AGENDA LEGISLATIVA

Topolansky acordó con Mahía agilizar el tratamiento del proyecto de ley.

Del 20 de octubre al 3 de noviembre, el Frente Amplio discutirá en la Mesa Política cambios a la reforma de la Caja Militar. Se piensa extender el período de cobro del impuesto que se pretende imponer a los retirados y jubilados, pero bajar los montos de las alícuotas que se deberán pagar.

Para cubrir el déficit del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, el gobierno transfirió US$ 470 millones en 2016. Desde el año pasado, el proyecto de ley de reforma de la Caja Militar está encajonado en el Parlamento pese a la insistencia del ministro de Economía Danilo Astori, quien públicamente viene reclamando su sanción.

La nueva vicepresidenta Lucía Topolansky (MPP) está haciendo gestiones para agilizar el tratamiento del proyecto de ley que se encuentra a estudio del Senado. La idea es aprobar la iniciativa antes de que finalice el año, pero no sin antes dar una discusión a la interna oficialista para poner punto final a las diferentes posiciones existentes entre los sectores.

La discusión se cerrará el 3 de noviembre, según lo acordado ayer en la Mesa Política. La senadora socialista Daisy Tourné brindó un informe al organismo sobre las principales características de la reforma, que supone el cobro de un impuesto transitorio de 18 meses a ingresos superiores a los $ 50.100. Con esto se apunta a reducir en un 10% la transferencia desde Rentas Generales, por lo que se prevé una recaudación estimada de US$ 40 millones.

El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) dijo a El País que algunas de las modificaciones que se estudian pasan por alargar el período de cobro del impuesto y "quizás tocar las alícuotas (...) Lo que estamos viendo es recaudar lo mismo con un monto de impuesto menor, pero por más plazo", señaló el legislador.

A nivel del Frente Amplio se había conformado una comisión interna para proponer cambios a la reforma de la Caja Militar, entre los que se encontraba también la edad de retiro. La iniciativa del Poder Ejecutivo establece que la causal de retiro voluntario será para los militares que tengan 60 años de edad y un mínimo de 30 años de servicio. El nuevo régimen que se aplicará de forma total solo para aquellos que llevan menos de diez años en las Fuerzas Armadas establece como tope máximo de retiro las 28 Bases de Prestaciones y Jubilaciones, lo cual equivale a $ 101.108.

Sectores como Casa Grande —de la senadora Constanza Moreira— y el IR de Macarena Gelman, plantearon subir la edad de retiro, modificar las tasas de reemplazo y bajar los topes de jubilación previstos en el proyecto de ley remitido al Parlamento.

La senadora Constanza Moreira considera que el proyecto es "generoso" y propone cambios "al régimen de transición" previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. A su entender, es injusto que un obrero de la construcción se retire con 60 años y un militar con menos edad, tal como está planteado en esta nueva reforma de la Caja Militar, según declaró en julio de este año en una mesa de debate sobre el tema.

En diálogo con el semanario Crónicas, el comandante en jefe del Ejército expresó su deseo de que la reforma de la Caja Militar "no vulnere" los derechos de los efectivos. Desde su punto de vista, "no pueden haber soldados con 40 y pico de años" en actividad, esto debido a que la edad de retiro pasaría a ser de 60 años, al igual que para los trabajadores públicos y privados.

La vicepresidenta Lucía Topolansky se reunió ayer con el titular de la Cámara de Diputados José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) para abordar las prioridades legislativas para lo que resta de 2017.

Mahía dijo a El País que la coordinación en el tratamiento de los proyectos de ley se realiza de forma permanente y hay un acuerdo para acelerar la aprobación de la reforma la Caja Militar, que permanece a estudio desde el año pasado a pesar del abultado déficit.

Otra de las iniciativas que deberá ser sancionada antes de fin de año es la que envió el Poder Ejecutivo para solucionar la situación de los llamados "cincuentones".

El ministro de Trabajo Ernesto Murro había pedido agilizar el trámite parlamentario del tema, que fue anunciado por el propio presidente Tabaré Vázquez en el mes de julio.