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Funcionaria enana iniciará juicio civil a IMM por discriminación

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El 42% de sus ingresos son destinados a salarios. Foto: Nicolás Pereyra
Fachada de la Intendencia de Montevideo, IMM, foto Nicolás Pereyra - Archivo El País
Archivo El País

Su jefa la apodaba “Liliput”. Reclama US$ 40.000 a la comuna.

Una funcionaria enana de la Intendencia de Montevideo iniciará, en los primeros días de septiembre próximo, una demanda civil por discriminación contra la comuna capitalina. La funcionaria, quien también sufre de una enfermedad crónica (Lupus), reclamará $ 1.200.000 (unos US$ 40.000) que es lo que dictaminan los juzgados de lo Contencioso Administrativo como indemnización para casos de discriminación, según dijo a El País el abogado de la demandante.

La empleada, que sufre de enanismo, aprobó en 2008 un concurso para el ingreso a la administración municipal de personas discapacitadas. En 2009 ingresó a la plantilla de funcionarios. En diciembre de 2013, la funcionaria presentó una denuncia en la Inspección General del Trabajo donde señaló que una jerarca, que asumió en 2011, "comenzó a destratarla sistemáticamente, afectándola síquica y físicamente".

Según la denuncia, esa funcionaria se dirigía a la denunciante como "Liliput". Posteriormente, agrega el escrito, la Intendencia de Montevideo sancionó a la jerarca por actos discriminatorios.

La denunciante es portadora además de lupus eritomatoso sistémico, una enfermedad crónica autoinmune. Por esa enfermedad, la denunciante estuvo un año sin trabajar por internaciones e inasistencias.

Según su abogado, el intendente Daniel Martínez le otorgó otro año como excepción en atención a que sufre una enfermedad crónica.

Días atrás, un jerarca le trasmitió a la funcionaria que solo le quedaba 20 días para faltar por enfermedad. Luego cobraría medio sueldo durante seis meses y una junta médica determinará si deberá ser jubilada por enfermedad o no. Por ende, al profesional le llama la atención que la IMM tome funcionarios por discapacidad y enfermedad y luego los jubile.

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El 42% de sus ingresos son destinados a salarios. Foto: Nicolás Pereyra

JUSTICIAEDUARDO BARRENECHE

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