DERECHOS HUMANOS

Gobierno no participó de reunión con la CIDH sobre crímenes en dictadura

Un representante del Observatorio Luz Ibarburu dijo que sentía "vergüenza ajena" de que el Estado no haya participado de la audiencia.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Pedro Barneix. Foto: Archivo El País.

El Observatorio Luz Ibarburu, que sigue los casos judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en Uruguay, participó de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para tratar los problemas surgidos durante las investigaciones realizadas.

Uno de los puntos más importantes al respecto es la amenaza por correo electrónico de un grupo autodenominado Comando Barneix a 13 personas -entre ellos algunos integrantes del Observatorio- si otro militar era procesado o se suicidaba en el marco de una investigación.

A la audiencia no asistió ningún representante del Estado uruguayo. En cambio, se envió a la CIDH un documento informando que no podrían asistir.

Rául Olivera, representante del Observatorio, dijo hoy a Sputnik que "el Estado dijo que no podía concurrir y entregó un documento, la CIDH nos dio una copia, en el que dice que acepta la convocatoria a dialogar pero no viene" y agregó que "como uruguayo siento vergüenza ajena de que no haya venido".

Olivera indicó que los propios comisionados del organismo "estaban sorprendidos por la falta del Estado uruguayo porque es algo que no es común".

Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado por el presidente Tabaré Vázquez al inicio de su segundo mandato, dijo a Sputnik que si bien sus integrantes asesoran al gobierno, "en este caso no fueron consultados si había que concurrir o no a la audiencia con la CIDH".

Sobre la amenaza del Comando Barneix, indicó que "a nosotros no nos ha entorpecido en nada, eso fue a un conjunto de ciudadanos, pero no pasó más que de un correo electrónico, qué nivel de importancia se le da es un tema subjetivo".

Olivera, en cambio, manifestó que las investigaciones se han visto entorpecidas a raíz de la amenaza. Uno de los ejemplos es el de la investigadora italiana Francesca Lessa, quien trabaja en la Universidad de Oxford y no se le permite viajar al país debido al mail enviado por el Comando Barneix.

El Comando Barneix

Barneix fue, junto al general Carlos Díaz, integrante de una comisión interna del Ejército a la que el presidente Tabaré Vázquez encomendó investigar sobre el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura, durante su primer mandato (2005-2010).

En septiembre de 2015, fue procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974, durante la dictadura cívico-militar.

Cuando un policía llegó al lugar para conducirlo a la cárcel, Barneix, que estaba en compañía de su esposa, dijo que se cambiaría las chancletas por unos zapatos. Fue a su dormitorio y se pegó un tiro en la cabeza.

A principios de este año, un grupo denominado Comando Barneix envió un correo electrónico al comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, al diario La República, al fiscal de Corte Jorge Díaz y a correos eléctrónicos viejos de los abogados Pablo Chargoñia y Juan Errandonea.

La misiva decía que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista".

Las personas que figuran en la lista son el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el fiscal Díaz, la ex fiscal y actual directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) Mirtha Guianze, la profesora y ex vicecanciller Belela Herrera, los abogados Óscar López Goldaracena, Pablo Chargoñía, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Hebe Martínez Burlé, el jurista francés Louis Joinet, el activista brasileño Jair Kirshke y la investigadora italiana Francesca Lessa.

Críticas al Grupo por Verdad y Justicia

En declaraciones a La Diaria publicadas el pasado 13 de mayo, Olivera dijo que el Grupo por Verdad y Justicia, al igual que la unidad especial del Ministerio del Interior y la secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz" han demostrado ser "inoperantes" y "no han sido eficaces" en la búsqueda de justicia.

El activista denunció entonces "un empantanamiento y una falta de interés del Estado" en que las investigaciones se desarrollen con normalidad. DIjo que hay mecanismos que se repiten "en cascada" en el Poder Judicial cuando se presentan denuncias de violaciones a los derechos humanos: "primero es la inconstitucionalidad de la ley, que implica que los expedientes se paralicen, vayan a la SCJ, pasen alrededor de nueve meses, y si hay cinco imputados, lo presentan de a uno y no todos juntos. Después van a apelaciones pidiendo la prescripción".

La consigna de la última Marcha del SIlencio, realizada el pasado 20 de mayo, fue Impunidad: Responsabilidad del Estado ayer y hoy", en referencia a la crítica que surge desde distintas organizaciones sobre la lentitud en la búsqueda de la verdad. De 300 expedientes penales vinculados a la dictadura, el 70% no ha superado la indagatoria presumarial (no hubo siquiera el inicio del proceso).

La lentitud, según el Observatorio Luz Ibarburu, se demuestra en que, a 32 años de terminada la dictadura, solo hay procesados (o cumpliendo su condena) 19 represores. A los que se les suman otros siete ya fallecidos. El último de ellos fue Gregorio Álvarez, el pasado 28 de diciembre.

Otra demostración, según el avance que el Observatorio ya presentó ante la CIDH, es que los datos oficiales señalan que 5.925 personas permanecieron en prisión y soportaron tratos crueles, pero solo un presunto responsable ha sido enjuiciado por abuso de autoridad contra el detenido y tortura (reza el auto de procesamiento dictado por el juez José María Gómez, el 6 de abril de 2017).

Parte de estos resultados responden, según Olivera, a que el Poder Ejecutivo no ha avanzado del discurso, el Poder Legislativo no controla y el Judicial navega entre trabas y falta de especialización. De hecho la creación de fiscalías especializadas "no podrían" soportar los 300 expedientes abiertos.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)