POR VIEJA DEUDA

El gobierno y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay retomaron el diálogo para intentar solucionar el prolongado reclamo de los trabajadores judiciales que a esta altura ronda los US$ 70 millones, y acordaron que debe llegarse a una solución antes de que termine el año.

El miércoles la directiva del sindicato se reunió con Hugo Barreto, asesor del Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira. Se acordó, como primera medida, la actualización del monto adeudado y sumar al asesor del sindicato, el economista Alejandro Lagaceta, y a técnicos del instituto Cuesta Duarte al análisis de una posible solución. La recolección de los datos se hará en la próxima semana y antes de que termine el mes debería haber otra reunión.

El sindicato judicial, impaciente por un tema que ya lleva años sin solución, rechazó el mes pasado por muy estrecho margen ir a un paro general por tiempo indeterminado que hubiese complicado mucho la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal. Una anterior propuesta del gobierno había sido rechazada en febrero por el sindicato.

En el ámbito recién creado también se analizarán otros reclamos de los trabajadores judiciales.

Más allá de que no se adoptaron medidas extremas, los trabajadores judiciales (unos 3.600) están hartos de esperar el pago del "enganche" de sus remuneraciones con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. En rigor, reclaman una adecuación salarial que supondría un incremento del 13% y negociar el pago de la deuda generada hasta ahora que ya ronda los US$ 70 millones.

El sindicato ya definió presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo de la Rendición de Cuentas, aprobada este año, que condicionó el pago de las sentencias favorables que el gremio ya obtuvo. El artículo habilita al Estado a posponer el pago de sentencias y arbitrajes que le sean adversos cuando superen los US$ 10 millones.

El presidente Tabaré Vázquez prometió a funcionarios judiciales que fueron al Consejo de Ministros que se realizó en Trinidad, que se les pagará lo que se les adeuda pero no precisó cuándo, y dijo, erróneamente, que el gobierno ya había llegado a un acuerdo con los actuarios, algo que no ha ocurrido aún.