NUEVO CÓDIGO

Fiscales pidieron 28 audiencias en 3 días

Los registros actualizados de los tres primeros días de vigencia del Código revelan que se han recibido y tramitado un total de 28 solicitudes de formalización de investigaciones por parte de la Fiscalía, 13 corresponden a las sedes de la capital del país y las restantes 15 a pedidos en el interior.

Un cambio supone un desafío para jueces, fiscales y abogados. Foto: Gerardo Pérez
Foto: Gerardo Pérez

Un informe publicado ayer por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en su página web señala que el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (Sippau), donde la Policía carga novedades de eventuales ilícitos para que la Fiscalía adopte medidas investigativas, no funcionó a pleno.

Según la Corte, de las 13 solicitudes de formalización de investigación recibidas por la Oficina Penal Centralizada de Montevideo por parte de la Fiscalía, cuatro se hicieron en forma automática —a través del Sippau— y nueve por un sistema de contingencia (mediante documento escrito). El viernes 3, el sistema informático de Fiscalía funcionó en forma interrumpida, lo que generó atrasos en los comienzos de audiencias.

A las 20:10 horas de ayer, el fiscal de Flagrancia Gustavo Zubía no pudo ingresar a la Fiscalía porque nadie le abrió la puerta y, con su equipo, debió atender los llamados de la Policía en la calle, según relató a El País.

Técnicos de la Fiscalía General de la Nación tratan de solucionar los problemas informáticos del Sippau, mientras tanto el sistema de formalización se realiza en forma manual.

La Suprema Corte de Justicia responsabilizó a la Fiscalía General de la Nación sobre los problemas operativos. El nuevo sistema también recibió cuestionamientos de la gremial de fiscales.

Los primeros juicios públicos y orales realizados en Montevideo y el interior no duraron más de 30 minutos. Es decir, el acusado no debió esperar meses o años en recibir una sentencia como ocurría con el viejo Código del Proceso Penal. En la mayoría de las audiencias hubo acuerdo entre los fiscales y los abogados defensores sobre la pena a recaer sobre los indagados. El sistema generó una mayor transparencia del accionar policial: los jueces preguntaron a los acusados si recibieron golpes en las seccionales.

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