Modifica el régimen de la libertad anticipada limitándolo a los primarios.

Después de reconocer que se debe "combatir incansablemente la violencia que se ha instaurado" en la sociedad, el Poder Ejecutivo propone enviar al Parlamento un proyecto de ley para excluir a los reincidentes que cometan delitos de extrema gravedad del beneficio de la libertad anticipada. La iniciativa es una de las siete que pretende aprobar el gobierno del presidente Tabaré Vázquez para "cambiar el rumbo" en seguridad.

En la exposición de motivos de la iniciativa —a la que accedió El País— se explica que el régimen de libertad anticipada permite al reincidente con condena, que se encuentre recluido, obtener la libertad ambulatoria si se cumplen determinados requisitos bajo un régimen de vigilancia que debe durar el término de la condena.

Para el gobierno "la reincidencia o reiteración de las conductas delictivas son demostrativos que la persona ha elegido el camino de la delincuencia como forma de vida". Por lo que se decide limitar la libertad anticipada para reincidentes que cometan delitos como rapiña, copamiento, extorsión, secuestro y homicidio.

Este cambio supone en los hechos un sistema penal más duro, dado que se entiende que "restituir a la sociedad a quienes vuelvan a incurrir en delitos pone en riesgo a la seguridad pública". Según se afirma, el sistema actual deja a los procesados reincidentes en condiciones de volver a delinquir, aun cuando sean sometidos a un régimen de vigilancia.

Además de limitar la libertad anticipada, el proyecto de ley del gobierno incorpora al régimen de penas sustitutivas a la privación de libertad dos institutos de amplia aplicación en Chile, como lo son el sistema de "libertad vigilada" y el sistema de "libertad vigilada intensiva". Esta nueva modalidad establece una especie de "tutela" sobre la libertad del condenado que persigue como finalidad la rehabilitación del delincuente.

La "libertad vigilada" consiste en someter al penado a un régimen de libertad a prueba, mientras que la "libertad vigilada intensiva" consiste en someter al penado al cumplimiento de un conjunto de programas orientados a la reinserción social. La diferencia está en que el Tribunal podrá disponer que los reclusos con libertad anticipada (bajo el sistema "libertad vigilada intensiva") deban portar una tobillera, tal como se emplea hoy para los casos de violencia doméstica.

Además, los condenados extranjeros que no sean residentes en el país en lugar de ser encarcelados podrán ser expulsados, con la imposibilidad de retornar en el plazo de 10 años.

En los primeros diez meses de 2015, la Suprema Corte de Justicia tramitó 4.407 expedientes con solicitudes de excarcelación. Se concedieron entre enero y octubre 504 libertades anticipadas, 1.161 libertades condicionales y 21 libertades provisionales, lo que representó 40,8%, 100% y 17,07%, respectivamente, del total de solicitudes realizadas en cada caso.

El fiscal penal Gustavo Zubía dijo a El País que la decisión del Ejecutivo de cortar las libertades anticipadas en caso de reincidencia "es algo que apoya en un 100%". Aunque entiende que hay otros mecanismos oportunos para combatir la delincuencia que no pasan por aumentar las penas o esperar a que los mecanismos de reinserción social den sus resultados, "porque eso demora".

"A mi juicio la solución pasa por severizar o disminuir el sistema de libertades con que cuentan los delincuentes al día de hoy. Pienso que no tendría que haber ninguna posibilidad de tener libertad condicional cuando la persona ha cometido un nuevo delito", enfatizó.

Además, es partidario de recortar la cantidad de horas dispuestas en el régimen de salidas transitorias (laborales y familiares) y entiende que se debe limitar la reducción de penas por estudio y trabajo, así como el número de procesamientos sin prisión estableciendo un régimen más restrictivo en función de los delitos cometidos, sin perjuicio de otras medidas que llegado el caso deberían analizarse.

Zubía concluyó que "de nada sirve aumentar en el papel la punición, si en la realidad no se cumple con la misma". "La diferencia entre las penas legisladas y la realidad es enorme en el momento actual", subrayó.

En una reunión que tuvo lugar el pasado lunes con los legisladores del Frente Amplio, que integran la Comisión de Seguridad del Parlamento, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, hizo referencia a las críticas que recibe de parte de la oposición que reclama su remoción. "La oposición no tiene un abordaje global del problema de la seguridad, centran todo en un ataque personal", señaló el ministro, según contaron a El País fuentes legislativas.

Por otro lado, el ministro aseguró que no es cierto que él se oponga a aumentar las penas para "cualquier tema", ya que entendía que en delitos como el feminicidio o el abigeato era necesario tomar esa medida.

El senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) presentó ayer ante la presidencia del Senado un proyecto de ley por el que se propone modificar el artículo 11 de la Constitución a fin de permitir los allanamientos en horario nocturno en domicilios particulares con orden judicial. El ar- tículo 11 de la Constitución establece que "el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley". La propuesta del senador Bordaberry no establece si tiene algún grado de consenso en el resto de los partidos, y particularmente, en la bancada del gobierno ya que para promover una reforma constitucional se necesita un gran acuerdo político. El planteo de Bordaberry llega en momentos en que el gobierno abrió el diálogo con la oposición sobre la seguridad pública.

Postergación. El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 1° de febrero de 2019 la entrada vigencia del Código del Proceso Penal, en lo que respecta a las audiencias públicas. “Dada la actual coyuntura económica financiera nacional se entiende conveniente a una implementación gradual del Código, señala.

Conflictos. Un proyecto de ley que será enviado al Parlamento establece la regulación del sistema alternativo de resolución de conflictos. Se propone la mediación extrajudicial, con previa conformidad manifiesta del autor y la víctima del delito. También se prevé la posibilidad de firmar un acuerdo reparatorio.

Seguridad. El proyecto de ley apunta a ordenar la normativa sobre seguridad privada. Entre otras cosas, se regula la seguridad privada en eventos masivos, lo cual se encontraba sin previsión normativa. Esta iniciativa del gobierno ya se encuentra a estudio del Poder Legislativo.

Pasta base. Se dispone la mejora de la persecución del tráfico de la pasta base por medio de una reforma legislativa que permita a los nuevos actores en materia de dirección de investigación de crímenes contar con la intervención del Instituto Técnico Forense para analizar las muestras de sustancias estupefacientes.

Lavado. El proyecto apunta a perseguir el delito de lavado de activos. Se amplía la lista de delitos precedentes por tratarse de un “fenómeno criminal muy complejo que produce daños importantes”. Se extiende los delitos de lavado de activos incluyendo todo objeto material obtenido de manera ilícita.

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