Se quedarán con sus familiares pero serán supervisados por técnicos en forma estricta.

En momentos en que sectores de la oposición reclaman un endurecimiento de las penas para los delincuentes, y el gobierno convocó a la oposición para habilitar un diálogo sobre seguridad pública, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) planteó ayer ante operadores judiciales un nuevo modelo de medidas alternativas a la internación de menores.

Las medidas implican que el menor quede con su familia y tenga un seguimiento estricto de técnicos del Sirpa y de las ONG que evite su reincidencia.

Actualmente, el 80% de los adolescentes internados son alojados en la Colonia Berro o centros de Montevideo. Un 20% son derivados a sus hogares con seguimiento del propio Sirpa o de organizaciones no gubernamentales, según datos oficiales.

En la mañana de ayer, ante jueces y abogados defensores de oficio de menores infractores, la presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, Gabriela Fulco, presentó el nuevo programa de medidas alternativas a la internación.

"Estamos unificando un modelo a nivel nacional que sea cumplido de la misma manera por el Sirpa y por las organizaciones no gubernamentales que trabajan con menores infractores con medidas alternativas a la prisión", dijo Fulco a los operadores judiciales.

La unificación del sistema tiene como objetivo eliminar asimetrías en la atención de los menores procesados por la Justicia. En el sistema penitenciario de adultos, una persona tiene más chances de ser rehabilitada en función de la cárcel donde es alojado. Lo mismo ocurre en el Sirpa hasta ahora.

Si al menor le tocaba una buena organización no gubernamental contaba con una mejor asistencia que con una de baja calidad.

En la reunión con los jueces y abogados defensores, Fulco señaló que los adolescentes acusados continuarán con sus familiares bajo una supervisión estatal. "Es decir, se dará garantías a todos los operadores judiciales que ese adolescente cumplirá con las medidas dispuestas por el juez del caso y se tratará de evitar las reincidencias. Se trata de un modelo nuevo que brindará un tratamiento integral del adolescente", explicó la jerarca en el encuentro.

Además de atender al adolescente infractor, los especialistas trabajarán con la familia.

Las actuales autoridades del Sirpa, cuyo nombre será cambiando en breve por el de Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, ejercen en forma transitoria a la espera de las venias del Senado.

Al finalizar la exposición de Fulco, los operadores judiciales manifestaron su opinión sobre el régimen propuesto y se preguntaron sobre si las normas internacionales y convenios (Reglas de Beijing, Reglas de Tokio y Convención de los Derechos del Niño) firmados por Uruguay priman o no sobre la legislación nacional.

En este momento, hay una discusión jurídica sobre esa cuestión: algunos operadores creen que deben primar las leyes internacionales que promueven medidas alternativas a la prisión para la mayoría de los delitos.

Por ejemplo, el artículo 40.4 de la Convención de los Derechos del Niño señala que los Estados firmantes del convenio deberán disponer de diversas medidas alternativas a la internación como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación de hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación progresional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarden proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.

Otros técnicos entienden que los jueces solo deben aplicar la legislación nacional.

Un operador jurídico señaló que la realidad muestra que en Uruguay la internación de menores sigue siendo la medida más adoptada. "Por las naturaleza de los delitos y por las normas legales que nos obligan, se aplica una pena mínima de internación de 12 meses", explicó uno de los presentes.

A partir de 1° de febrero de 2012, comenzó a aplicarse una ley que establece un mínimo de 12 meses de internación para adolescentes que cometan delitos graves (homicidios, rapiñas y violaciones). Antes de que el Parlamento aprobara esa norma, los jueces de Menores otorgaban una pena mínima de ocho meses por una rapiña, pero a los cuatro meses quedaban en libertad.

El abogado defensor Daniel Sayagués Laso dijo a El País que un modelo alternativo a la internación "es preferible" aunque recordó que, en la práctica, la privación de libertad sigue siendo la medida más adoptada en Uruguay.

"Tengo una impresión favorable de los propósitos anunciados en la reunión (con Fulco) y espero que se logren concretar la mayoría de ellos", dijo el abogado a El País.

Sin embargo, reconoció que la ley que otorga una pena mínima de 12 meses para determinados delitos obliga a los magistrados a dictar una sanción de un año. Agregó que antes de que se aprobara esa norma, los jueces aplicaban una pena alternativa a la internación. "Hoy no tienen más remedios que determinar 12 meses de internación", insistió Sayagués Laso.

El juez Alejandro Guido indicó a El País que aún no tenía una opinión formada sobre el modelo presentado por Fulco. "En principio me parece bien. Todavía hay que estudiarlo. Parecería que es mejor que el que está ahora", advirtió.

El abogado Guillermo Pays-sé dijo a El País que la propuesta de Fulco procura dar un formato de "mayor envergadura" y dar "mayor coherencia" al programa de medidas alternativas a la internación.

El domingo 27, el líder de Alianza Nacional, senador Jorge Larrañaga, dio a conocer una serie de propuestas sobre seguridad y le dedicó un capítulo al endurecimiento de las penas que se aplican a menores infractores. Larrañaga planteó que se modifique el Código de la Niñez y la Adolescencia y se duplique el tiempo máximo de reclusión de menores, pasando de 5 a 10 años. Asimismo, que para delitos gravísimos se fije un mínimo de reclusión de 24 meses.

En lo que va del año, dos taxistas fueron ultimados por tres menores infractores.

El 28 de febrero, el taxista Juan Bonilla (53) fue baleado por dos menores de 16 y 17 años, en un intento de rapiña en Santín Carlos Rossi y Camino La Boyada.

Otro adolescente, conocido como "El Raulito" (17), fue internado por el asesinato del taxista Fernando González, baleado el 15 de marzo pasado.

Días atrás se supo que el menor apodado "El Raulito" se había fugado del INAU, donde se encontraba pagando una pena por rapiña en un régimen que le permitía salir durante ocho horas al día. (Producción: Lucía Baldomir).

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, consideró ayer que no hay una ruptura del "círculo vicioso" que genera cada vez más delincuencia. "Fracasó el sistema de rehabilitación", dijo.

Señaló que es positivo que el Estado aplique políticas de prevención y represión de delitos pero que también se debe "trabajar para recuperar" al delincuente.

"Hay generaciones que pasan por el delito. Hay un círculo vicioso que se debe cortar. Hay que evitar que surjan nuevos delitos", insistió el presidente de la Suprema Corte.

Luego de una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Gerardo Amarilla, Pérez Manrique expresó que la Corte tiene una "posición firme" sobre la necesidad de que en Uruguay se aplique a la brevedad el nuevo Código de Proceso Penal que establece un sistema acusatorio y público. "Con este sistema procesal o con otro, quienes realizan los esclarecimientos de delitos va a seguir siendo la Policía", explicó.

Pérez Manrique no deseó polemizar con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien señaló que el actual sistema penal es "ineficiente" y que de 200.000 denuncias presentadas en 2013, aproximadamente el 18% llegó al Poder Judicial y solo un 4,5% tuvo una imputación penal.

Sin embargo, el presidente de la Corte dijo que, sobre cuestiones numéricas no podía ingresar, porque "hay algunos números que no me cierran haciendo algunos cálculos bastante elementales. Yo me manejo por el número de procesamientos. Estamos avanzando en las nuevas necesidades (de la institución) con el nuevo Código de Procesamiento Penal en base al número de procesamientos. Eso es lo que nos dan esas estadísticas".

"Una vez que el juez dicte la medida sustitutiva se montará todo un mecanismo de acompañamiento al menor infractor que involucrará fuertemente a la familia. Esto involucra primero una etapa de reunión con el adolescente y la familia, luego una etapa de evaluación y propuesta de programas a llevar adelante en el tiempo que dure la medida. Allí se establecerá un acompañamiento que podrá ir de diario a una vez cada quince días".

"El Servicio de atención de las medidas no privativas de libertad una vez recibida la comunicación judicial dispondrá de 48 horas para la citación del adolescente o los referentes familiares. La comunicación se establecerá vía teléfono y/o a través de una citación policial. En caso de no concurrencia a la reunión programada se dará inmediata comunicación a la sede judicial y se procederá a concretar una visita domiciliaria con el fin de relevar la situación del núcleo familiar".

"También se completará la ficha social (núcleo familiar de convivencia y no convivientes, nombres completos, cédula, educación, trabajo, salud, antecedentes judiciales de todos los miembros con atención en las vulnerabilidades y situación de riesgo social del núcleo o en particular de algunos de sus integrantes que puedan ser un factor desencadenante de la reincidencia). Es decir, se valorará el entorno familiar y social del menor acusado.

"La frecuencia de la supervisión seguirá una progresión por etapas: intensa (diaria), media (tres veces por semana), mínima (una vez por semana o quincenal). En caso de incumplimiento de la medida o intermitencias se remitirá un informe al equipo técnico y se convocará al adolescente y su referente a una entrevista en las 24 horas posteriores al incumplimiento. En caso de no asistencia, se dará cuenta a la Justicia".

DISMINUIR LA INTERNACIÓN DE MENORESEDUARDO BARRENECHE