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Gestión de Antel bajo la lupa del gobierno por caída de ganancias

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En el Poder Ejecutivo hay preocupación por el déficit de caja de US$ 264 millones.
Proyecto Fibra óptica al hogar de ANTEL, primera instalación del sistema en una casa del barrio Malvín, ND 20111019, foto Ines Guimaraens - Archivo El Pais, empleados de Antel, funcionarios públicos
Archivo El País

El gobierno, a través del Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), confirmó esta semana su disposición a incidir en la gestión de las empresas públicas para lograr una mayor eficiencia a través del control de gastos, mejora de las ganancias y supervisión estricta de su plan de inversiones.

La gestión de todos los entes inquieta, como lo admitió el ministro de Economía, Danilo Astori, pero los primeros datos sobre el balance de Antel correspondiente a 2014 fueron más preocupantes de lo que estaba previsto, dijeron a El País fuentes oficiales.

En el análisis de la situación de la empresa de telecomunicaciones se objeta la inversión de US$ 500 millones en fibra óptica y la reducción de su ganancia, que pasó de US$ 176 millones en 2013 a US$ 82 millones en 2014, según fuentes consultadas por El País.

A esto se suma que el déficit de caja en 2014 —sin tener en cuenta inversiones— fue de US$ 264 millones (al valor de cierre del dólar de ese año), según información disponible en la página web del Ministerio de Economía. Este monto explica el 0,4% del déficit fiscal del 3,5% del PIB registrado el año pasado.

En el caso de la fibra óptica, existen dudas sobre la conveniencia de haber embarcado a Antel en un plan tan ambicioso que llevó la tecnología a un millón de hogares en todo el país. Según dijeron a El País fuentes oficiales, solo uno de cada tres clientes paga la fibra óptica, lo que se entiende como una falencia del plan de negocios.

La expresidenta de Antel, Carolina Cosse, sin embargo, siempre defendió su obra, tal vez la más emblemática de su gestión, en el sentido de haber dejado al país con una capacidad instalada que será vital para los avances tecnológicos de "los próximos 30 años". En el gobierno que se inició el pasado 1° de marzo las valoraciones son políticas, y se entiende que dicha inversión debió haber- se planificado en una visión general del país, porque esos US$ 500 millones pudieron tener otro destino, o haberse gastado gradualmente.

Se considera que la red de fibra óptica está subutilizada y excede las demandas de la mayor parte de los clientes de Antel, que con el ADSL o cable de cobre estaban satisfechas. Para Cosse, de profesión ingeniera, la valoración y defensa de la inversión pasa por aspectos tecnológicos y no tan políticos.

Según información oficial proporcionada en 2014 al sitio web de Presidencia de la República por el exgerente general y actual presidente de Antel, Andrés Tolosa, la empresa estatal tiene más de 350.000 hogares conectados y funcionando con fibra óptica, lo cual representa cerca de 50% de los hogares con Internet en Uruguay.

Los números de Antel no conforman al gobierno que pretende que los entes transfieran más recursos a Rentas Generales, dado que del 2009 a la fecha el aporte de las empresas estatales cayó lo equivalente a dos puntos del PIB.

La ganancia de 2014 de Antel, que ascendió a US$ 82 millones, se considera, según las fuentes consultadas, "muy baja" para una empresa del sector de las telecomunicaciones. El balance 2014, que aún no fue aprobado por el directorio del ente, indica que en un año la empresa bajó su ganancia casi a la mitad y usó $ 10.000 millones en bonos para financiar inversiones y cubrir gastos de funcionamiento, según datos a los que accedió El País.

En 2013 la ganancia de la empresa había sido de $ 3.761 millones (US$ 176 millones al valor de cierre de 21,389), pero en 2014 se estima que estaría en el orden de los $ 2.000 millones (US$ 82 millones al valor de cierre de 24,333). En definitiva, en un año las ganancias de la empresa cayeron 47%.

Si se toma en cuenta el resultado de 2012 ($ 4.423 millones o US$ 228 millones) y se lo compara con el 2014, se constata una reducción en la ganancia del orden del 54% en dos años.

En tanto, los gastos operativos del ente (sin incluir inversiones) aumentaron aproximadamente 29% en 2014, respecto al 2013 cuando se situaron en unos $ 14.000 millones (US$ 654 millones). A su vez, el gasto asociado al personal —funcionarios públicos, contratos de función pública y contratos a término— también vienen subiendo desde el 2009. En cinco años (2009-2013) ingresaron a Antel 636 funcionarios. Es decir, la plantilla creció un 11% (sin contar becarios y personal de empresas subsidiarias).

Debido al aumento de gastos, Antel vendió $ 10.000 millones que tenía colocados en bonos para destinar a inversiones y cubrir parte del incremento de costos registrado en los últimos dos años. En 2012, Antel tenía disponibles en bonos unos $ 13.500 millones, pero en 2014 bajaron a $ 3.500 millones.

El pasado jueves 14, Vázquez convocó a los presidentes de Antel, Ancap, OSE, UTE y la Administración Nacional de Puertos (ANP) a una reunión en la residencia de Suárez y Reyes, donde se acordó un fuerte plan de ajuste para las empresas públicas con el objetivo de reducir el déficit fiscal que se ubica en el 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Vázquez encargó al ministro de Economía, Danilo Astori, y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, coordinar las inversiones de las empresas públicas. "Hay que establecer prioridades porque muchas veces tenemos planes de inversión que superan las posibilidades del país y de la propia empresa", aseguró el ministro en esa oportunidad.

En duda.

A su vez, la construcción del Antel Arena fue puesta en duda por Astori unos meses atrás. "Esa discusión ya está dada y se desarrolló un conjunto de argumentos. (Pero) no descarto que se vuelva a considerar ese proyecto porque, por supuesto, cuando se pone a analizar la totalidad de las prioridades del país y se están buscando recursos para actividades prioritarias como la educación, infraestructura y seguridad pública, que son obviamente los objetivos del próximo Presupuesto, se tiene que considerar todo", señaló el ministro a canal 4.

Según había anunciado la actual ministra de Industria, Carolina Cosse, el Antel Arena implicaría una inversión de US$ 40 millones; pero para el senador colorado Pedro Bordaberry el contrato entre el organismo y Teyma —que Antel mantiene en reserva— "sería por 55 millones de dólares".

Según el legislador colorado, ese precio "no incluye las instalaciones eléctricas, ni la climatización, ni el equipamiento", lo que incrementa a un monto cercano a 80 millones el costo de la obra.

Pedidos de informe sobre los gerentes.

El senador del Partido Independiente Pablo Mieres envió varios pedidos de informe sobre los criterios para designar a los gerentes en las empresas públicas y los bancos oficiales, y cuántos de estos cargos existen actualmente en la estructura del Estado.

Los pedidos de informe están destinados a los ministerios de Transporte, Industria y Economía, con destino a AFE, Administración de Puertos, Correo, Agencia Nacional de Vivienda, BHU, BCU, BSE, BROU, OSE, Corporación Nacional para el Desarrollo, Antel, Ancap y UTE.

En todos los casos Mieres hace las mismas preguntas: ¿Cuántos cargos gerenciales existen en la actual estructura orgánica de cada ente? ¿Qué denominación posee cada uno de los cargos gerenciales de cada ente? ¿Cuáles de los cargos gerenciales se cubren mediante designación directa por parte del Directorio de cada ente? ¿Cuáles de los cargos gerenciales se cubren por concurso abierto? y ¿cuáles de los cargos gerenciales se cubren por concurso interno o se cubren entre funcionarios de carrera dentro del ente?.

Los pedidos de informe de Mieres coinciden con una polémica en UTE por los cambios que impulsa su presidente, Gonzalo Casaravilla, en las áreas gerenciales de ese organismo.

La semana pasada el directorio de UTE con los votos de la mayoría aprobó que Daniel Larrosa (asesor de Casaravilla) pasara a desempeñarse en la gerencia de Generación, en lugar de Óscar Ferreño que deberá dejar el cargo en tres meses, cuando esté operativo un plan de retiro con incentivos. Esta decisión no fue apoyada por los directores Luis Eduardo Pereira (Partido Nacional) y Cristina Arca (Frente Amplio).

CUENTAS PÚBLICAS

El debate político por el déficit de Ancap

La ministra de Industria, Carolina Cosse, fue citada al Parlamento por el diputado nacionalista Pablo Abdala para dar explicaciones sobre el déficit de Ancap, que en 2014 será "igual o superior" a US$ 169 millones, tal como admitió a El País el presidente del ente, José Coya.

"Algunas cosas no han cambiado y seguramente nos van a impactar tal vez incluso más fuerte que el año 2013, básicamente en el tema diferencia de cambio porque el endeudamiento de Ancap en dólares se ha mantenido, y básicamente ahora la diferencia de cambio creció mucho más que antes. El resultado puede ser superior", afirmó Coya.

Oficialmente, el balance aún no fue aprobado por el directorio del ente, pero ya hay preocupación en el Ejecutivo por el tema. Hace semanas, Cosse reconoció que la empresa estatal "requiere reajuste de su economía que está planificando el directorio actual. Es una empresa muy importante para el país".

En tanto, desde la oposición se habló de una "empresa fundida". "Técnicamente está quebrada, y si no da quiebra es porque es una empresa del Estado y monopólica, ahora el resultado de eso es que quien sostiene este monopolio y sostiene esa empresa pública es la población pagando los elevadísimos precios que tienen los combustibles", sostuvo Abdala.

Polémica.

A diferencia de Ancap, la también estatal UTE volvió a dar ganancias el año pasado. Su balance positivo incluso fue superior al del 2013, en un año de buena generación hidroeléctrica que hizo que la empresa tuviera menos costos de carácter operativo.

El ente eléctrico tuvo una ganancia neta en 2014 de $ 10.484 millones, lo que equivale a US$ 430,9 millones. En 2013 había ganado $ 6.487 millones (unos US$ 303,3 millones). En 2014, las ganancias en pesos fueron 61% superiores.

Pese a que le va bien en términos numéricos, UTE estuvo en los últimos días en el centro de la polémica por cambios gerenciales impulsados por el presidente del ente, Gonzalo Casaravilla.

El directorio de UTE (con los votos de la mayoría) aprobó que el funcionario Daniel Larrosa —asesor de Casaravilla y diputado suplente del Movimiento de Participación Popular— pa-se a desempeñarse en la gerencia de Generación, en lugar de Óscar Ferreño.

El cambio generó fuertes críticas de los mandos medios de la empresa, que cuestionaron a Casaravilla.

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