VIGILANCIA DE LAS OPERACIONES

Gobierno extrema controles contra el lavado de activos

Desde febrero utilizará nuevo análisis de riesgo sobre 10.000 operadores.

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El avance del narcotráfico en la región tiene alerta al gobierno. Foto: Marcelo Cattani

El gobierno lanzará a través de su Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo un intenso control en busca de operadores sospechosos de lavado de dinero.

A partir del 1° de febrero más de 10.000 operadores pasarán a formar parte de un sistema informático que semana a semana evaluará dónde existen inconsistencias y definirá sectores de actividad para controlar. El sistema también permite definir vulnerabilidades según zona geográfica y montos involucrados.

El secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Carlos Díaz, dijo a El País que "todas las semanas se va a elegir anticipadamente y de forma aleatoria el grupo objetivo al que se le aplicarán los controles la siguiente semana".

Inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras, casinos, escribanos, rematadores, vendedores de antigüedades, metales y obras de arte, explotadores y usuarios de zonas francas o administradores de sociedades comerciales, son algunos de los que serán controlados. Hasta ahora estos estaban bajo la lupa de la Auditoría Interna de la Nación.

Un dato no menor es que en los últimos 10 años el sector no financiero apenas realizó 64 reportes de operaciones sospechosas. En 2014, asimismo, el sector inmobiliario, por ejemplo, emitió un solo reporte de operación sospechosa de lavado, pero hay estudios que establecen que el lavado de activos en un 30% se hace con la compraventa de inmuebles.

Por esto es que se afinará la lupa sobre las operaciones que realizan estos agentes. Dentro del gobierno consideran que no puede ser que en los últimos diez años dichos agentes nunca hayan visto un manejo de dinero que les haya parecido ya no solo sospechoso sino inusual.

Según dijo Díaz, a estos sectores se suma que si algún sujeto obligado está también vinculado a una causa notoria, se seleccionará directamente para analizar.

En esta situación se encuentra actualmente el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y exvicepresidente de FIFA, Eugenio Figueredo, cuyo caso es analizado no solo por su operativa en Uruguay sino por los vínculos en el exterior.

El modelo analítico que se aplicará para detectar lavado de dinero fue creado en 2003 en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y aplicado en la Dirección General Impositiva en 2005 y 2006. "Es un modelo que permite, con pocos funcionarios, influir en la conducta de grandes cantidades de sujetos obligados", afirmó Díaz.

Para esto se valdrá de un banco de datos que estará nutrido de información de diferentes entidades públicas. Además, tendrá la potestad de solicitar información de cuentas bancarias sin que la Justicia pueda objetar que es información protegida por secreto bancario. También podrá exigir documentación a los agentes, hacer inspecciones en bienes muebles o inmuebles, domicilios particulares con previa orden judicial, y podrá aplicar sanciones que van desde suspensiones por tres meses a multas por hasta 20 millones de Unidades Indexadas, unos US$ 2,1 millones.

Díaz resaltó a El País que el organismo tendrá "facultades fuertes" para investigar, mayores a las de la DGI, y que tendrá como "novedoso" el hecho de ser un órgano desconcentrado dependiente de la Presidencia con autonomía técnica porque "nadie va a poder decirle al secretario esto se hace de una u otra manera". Díaz se rodeará de un grupo de funcionarios provenientes de la DGI que fueron elegidos y son de confianza.

Inspección al Estado.

Detrás de la intensificación de controles que va a realizar el gobierno está que el organismo que supervisa el control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel internacional, el GAFI, realizará una evaluación de Uruguay en 2019 y entre las modificaciones que hizo a su metodología se encuentra que ya no solo analiza que el país cuente con una cierta norma sino la efectividad de la misma. Para esto el gobierno deberá exhibir estadísticas que muestren que todos los aspectos están siendo controlados.

Esto va en línea con los mecanismos que utiliza la OCDE, que no solo verifica la existencia de normativa que facilite el intercambio de información tributaria sino cómo opera esa normativa en los hechos.

El problema al que se enfrentan las autoridades es, entre otros, el escaso reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Entre enero y julio del año pasado se recibieron 199 reportes de operaciones sospechosas, un 90% correspondió al sistema financiero. Pero esta realidad se ha venido repitiendo en los últimos 10 años: entre 2004 y 2014 el Banco Central recibió 1.906 reportes de operaciones sospechosas de los cuales 1.439 (75,4%) corresponde a 20 sujetos obligados a hacerlo.

Ajustarán normativa para poder acceder a mayor información


El secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Carlos Díaz dijo a El País que se va a "propiciar que se apruebe una ley que incluya como sujetos obligados a las organizaciones sin fines de lucro", como iglesias u ONG. Pero también está previsto hacer otras modificaciones. Una es transparentar el beneficiario final de las sociedades y fideicomisos nacionales. En este caso, la figura de los contadores cobrará mayor dimensión y tendrá más responsabilidades. Pero también se buscará tipificar los delitos fiscales como precedentes de lavado de activos (por ejemplo la evasión de impuestos). Este mes el Banco Central impuso nuevas reglas a las empresas de servicios de pago y cobranzas. Las empresas tienen 90 días para adoptar normas antilavado y políticas de contingencia para el manejo del dinero. Entre las medidas se creará un registro de entidades que brindan servicios de pago. El BCU establece excepciones para la inscripción (para instituciones emisoras de dinero electrónico) que abarcarían a las dos principales redes de cobranza RedPagos y Abitab. Las nuevas reglas afectarán a otras redes de cobranzas, los supermercados que cobran facturas, Antel y su servicio Bit$ para abonar a través del celular y otras aplicaciones.

La norma y la sanción

La Secretaría podrá aplicar sanciones a infractores de la ley de lavado que van desde apercibimiento a observación, multas hasta por 20 millones de Unidades Indexadas (hoy US$ 2,1 millones) y/o suspensión temporaria de actividad por hasta tres meses.

Cuando los sujetos obligados a reportar situaciones participen de organismos gremiales representativos de la profesión y oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado podrá coordinar con dichas entidades la forma de cumplir con las medidas.

El organismo podrá exigir todo tipo de documentos propios y ajenos y requerir comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar informaciones. La no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas aparejará la aplicación de una multa.

Podrá practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier tipo, por los sujetos obligados. Solo podrán inspeccionarse domicilios particulares con previa orden judicial de allanamiento. El domicilio será el declarado ante la DGI para los sujetos obligados y el que proporcione la policía en el caso de aquellos obligados no inscriptos en DGI.

Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán brindar toda la información solicitada en el plazo más breve posible. Los entes y servicios descentralizados deberán colaborar con las solicitudes formuladas.

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