El gobierno salió ayer a retrucar a sus propios compañeros de parti-do que cuestionan que Uruguay negocie el Trade in Services Agreement (TISA), lo que indica que percibe que todo lo vinculado a ese acuerdo internacional seguramente derivará en las próximas semanas en una batalla política en la interna del Frente Amplio y que debe hacer un esfuerzo por explicar las eventuales ventajas del acuerdo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió en su página web un documento que apunta claramente a rebatir los argumentos que utilizaron 24 personalidades vinculadas a la izquierda en una carta difundida la semana pasada, en la que advirtieron de los riesgos que conllevaría el TISA.

Los sindicalistas Marcelo Abdala, Fernando Gambera, Fernando Pereira y Joselo López; los exministros Roberto Kreimerman, José Díaz y Daniel Olesker; los exlegisladores Roberto Conde y Alberto Couriel; los diputados Roberto Chiazzaro y Alejandro Sánchez; el exrector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena; el historiador Gerardo Caetano y el economista José Manuel Quijano, son algunos de los firmantes de la carta.

Una síntesis del documento de la Cancillería fue publicada en la página web de la Presidencia de la República. Como anexo al documento, la Cancillería incluyó una síntesis de los borradores del acuerdo aprobados el 24 de abril. Evidentemente, el gobierno apunta a desmontar las acusaciones de "secretismo" que hacen los opositores al acuerdo.

A nivel internacional, ese presunto "secretismo" se ha visto perforado por algunas filtraciones. La organización Wikileaks, por ejemplo, filtró el anexo relativo a los servicios financieros, que exponía propuestas de Estados Unidos para desregular aun más ese sector. También se filtró una propuesta del Representante de Comercio de Estados Unidos en materia de comercio electrónico, transferencia de tecnología y flujos transfronterizos de datos.

Las negociaciones por el TISA son impulsadas por integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), frustrados por la lentitud de las conversaciones de liberalización de la ronda de Doha. Los países que quieran incorporarse al entendimiento luego de que esté firmado, podrán hacerlo. Los negociadores tienen la esperanza de que, una vez lo haya firmado una cantidad suficiente de estados, pueda pasar a ser considerado un acuerdo de la OMC. Los suscriptores no podrán reintroducir trabas al comercio.

En la introducción al documento el gobierno destaca que el TISA puede traer importantes oportunidades de negocios a sectores como los servicios globales de exportación, la logística, el turismo y la moderna economía digital (en particular el sofwtare).

"Los servicios tienen una importancia cada vez mayor en la economía internacional y son esenciales para Uruguay. En Uruguay los servicios representan más del 67% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 79% del empleo. En concreto, las exportaciones de servicios equivalen al 6% del PIB", recuerda el documento. "El TISA presenta un importante desafío de negociación para Uruguay, no exento de dificultades en determinados sectores", valora.

Uruguay deberá hacer una primera oferta tentativa en julio cuando participe de otra ronda negociadora en Ginebra. Ya se han realizado 12 rondas.

Si se incluye a Uruguay, en el acuerdo participan otros 24 países y territorios: Australia, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Unión Europea. En abril de 2015 la isla de Mauricio solicitó ingresar al grupo de negociación. En septiembre lo hizo China, aunque Estados Unidos sería renuente a aceptarla por la fuerte competencia que puede representar.

Casi todos los países ya han presentado sus ofertas. Los países que todavía no lo han hecho son Paraguay, Panamá y Uruguay. En la región, Brasil no ha querido integrarse a las conversaciones.

Las ofertas se presentan bajo el paraguas de algunos grandes temas que son: Regulación Doméstica, Transparencia, Movimiento de Personas, Telecomunicaciones y Comercio Electrónico, Servicios Financieros, Transporte Marítimo, Servicios Profesionales, Correo Competitivo, Servicios Aéreos, Servicios Energéticos, Subsidios y Transporte de Carga por Carretera. El objetivo del acuerdo es ampliar el alcance y las normas del Acuerdo General sobre el Comercios de Servicios adoptado en el seno de la OMC.

El gobierno aclara que el TISA "no afecta a la capacidad de los Estados para regular libremente sus mercados de servicios" y, por lo tanto, "no modifica las normas que deben cumplir todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros, en ámbitos como la protección de los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente o de la salud y la seguridad de las personas".

El gobierno, claramente consciente de cuáles son los temas relevantes para la izquierda, recuerda que Estados Unidos y la Unión Europea (protagonistas principales de la negociación en curso) explícitamente establecieron que el acuerdo no impedirá que los gobiernos brinden directamente servicios en áreas como el suministro de agua, la educación, la salud y los servicios sociales.

El TISA tampoco exigirá a los gobiernos privatizar servicios o impedir que expandan las áreas de suministro de servicios al público. Y no modifica las normas que deben cumplir todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros en materia de protección de los derechos de los trabajadores y del medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas.

El documento explica también que las obligaciones que contraiga Uruguay serán aplicables únicamente a los sectores que sean incluidos en las listas de compromisos (denominada "lista positiva").

En lo que se refiere a la concesión de Trato Nacional a proveedores extranjeros, las obligaciones que eventualmente se asuman, se aplicarían de manera horizontal a todos los sectores y modos de suministro. En este caso, el gobierno deberá especificar cuáles son los servicios, actividades o leyes que no estarán sujetos a esta norma ("lista negativa"). Y los países que decidan no asumir un compromiso de acceso a los mercados, conservarán su capacidad para cerrar el sector a la competencia en el futuro, por ejemplo mediante la imposición de un monopolio.

Se considera que el objetivo de las conversaciones que se realizarán en julio es definir el alcance que tendrá el acuerdo finalmente e identificar cuáles son los temas que pueden trabar los asuntos que están bajo discusión.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro argumenta que es un error que Uruguay comience a negociar un acuerdo de este tipo en solitario y destaca que Brasil optó por no integrarse a las tratativas.

Los opositores al TISA creen que el acuerdo es impulsado, tras bambalinas, por las grandes transnacionales que no han logrado recuperar su rentabilidad tras la crisis financiera de 2008.

Preocupa a los opositores que las controversias que afecten a Uruguay sean dirimidas en órganos arbitrales como el Ciadi, perteneciente al Banco Mundial, que suelen fallar a favor de los países ricos.

upúblicos. El sindicalista de COFE, Joselo López, consideró que si bien el TISA puede no traer privatizaciones afectará a las empresas públicas porque las expondrá a la competencia de las compañías multinacionales.

usalvaguardas.

Quienes cuestionan el TISA echan en falta cláusulas de salvaguarda que sí existen en los acuerdos de la OMC y dicen que debilita las preferencias vigentes para las empresas locales, en, por ejemplo, licitaciones.

El gobierno argumenta que es mejor estar en las conversaciones que no hacerlo y recibir un acuerdo cerrado. Y destaca que los actores más relevantes del comercio de servicios están discutiendo el TISA.

El gobierno y la Cámara Uruguaya de Software enfatizan los beneficios que el Tisa traería para ese sector y para otros como los servicios globales, los profesionales, la logística y el turismo.

El documento que la cancillería difundió no hace referencia a los temas arbitrales pero enfatiza que todos los participantes en las tratativas son integrantes de la Organización Mundial del Comercio.

El gobierno dice que tiene la posibilidad de presentar una lista "negativa" y resguardar a sectores de la competencia. Los monopolios estatales, como el agua, la telefonía básica y la refinación no serán afectados.

Los partidarios del acuerdo entienden que un país pequeño como Uruguay necesita abrirse al mundo y aseguran que el Estado conservaría la potestad de proteger los sectores que defina.

El presidente Tabaré Vázquez se enteró luego de asumir que el gobierno anterior había dado pasos para sumar a Uruguay a las conversaciones del TISA y prometió un estudio cuidadoso y una ronda de información y consultas con el Frente Amplio. El secretariado del Frente Amplio ya recibió a los ministros de Transporte, Víctor Rossi, y de Turismo, Liliam Kechichian, para analizar el punto. También participó del encuentro Gabriel Papa, asesor del Ministerio de Economía.

En el Frente Amplio aseguran que no hay prisa por tomar decisiones. Varios dirigentes socialistas se oponen a las conversaciones y el Partido Comunista lo hace en bloque. En el Movimiento de Participación Popular la situación es más compleja porque uno de sus diputados, Alejandro Sánchez, firmó una carta en contra del TISA, pero el hecho es que las conversaciones fueron comenzadas por el gobierno que presidía José Mujica, líder del sector. Mujica incluso cuestionó un paro que se realizó en contra del TISA. El excanciller emepepista Luis Almagro aseguró que no hubo secretismo en la incorporación de Uruguay a la negociación. El astorismo apoya la negociación.

Sin embargo, la central sindical, cuyos dirigentes en su gran mayoría simpatizan con el oficialismo, tiene una postura de tajante oposición al TISA. De hecho, esa posición de rechazo ya ha sido incorporada a la plataforma de la central.

En la oposición no se han escuchado voces contrarias, lo que hace que el gobierno tenga problemas hacia adentro para obtener apoyo y no hacia afuera. Personalidades independientes de izquierda también se pronunciaron en contra de la negociación.

El Pit-Cnt tiene algunas preocupaciones vinculadas, por ejemplo, a una mayor apertura del sector de las telecomunicaciones.

Es cierto que la Unión Europea ya dejó claro que quisiera que se eliminen los topes que las normativas locales puedan tener a la propiedad por extranjeros de acciones de empresas de telecomunicaciones.

Los europeos también plantearon que si una empresa de servicios establece una subsidiaria en otro país firmante del TISA puede llevar a ese estado personal propio para asegurar una adecuada conducción de su filial.

La Unión Europea aseguró que no quiere, como consecuencia de un eventual acuerdo, comprometer la calidad de los servicios públicos de salud de los países.

Cancillería respondió a grupos que se oponen a que Uruguay negocieJUAN PABLO CORREA