IMM sale hoy a fiscalizar; multasde 29.000 pesos las pagará la empresa

El Frente impulsa ley para prohibir a Uber por un año

Ante la polémica llegada de Uber a Uruguay y el vacío legal existente, el Frente Amplio analiza prohibir por un año el "transporte remunerado u oneroso de personas en vehículos particulares registrados a través de software de aplicación móvil (app), o medios tecnológicos similares que tengan por objeto conectar directa o indirectamente a los pasajeros con los conductores".

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El FA dice que está "cerrado" a las nuevas ofertas, pero requiere estudiarlas.

La iniciativa —a la que accedió El País— fue redactada y presentada ayer por el diputado Felipe Carballo (lista 711) a la bancada oficialista de la Cámara Baja. El legislador, que es presidente de la Comisión de Transporte de Diputados, pidió que el proyecto sea considerado en el menor tiempo posible, por lo que se harán las consultas esta misma semana, y se espera que el próximo martes 1° de diciembre la bancada tome una resolución sobre el tema.

Según el proyecto de tan solo cuatro artículos, los conductores, propietarios e intermediarios que incumplan esta prohibición "serán pasibles de sanciones que irán desde el apercibimiento hasta la incautación del vehículo y/o clausura comercial de acuerdo a los parámetros que fije la reglamentación" del Ejecutivo.

La norma establece la institucionalización de una comisión que estudiará el tema durante el año en que se prohíba el servicio. Estará integrada por los ministerios de Transporte, Industria, Economía, Trabajo y un representante del Congreso de Intendentes.

En la exposición de motivos se explica que ante la "irrupción intempestiva" de nuevos emprendimientos que pretenden incidir en el servicio de transporte público "se hace necesario legislar", atendiendo a aspectos tanto normativos como a la incidencia de este tipo de aplicaciones "en la vida cotidiana de los ciudadanos".

Ante el "desconocimiento a la soberanía" que ha implicado la irrupción de Uber, Carballo argumentó —en la exposición de motivos del proyecto— que aún "no están dadas las condiciones" que permitan al Estado adoptar una posición sobre la nueva forma de transporte.

Para tomar una resolución sobre la llegada de esta aplicación, se establece un "impasse" de 12 meses para definir si se autoriza o no esta actividad comercial, dado que "son muchos los intereses que pueden verse afectados en las diferentes órbitas de interés público".

"Los aspectos a analizar tienen que ver en primer lugar con la soberanía del país, en cuanto a su capacidad independiente de dictar sus normas y hacerlas respetar, asegurando la igualdad de condiciones, en este caso, en materia de competencias comerciales", se asegura en la iniciativa.

En ese marco, se agrega que la legislación laboral de Uruguay es "celosa" del trabajo formal y de la "calidad" laboral en los términos que define la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto implica la "protección" de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales de los empleados.

Por otro lado, se dispone que para habilitar o no a Uber se deberá tener en cuenta la regulación fiscal que exige el Estado para todas las empresas, cualquiera sea la forma de gestión, así como la obligación estatal de velar por la seguridad vial de los pasajeros.

La exposición de motivos del proyecto finaliza diciendo que "el país no está cerrado a nuevas ofertas de servicios públicos, ni a mejoras tecnológicas en la gestión de los mismos", siempre y cuando "se atengan a la normativa que dicta el país en condiciones igualitarias para todas las empresas", para evitar la competencia desleal.

Multas.

Representantes de Uber se presentaron ayer ante la Comisión de Movilidad de la Junta Departamental, donde explicaron el funcionamiento de la empresa, y dijeron estar dispuestos a pagar las multas que imponga la Intendencia a los conductores.

El edil nacionalista, Javier Barrios, miembro de la Comisión y quien citó a Uber, señaló a El País que la empresa está dispuesta a pagar las multas que la comuna le ponga a los conductores. Ayer mismo, la directora de Movilidad de la Intendencia, Beatriz Tabacco, dijo que en esta semana la comuna comenzará a multar.

Tabacco dijo a Monte Carlo que esta semana van a "salir a hacer inspecciones de cumplimiento de las normas de tránsito y de transporte, como se está haciendo habitualmente" y que en el caso de los conductores de Uber la multa será de 29.000 pesos.

"Inconsistente" presentación ante la Junta Departamental.

El edil frentista Pablo Aldaya, miembro de la Comisión de Movilidad que recibió ayer a representantes de Uber, dijo a El País que la empresa "fue inconsistente" en su presentación. "¿Cómo puede ser que digan que es una empresa tecnológica si la mayor facturación la tienen por los viajes que se hacen?", se preguntó el edil.

Para la Intendencia, Uber viola un decreto del año 1993 que "prohíbe efectuar transporte de pasajeros mediante pago de retribución en vehículos no autorizados por la División de Tránsito y Transporte". El edil nacionalista Javier Barrios, en tanto, dijo que "la empresa expuso cuál es su manera de actuar en el mundo. Ellos se posicionan como una plataforma tecnológica, no de transporte. Dicen que son un intermediario entre la persona que quiere viajar y los conductores". Además, destacó que "la parte positiva de todo esto, es que se estén discutiendo los problemas del transporte capitalino, como la mampara de los taxis".

Hoy, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), contrario a Uber y a la idea de quitar las mamparas que planteó la patronal, parará por 24 horas, pero no por estas razones. "Paramos por el día del taximetrista. Es feriado pago, pero también aprovechamos para parar porque queremos que también se les pague el día a operadoras, telefonistas y lavadores", dijo a El País el vocero del gremio, Carlos Silva.

UBER EN EL MUNDO

Colombia lo regula: más caro que el taxi.

Colombia reglamentó el lunes el servicio de transporte individual de lujo a través de plataformas tecnológicas, lo que permitirá la operación de la controvertida aplicación Uber y de otras que cuenten con vehículos de alta gama.

Las empresas tendrán que conformarse con un capital mínimo de 57.000 dólares y automóviles que cumplan unas condiciones mínimas de seguridad.

Los usuarios deberán pagar con medios electrónicos tarifas que no podrán ser inferiores ni iguales a las del servicio normal de taxi, aunque habrá libertad regulada.

"Estamos estableciendo reglas claras en el mercado para condiciones de competencia. Pueden prestar el servicio las empresas de transporte nuevas o que se habiliten, y deberán contar con plataformas tecnológicas propias o que contraten con terceros", explicó la ministra de Transporte colombiana, Natalia Abello.

Aunque el gerente de Uber en Colombia, Mike Shoemaker, dijo que la reglamentación hace parte de un proceso de modernización de alternativas de transporte para ofrecer nuevas opciones, anunció que la empresa acompañará la presentación de un proyecto de ley en el Congreso que busca ofrecer más variantes.

La nueva categoría que se pondrá a consideración del Congreso, llamada "Servicio privado de transporte solicitado mediante plataformas tecnológicas", es similar a regulaciones expedidas en Ciudad de México, Puebla, el estado de México y en más de 60 jurisdicciones alrededor del mundo.

La más reciente de estas regulaciones se produjo en octubre en la capital de Australia, Canberra.

El servicio de Uber provocó protestas de taxistas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y a nivel internacional en Londres, Nueva Delhi y Ciudad de México, entre otras, debido a que cambia drásticamente los modelos de negocios tradicionales.

En la visita de representantes de Uber ayer a la Junta Departamental de Montevideo, estos resaltaron la reglamentación que se lleva a cabo en Ciudad de México, donde la empresa destina el 1% de cada viaje a un fondo de movilidad urbana. Este plan ya se lo habían hecho llegar días atrás al intendente Daniel Martínez. REUTERS Y REDACCIÓN

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