ENCUENTRO

Gobierno le explica al Pit ley de riego

Topolansky visitó la central para desactivar referéndum pero el gremio de OSE sigue firme.

Riego: el sindicato de OSE cree que la nueva ley es inconstitucional. Foto: Reuters
Riego: el sindicato de OSE cree que la nueva ley es inconstitucional. Foto: Reuters

La vicepresidenta Lucía Topolansky fue al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt el martes para intentar desactivar el referéndum contra la recientemente aprobada ley de riego que impulsa el sindicato de OSE, pero este gremio se mantiene firme en su postura porque entiende que la norma es inconstitucional.

Topolansky había pedido el encuentro y fue a la sede de la central sindical con el legislador suplente socialista, Yerú Pardiñas y el senador del Movimiento de Participación Popular, Daniel Garín, quien fue subsecretario de Ganadería. A su vez, la central invitó al sindicato de OSE para que expusiese su visión. Si bien Fernando Pereira, presidente de la central, propuso crear una comisión para que aporte sugerencias para la reglamentación de la ley, lo cierto es que si bien el sindicato de OSE participará en ella también juntará firmas para que haya un referéndum con la intención de dejar sin efecto la norma (la campaña se lanzará el mes próximo) y presentará un recurso de inconstitucionalidad. Ya se contactó con los abogados de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida para que elaboren un escrito, dijo a El País el presidente del sindicato Gustavo Ricci. "No nos negamos a hablar con nadie pero las acciones que tenemos resueltas, las tenemos resueltas", dijo Ricci.

El sindicato cree que el ar- tículo 47 de la Constitución es claro: la propiedad del agua ya sea para consumo humano, saneamiento o subterránea es del Estado y su uso no se puede conceder. "El artículo 47 es un todo. Habla de que las aguas son de dominio público estatal y de que la gestión tiene que ser con participación de la sociedad civil en la planificación gestión y control de los recursos hídricos. Eso no está establecido en la ley de riego que permite la creación de sociedades agrarias con la participación de inversores nacionales y extranjeros. Comercializa el agua, le dan exoneraciones fiscales a los inversores, eliminaron la disposición de la anterior ley de riego que permitía que el Estado ejecutara las obras. Eso ayer, hoy o mañana, independientemente de quién esté en el gobierno, es privatización", sostuvo.

"Hoy hay casi 1500 empresas y embalses y el Estado no tiene registro de cuánta agua se sustrae del suelo y en qué condiciones vuelve a las cuencas y hoy las principales cuencas de agua están contaminadas", sostuvo. Los embalses agravarán la situación al estancar el agua y elevar su temperatura, sostuvo. "Ni la Dinama ni la Dinagua tienen los recursos naturales y humanos para hacer inspecciones a gran escala", consideró.

"No va a participar la sociedad civil; cuando una asociación de riego a través de privados haga un embalse: ¿qué participación le van a dar a la sociedad civil si lo único que van a querer es vos me pagás y yo te mando agua, no pagás y no te mando agua".

Pardiñas refutó las opiniones a Ricci. "La reforma (constitucional de 2004) no prohíbe el uso del agua para riego. No dice que el riego tiene que ser ejercido por una empresa pública. Y sí establece que todas las decisiones sobre qué pasa en las cuencas hidrográficas tienen que ser públicas y con la participación de la ciudadanía. Están previstas instancias públicas donde se discuten estas cosas. Esto no implica desconocer la Constitución", dijo a El País.

"Lo que establece la ley es que aquel que no paga se le puede cortar el agua pero en la zafra siguiente, no en la presente, es una forma de proteger", argumentó.

"Acá no se privatiza".

"Acá no se privatiza", le dijo la vicepresidenta Lucía Topolansky al portal del Pit-Cnt. "El agua que nos llega de OSE y el saneamiento no tienen nada que ver con esta ley", agregó.

Pardiñas dijo que la normativa que regía hasta ahora solamente había permitido que se conformaran 13 sociedades de riego y la ley generará un abaratamiento.

EL OBJETIVO DE LA LEY.

Mucha más producción agrícola.

Pardiñas entiende que muchos rubros incrementarán fuertemente su productividad en la medida en que ha-ya más riego disponible, en particular el maíz y las plantaciones de papas, pero también la soja y la caña de azúcar. "Que la calidad del agua se deteriore no necesariamente es porque existan embalses sino porque lleguen residuos orgánicos o fósforo soluble al agua", sostuvo.

También argumentó que "tenemos alrededor de 1500 represas registradas, la Dinagua las tiene registradas todas, tiene un monitoreo sobre las mismas y a su vez estas represas tienen que presentar cada tanto sus proyectos de renovación de los permisos". "Anualmente tienen que presentar los volúmenes de agua que van a mover", agregó.

"Uno accede al riego donde hubo una inversión de embalses y donde hay canales para distribuir. No es el agua lo que vale, lo que vale es el sistema. Lo que estás pagan-do es el uso de ese sistema. No hay mercantilización del agua", sostuvo.

"Los embalses, además, tienen que tener la autorización de los planes de manejo y uso del suelo", explicó Yerú Pardiñas.

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