Ayer no hubo acuerdo y los paros se mantienen al menos hasta ese día

Gobierno exige a docentes retomar las clases el lunes

Alentados por la demostración de fuerza que hicieron ayer en el Centro de Montevideo, los sindicatos de la educación pública no dan señales de deponer el paro y retomar las clases.

El gobierno se aferra a la declaración de esencialidad de la educación estatal y ayer se limitó a ofrecer dejar en suspenso hasta el lunes cualquier sanción derivada del evidente desacato al decreto. El gobierno no ha enviado hasta ahora telegramas a los funcionarios ni adoptado sanciones, aunque tiene bien claro quiénes han asistido a cumplir tareas en los centros de estudios. El gobierno evalúa que hay centros de estudio que funcionan con normalidad y que las asambleas sindicales no son un barómetro totalmente confiable para evaluar el nivel de acatamiento a los paros.

Durante cuatro horas, el gobierno fue haciendo distintas propuestas a diez representantes de los sindicatos de la enseñanza y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en la sede del Ministerio de Trabajo en el marco del Consejo Superior de Salarios del sector público. Hubo varios cuartos intermedios pedidos por la representación oficial. La delegación del gobierno era de alto nivel. Estaba el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, su subsecretario Julio Baráibar, el director de Trabajo, Juan Castillo, el viceministro de Economía, Pablo Ferreri, el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, el asesor Martín Vallcorba, el director de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, entre otros. A Ferreri se lo vio hablar por celular varias veces.

En determinado momento, Castillo salió muy serio y consultado respecto a si había acuerdo, respondió: "acuerdo no, propuesta". Luego salió Baráibar y dijo: "está difícil la cosa".

Durante un cuarto intermedio, los sindicalistas discutieron vehementemente en la puerta de la sala Enrique Erro y se podía intuir que el acuerdo no aparecía. Más de una vez se escuchó, en boca de sindicalistas, "nos vamos, nos vamos". Era evidente que consideraban que el nivel de participación en la marcha (ver página A7) era un aval a su oposición tajante al decreto de esencialidad. El sindicalista Luis Bazzano, de COFE, mostraba su celular con fotos de la marcha. Y el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, hizo un comentario sugestivo. "Segunda marcha del día. Ya está. Correlación de fuerzas pura", haciendo evidente referencia a que los sindicatos se sienten respaldados en su postura. Un sindicalista dijo que hay que "decirles que ustedes nos metieron en este lío y no lo han dicho", en alusión al gobierno. Y Óscar López, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, avisó que "venimos a negociar nosotros y no nos puede decir el Turco (en referencia a Marcelo Abdala, secretario general de la central) lo que vamos a hacer".

Propuesta.

Murro quiso estar flanqueado de Ferreri, García y Scavarelli para presentar la propuesta del gobierno que, en realidad, tiene bastante poco de novedosa. El primer punto reitera el ofrecimiento de levantar la esencialidad si "las federaciones y sindicatos de la enseñanza pública se comprometen a reanudar las clases inmediatamente de todos los servicios y en todo el país". El segundo punto señala que el gobierno ofrece dejar en suspenso hasta el lunes las sanciones que deberían adoptarse como consecuencia de no acatar la declaratoria de esencialidad. En el tercer ítem el gobierno ofrece reanudar la negociación salarial en la enseñanza pública en base al acta de preacuerdo suscripta el viernes 21 (que fue rechazada por los maestros de Montevideo y Fenapes). El cuarto punto ofrece extender a los trabajadores estatales la entrega gradual de lentes y prótesis que el Banco de Previsión hoy brinda a los trabajadores privados.

El Poder Ejecutivo se comprometió también formalmente a entregar a los sindicatos estatales el proyecto de ley de Presupuesto Nacional y reafirmó que la educación es prioritaria y que promoverá un diálogo nacional para su transformación. También ofrece extender la negociación colectiva a todas las intendencias.

Murro mencionó una y otra vez la voluntad de acordar del gobierno y no quiso especular respecto a si a partir del lunes sí se aplicarán sanciones a los docentes que no se reintegren a sus puestos. "El lunes hablamos", dijo. E insistió en que si ese día volviesen a trabajar, solamente se les descontarían de sus haberes los días de paro realizados. "Esto es una propuesta del Poder Ejecutivo y hay que considerarla en general. Sin duda para nosotros hay avances", señaló.

Murro deslizó también que "hay muchas contrapartes" y mencionó que este fin de semana se reunirá la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), con lo cual dejó entrever que el gobierno cree que puede haber sindicatos dispuestos a tomar una posición más moderada.

Pero para la delegación sindical evidentemente lo ofrecido es poco. López, del secretariado del Pit-Cnt, dijo que la situación es "compleja" y que "el problema lo colocó el gobierno" y "no asume responsabilidad política". Olivera, de Fenapes, pasó un mensaje al gobierno al decir que la manifestación de ayer había sido "impresionante" y consideró que "el común denominador" de las ofertas oficiales es que no levantaban la esencialidad de la educación pública y, por tanto, a su juicio, son inaceptables.

Olivera dijo que los sindicatos tienen la voluntad de seguir negociando y que "el portazo lo dio el gobierno". Tanto él como López aseguraron que ayer no se analizaron aspectos salariales y que el centro de la discusión fue la esencialidad que, según Olivera, "no tiene marco jurídico". Para López, el análisis del tema de la esencialidad impidió que se abordasen ayer aspectos salariales que los sindicatos pretenden discutir en los próximos días. "Discutimos mucho y no pudimos llegar a un acuerdo. La esencialidad nos está perjudicando de manera jodida", reconoció.

Para Olivera, el gobierno repite lo hecho por la anterior administración en 2010 que redujo al mínimo el tiempo para la discusión salarial en el sector público.

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