Cofe, que reúne a los trabajadores de la Administración Central, no está satisfecha con la oferta salarial que le hizo el Poder Ejecutivo ayer en el Consejo de Salarios del sector público. Calcula que equivale a solamente un 0,6% de aumento anual en términos reales.

Los representantes del Poder Ejecutivo plantearon ayer que el gobierno dispone de $200 millones para asignar a aumentos por sobre la inflación en 2016 e idéntica cantidad en 2017. El sindicalista Luis Bazzano dijo a El País que Cofe calcula que esa cifra, distribuida entre alrededor de 35.000 funcionarios, supone que el incremento por sobre la inflación no pasaría de 0,6% anual.

Cofe había llegado a la negociación con el planteo de que el incremento en términos reales debía equivaler al crecimiento que el gobierno espera para el Producto Interno Bruto en los próximos años, es decir, 2,7% en 2016 y 2017 y 3% en 2018 y 2019.

Como las posiciones están distantes, Cofe presentó ayer una posición intermedia que consiste en asignar a aumentos unos $400 millones de créditos presupuestales ya aprobados por el Parlamento que iban a ser volcados al financiamiento de distintas reestructuras que, según Bazzano, por "incapacidad" del gobierno no se volcaron a ese fin. "Nunca se gastaron", dijo Bazzano.

Otra propuesta de Cofe sobre la que no obtuvo todavía respuesta del Ejecutivo, es llevar el salario mínimo de los funcionarios de la Administración Central a $ 24.400 por 6 horas de trabajo.

La situación actual tiene "preocupados" y "desalentados" a los sindicalistas porque lo que se ofrece "es muy poco", dijo Bazzano. A una semana de que el gobierno presente su proyecto de presupuesto, Bazzano dijo que la situación es "preocupante" porque "no estamos todavía en condiciones de negociar".

Hasta el momento, el gobierno solamente le ha asegurado a Cofe que los salarios mantendrán su poder adquisitivo y que la masa salarial global del sector público crecerá lo mismo que el producto. Pero Cofe teme que la masa salarial global crezca como consecuencia de la creación de nuevos cargos o de incrementos limitados a los sueldos más bajos.

El sindicato también reclamó al gobierno que regularice la situación de los trabajadores que cumplen funciones en el Estado y no están presupuestados en el entendido de que "a tareas permanentes, funcionarios permanentes". También pide pagos extras por nocturnidad, cubrir todas las vacantes existentes y el retiro incentivado para los funcionarios públicos de más de 58 años. Asimismo, demanda que las licencias por maternidad se incrementen de 13 a 14 semanas y que se amplíe la paternal. El gobierno planteó como criterio general para los públicos el mantenimiento del poder adquisitivo y que la posibilidad de que reciban puntos de aumento quede condicionada al cumplimiento de las metas fijadas para cada repartición. Y quiere la revisión de las remuneraciones en las rendiciones de cuentas.

El sindicato de trabajadores del gas parará a partir de las 11 horas de hoy y marchará hasta la Torre Ejecutiva. El gremio reclama que se retomen las obras de la regasificadora de Sayago y que se ejecute el acuerdo de 2013 que establecía que ANCAP pasaba a controlar la mitad del paquete accionario de MontevideoGas. En un comunicado, el sindicato recordó que, según el vicepresidente Raúl Sendic, quien fue presidente de Ancap, ese acuerdo implicó el desembolso de US$ 17 millones que no ha resultado en un cambio de quienes gestionan la empresa. El sindicato denuncia a Petrobras, accionista en la distribuidora de gas natural Conecta, por lo que considera "nefasta gestión del sector", que llevó a la pérdida de 5.000 usuarios desde 2010.

Preocupación en el sindicato que pretendía al menos 2,7%