Además acusaron a la empresa de cometer “despilfarro”

Solamente 21 pescadores artesanales, de los 378 que existen, se vieron beneficiados por Gas Sayago con casi US$ 3 millones al haberse afectado su trabajo por la construcción de la planta regasificadora, proyecto frustrado impulsado por el anterior gobierno de José Mujica.

La elección de estos pescadores, que representan menos del 10% del total que se encuentra en la llamada Zona E, que abarca desde la margen izquierda del río Santa Lucía hasta Piriápolis, fue "digitada" por la empresa Gas Sayago, según la denuncia presentada ante la comisión investigadora de Diputados sobre la planta de Puntas de Sayago por una delegación de la Coordinadora de Pescadores Artesanales de Montevideo y su asesor legal Mauricio Fioroni.

En la reunión de la comisión del pasado jueves 11, el abogado afirmó que si bien "siempre se ha dicho que esto es una empresa privada y que está dentro del derecho privado, creemos que de alguna manera —por algo se está haciendo toda esta investigación— son dineros públicos que han sido dilapidados".

Además denunció que Gas Sayago "eligió a una persona para seleccionar a los beneficiarios de esta indemnización", y que ella "fue la que articuló y la que ha seguido el vínculo cercano con Gas Sayago, además de ser la gestora de crear un grupo de pescadores artesanales que la regasificadora utiliza para mostrar que ha solucionado su tema con la pesca artesanal".

"A nosotros nos ha quedado totalmente claro que el proceso de selección y digitación de las personas que iban a recibir la indemnización existió, que fue manejado por la empresa y por la gente que la asesoraba o acompañaba en el relacionamiento con la comunidad", dijo Fioroni, el representante de los pescadores artesanales que fueron invitados a la comisión por iniciativa del diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular.

Según la declaración de la delegación en la comisión legislativa, otro problema se produjo con los estudios de impacto ambiental. En este sentido, el asesor legal de los pescadores sostuvo que percibieron que "los estudios fueron hechos con información vieja. Fue un recorte y pegue de una cantidad de informes de hace diez, veinte o treinta años, que no tienen mucho que ver con lo que se debió haber investigado, ya sea a nivel de suelo, de fauna y en general".

También dijo que les lla-mó la atención el proceso de autorización ambiental previa a la obra "y el ritmo que adquirió a partir de que existió un eventual contrato con GNLS, la empresa que al final iba a desarrollar el proyecto".

Según Fioroni "fue algo totalmente fuera de los parámetros habituales; no transcurrió un día hábil más de lo estrictamente necesario para cumplir con la normativa. Desde la audiencia pública hasta el otorgamiento de la autorización ambiental previa no pasaron más de tres días. No hubo tiempo material para procesar los aportes que se hicieron en la audiencia".

REGASIFICADORA