DIFERENDO SINDICAL

El Gobierno y judiciales siguen lejos de acordar

Murro: la negociación se complicará si el sindicato va a OEA.

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Movilización del sindicato judicial. Foto: Marcelo Bonjour

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, le advirtió al sindicato de trabajadores judiciales que si insiste en su idea de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a reclamar el pago de un aumento salarial de 21,6%, "se complicarán otros caminos" posibles. De esta forma, parece tensarse más la relación entre el Gobierno y los judiciales que ya están comenzando a analizar la posibilidad de afectar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal.

Ayer, una ruidosa columna de los judiciales de todo el país marchó desde la Suprema Corte de Justicia hasta el MTSS donde una delegación gremial fue recibida por Murro en un encuentro que este calificó de "formal y cordial". En gran cantidad de pancartas se pedía que el Gobierno cumpla con la sentencia judicial que dispuso el pago del aumento del 21,6%. "La sentencia se acata. Largá la plata", decía una. La sentencia está a punto de cumplir un año y abarca a 3.000 trabajadores.

Un volante decía: "Judiciales en conflicto. El gobierno acuerda con jueces y fiscales y desconoce la sentencia de los funcionarios". El gremio entiende que el Estado tiene con los funcionarios judiciales una deuda que ya asciende a US$ 40 millones y que crece día a día.

Eduardo Silveira, secretario general del sindicato, dijo que en el gremio se comienza a analizar la posibilidad de afectar la aplicación del CPP. La anterior propuesta del Gobierno fue rechazada "contundentemente" por el sindicato que ahora pide el aumento ya del 21,6% y se aviene a discutir formas de financiar el pago de la deuda generada por la no aplicación del incremento anterior, explicó. "Hace seis años que estamos con esto", señaló.

Pero Murro señaló que si bien respeta la decisión de la asamblea de los judiciales, en esta "no se pudo discutir, solo se votó". Murro dijo que en pocos días se responderá al sindicato. Según el ministro, el gobierno quiso recorrer el camino de la negociación. "Había tres opciones. Una era apegarnos al artículo 733 de la Rendición de Cuentas que establece que se pagaría cuando hubiese fondos. Otra era recurrir a la Justicia internacional. Las descartamos y recurrimos a la negociación. Pero podemos concurrir tranquilamente a la Justicia", señaló el ministro. "Si ese es el camino que se elige, iremos tranquilamente. Quisimos negociar, no esperar", señaló.

El sindicato aduce que tiene una sentencia judicial firme a su favor que establece que corresponde el aumento, pero Murro recordó que esa decisión tiene "igual validez" que el artículo 733. Y recordó que la última propuesta suponía el pago de US$ 100 millones durante tres años a 5.000 funcionarios. "Es mucha plata en cualquier país del mundo. La propuesta era muy seria", sostuvo.

El ministro recordó también que con votos del Partido Colorado y del Partido Independiente se aprobará próximamente una ley que solucionará las deudas con jueces, fiscales y defensores de oficio, el cual tendrá el aval de la Suprema Corte de Justicia, por lo que no se podrá sostener que es inconstitucional.

El origen del prolongado conflicto es una ley aprobada durante la anterior legislatura que "enganchó" los ajustes de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte con la de los ministros de Estado.

A su vez, el "enganche" se extendió a los trabajadores judiciales. Según el oficialismo, la intención del Gobierno nunca fue que se produjese ese "enganche". La oposición, en particular el Partido Nacional, ha cuestionado duramente lo que entiende fue un grave error de redacción.

Una asamblea sindical decidió en febrero por amplia mayoría rechazar la fórmula que ofreció el Gobierno.

El próximo miércoles 22 habrá un paro nacional de 24 horas con marcha hacia el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República. Este viernes un grupo de funcionarios planteará la situación en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro grupo lo hará la próxima semana. Los trabajadores informáticos judiciales y los actuarios respaldan la postura de los administrativos.

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