se ponía un gancho en un cable para intervenir un teléfono, hoy se utilizan otras herramientas. Estas cosas son necesarias pero lo importante es que los ciudadanos sepan que se hacen y que, además, se desarrollen bajo el debido proceso", sostuvo.

Estimó que en los tiempos que corren los gobiernos tienen una gran responsabilidad a la hora de ganarse la confianza de los ciudadanos. "La transparencia es un factor muy importante. Me parece bien que se compre esta tecnología pero hay que capacitar a jueces y policías para que no haya excesos. Existe el riesgo de que las autorizaciones legales sean muy amplias. Los jueces deben conocer el potencial de estas herramientas", sostuvo.

Echeberría dijo que no alcanza con decir que se debe investigar a un sospechoso en Internet porque eso es un "vale todo" y puede implicar a terceros. "Deben fijarse los límites", afirmó. También consideró importante que quien opere la herramienta no caiga en la tentación de hacer "minería de datos" y buscar relaciones para "ver qué sale". "La lógica debe ser buscar algo concreto y no ver qué aparece en un enorme volumen de datos", opinó.

"Los oídos de Dios" o un "diván freudiano" que no está exento de polémicas y críticas

Un artículo del periodista Claudio Julio Tognolli publicado en mayo de 2008 en Brasil por la revista Rolling Stones y titulado "Los oídos de Dios", calificaba a El Guardián como "la estrella de las investigaciones de la Policía Federal".

Señalaba que el sistema tenía la capacidad de "pinchar" miles de conversaciones telefónicas al mismo tiempo, y se preguntaba "¿quién controla?"

"Es un diván freudiano. Sabe todo lo que es inconfesable públicamente. Revela a los jueces frases capaces de conmover la opinión pública y de mandar tras las rejas a trajeados de sonrisa ortopédica". Así definía el periodista al poderoso sistema de escuchas.

Según la nota, en 2007, año en que se afinó la puesta en marcha del sistema, la Policía Federal promovió 188 operaciones de combate a la corrupción y el crimen, envió a prisión a 2.876 personas, de los cuales 316 eran funcionarios públicos y 13 policías federales. "El Big Brother Guardián hizo más del 90% de ese trabajo", afirmaba Tognolli.

En 2007 el senador Romeu Tuma afirmó que el uso de El Guardián estaba corrompido y necesitaba de "un control efectivo" por parte de organismos públicos.

"Hoy ocurre lo siguiente. Una persona llama a quien está siendo monitoreado y aunque no atienda, inmediatamente el sistema comienza a gravar sus llamadas aunque no exista orden judicial que lo autorice", denunció el legislador. La empresa Digitro Tecnología, a la que Interior compró el sistema, y la Policía Federal lo desmintieron.

En Uruguay no hay cifras oficiales sobre la cantidad de escuchas que ordena la Justicia. La información está en poder de la Justicia y de Antel, empresa que centraliza todo el tráfico de telefonía y datos.

La adquisición por parte de la Policía Federal de Brasil de El Guardián estuvo envuelta en polémicas e investigaciones judiciales cuando se conoció que el secretario general de Seguridad Pública, Luis Fernando Correa, quien resolvió la compra, había estado participando de su desarrollo junto a la empresa privada que lo vendió.

Varias publicaciones de prestigio en Brasil revelaron diversos investigaciones judiciales que implicaron a la empresa desde 2007 a la fecha.

Es cinco veces más poderoso

En 2010 la Policía Federal de Río Grande do Norte (Brasil), estado con 2.770.730 habitantes, amplió la capacidad de El Guardián y pasó de 100 canales de escuchas telefónicas simultáneas a 200, con una inversión de unos US$ 380.000 dólares. La versión de El Guardián que el Ministerio del Interior acaba de comprarle al mismo proveedor de la tecnología (Digitro Tecnología Ltda.) permite captar al mismo tiempo el tráfico que generan 800 celulares y 200 teléfonos fijos. Es decir que se trata de una versión cinco veces más potente para una población apenas superior.

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