SERVICIO MÉDICO

Funcionarios de Ancap resisten el fin de la "mutualista" propia

Los consultorios en el séptimo piso deberían desmontarse el 30 de junio.

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El edificio que compró Ancap en 2010 se encuentra en ruinas. Foto: F. Ponzetto

Alo largo de dos extensos y poco iluminados corredores en el séptimo piso de la sede central de Ancap se reparten más de dos decenas de consultorios donde cirujanos, cardiólogos, dermatólogos, fisiatras, fonoaudiólogos, ginecólogos, urólogos, oftalmólogos, sicólogos y odontólogos, entre otros especialistas que totalizan un plantel de cincuenta profesionales, atienden pacientes de lunes a viernes. También hay una farmacia que expide medicamentos, una caja que vende órdenes y puestos de vacunación y extracción de sangre. Por ejemplo, la orden para la atención odontológica cuesta $ 97 mientras que en el sistema mutual supera los $ 400.

En la pequeña mutual o enorme policlínica, depende del punto de vista, Ancap emplea a casi doscientas personas entre médicos, enfermeros, auxiliares y administrativos. Mantener el servicio representa un costo estimativo de US$ 6 millones por año para la Gerencia de Abastecimiento del ente y es exclusivo para funcionarios de Ancap (2.929) y unos 3.000 jubilados de la empresa.

También gozan del beneficio los directores del ente. Una resolución adoptada hace muchos años, propia de otro país, estableció que todo aquel que ejerza un cargo en el Directorio de Ancap adquiere el beneficio "vitalicio" de atenderse en su servicio médico.

En Ancap tanto se licita la compra de una caldera para la refinería de La Teja como una partida de ibuprofeno para la policlínica o servicios de laboratorio para análisis de orina.

En el año 2010, con el Sistema Integrado de Salud ya consolidado, Ancap compró en más de US$ 1.000.000 un edificio en ruinas para trasladar la policlínica. Al día de hoy no hizo nada, y sigue en ruinas. Arreglarlo costaría entre US$ 2 y 3 millones.

Desde hace seis años, Ancap paga seguridad permanente y el mantenimiento de su inmueble, convertido en un tugurio en pleno centro de Montevideo (ver nota aparte).

FONASA

. Los funcionarios y parte de los jubilados asumen el descuento del Fonasa correspondiente en su salario o pasividad, y ese monto se destina a la Asociación Española, donde reciben las prestaciones médicas más complejas y el servicio de internación en sanatorio.

El convenio entre Ancap y la mutualista implica que el ente transfiera todos los meses el saldo de dinero por los servicios recibidos que la cápita no cubre.

El servicio médico propio es un beneficio laboral adquirido en el Uruguay de las vacas gordas (años 50) y el único de ese tipo junto al del Banco Hipotecario (había muchos otros similares en empresas públicas) que ha sobrevivido al Fonasa. Sin embargo, el próximo 30 de junio, en cumplimiento de un decreto del Poder Ejecutivo del 27 de diciembre de 2013, Ancap debería desmontar la policlínica para que sus funcionarios y jubilados pasen a usufructuar el Sistema Nacional Integrado de Salud como el resto de los uruguayos.

Sobre fines del 2015 una delegación del sindicato de Ancap se reunió con el directorio del ente para conocer su posición al respecto, y le advirtió que dará una dura pelea para mantener una de sus conquistas sindicales más preciadas.

El Directorio de Ancap no ha tomado posición aunque diversas fuentes consultadas indicaron que la mayoría de sus integrantes, todos representantes de la Lista 711 de Raúl Sendic, es proclive a mantener la policlínica. No obstante, la iniciativa de ponerle fin al beneficio parte del Ministerio de Economía, según supo El País. El representante del MEF en la Junta Nacional de la Salud, Martín Valcorba, se limitó a confirmar que la fecha límite para el servicio de salud es el último día de junio aunque aclaró que puede cumplirse o puede haber una prórroga. La clave está en el costo político que podría generar la decisión.

Darán pelea

. En 2013 el gobierno de José Mujica intentó hacer cumplir la ley 18.211 (aprobada en 2007) que creó el Fonasa y mandataba incorporar al sistema de salud regímenes de cobertura médica como el de Ancap. La movilización del sindicato logró una prórroga. Hoy, la Federación de trabajadores de Ancap tampoco está dispuesta a perder beneficios, explicó a El País su secretario de finanzas, Aníbal Gulart.

"En los años 50 los trabajadores cambiaron un aumento por la instalación de un servicio de salud que atendiera las enfermedades específicas de la industria petroquímica y petrolera. Eso sigue funcionando hasta hoy, nosotros reivindicamos el servicio médico de Ancap y queremos que siga así", afirmó.

Gulart dijo que se trata de una "conquista gremial" que nació a partir de la "renuncia" a un derecho. "Si pasamos a una mutualista perderíamos algunos beneficios", señala. En ese sentido, justifica la existencia del servicio médico en Ancap a partir de su especialización en el tratamiento y seguimiento de enfermedades que "son propias" de la actividad que los trabajadores desarrollan en la refinería y otras áreas industriales del ente.

"Este es un beneficio muy grande que tiene que ver con nuestra historia laboral. Hay enfermedades provocadas por la forma y los lugares donde desempeñamos nuestra tarea", explicó a El País el vicepresidente de Fancap, Gerardo Rodríguez.

"Estamos expuestos a gases y muchas otras cosas. Tener este servicio es una garantía, pasar a una mutualista no garantiza que tengamos este cuidado específico que hoy tenemos", señaló.

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