LIBERTADES ANTICIPADAS

Para el fiscal Zubía es tiempo de hacer que se cumplan las penas

Opinó que el aumento de penas no es la solución para la inseguridad.

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Gustavo Zubía asegura que solo se resuelve el 5% de los delitos denunciados. Foto: Archivo

La comisión multipartidaria por seguridad que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, conformó a mitad del año pasado, ilusionó al sistema político. El aumento de penas como herramienta para intentar disminuir los delitos fue el centro de la polémica. El grupo de trabajo resolvió diseñar un proyecto de ley para restringir las libertades anticipadas a los reincidentes. El texto fue aprobado en el Parlamento y entró en vigencia el 24 de noviembre.

"Al principio me ilusioné porque era una nueva herramienta para sancionar más severamente a los delincuentes", dijo a El País el fiscal Gustavo Zubía. Pero en el momento de ponerla en práctica explicó que la iniciativa legislativa que se anunciaba por el gobierno como más represiva, terminó siendo "solo un título" y otorgando nuevas libertades a los delincuentes.

Para él la clave de la discusión para reducir la delincuencia no pasa por el aumento de penas, sino por hacer que estas se cumplan.

Zubía explicó que el sistema penal actual tiene "muchos beneficios liberatorios" y por eso celebró la aprobación de la ley que, en teoría, dijo, restringía las libertades para los reincidentes.

"Es una total desilusión. En el cuadro de lamentable benignidad que tenemos, vimos en esta ley (la 19.446) que parecía que iba a ser más dura y cortaría con las libertades. No lo fue", dijo el fiscal, y opinó que a su entender la solución para disminuir los delitos no pasa por el aumento de las penas, sino por hacer cumplir las que están vigentes y no facilitar libertades anticipadas.

"Hoy agarramos un 5% de los delitos denunciados. Si a los poquitos que agarramos les damos procesamientos sin prisión y un montón de libertades anticipadas… La solución se hace difícil", dijo.

El fiscal Zubía explicó que el primer inconveniente que tiene la nueva ley es su corta aplicación en el tiempo: la norma quedará sin poder ser aplicada cuando el 17 de julio entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). "Resultó ser una ley que hace agua por todos lados", opinó.

Pero para el fiscal la norma tiene una gran "engañifa". Explicó que solo puede ser aplicada a personas detenidas a partir del 25 de noviembre y que eventualmente sean procesadas. "Por el normal proceso penal, las sentencias empezarán a llegar en mayo o junio, en el momento en que casi que cae la norma por la entrada en vigencia del nuevo Código. Entonces hicimos una ley solo para un mes. ¡Increíble!", dijo, y opinó que a su entender es vital derogar el artículo n° 19 de la norma donde se deja sin efecto la ley cuando entre en vigencia el nuevo CPP.

A su vez destacó como un punto "altamente negativo" la creación de dos nuevas modalidades de libertades anticipadas. Una es la libertad vigilada para personas de hasta tres años de penitenciaria, y la segunda es la libertad vigilada intensamente para los que tienen cinco años de pena.

"¿Quiénes son los procesados con hasta cinco años de penitenciaria? Los rapiñeros que no usaron armas en sus delitos. A esos les otorgamos esa nueva libertad", criticó el fiscal.

Otra de las debilidades que observó Zubía fue que el texto tiene algunos elementos de cierta inconstitucionalidad, en referencia a cuando limita la libertad provisional; libertad que se le da al que aún no está condenado.

El FA vuelve a discutir el aumento de penas.

La bancada del Frente Amplio cerró el 2016 con la decisión de "poner en suspenso" la aprobación de los proyectos de ley que incrementan las penas en determinados delitos. La decisión fue planteada por la senadora Constanza Moreira, quien ha mostrado su clara oposición a esa estrategia como forma de reducir los delitos. Con el inicio de la nueva legislatura el tema vuelve a estar en el orden del día y el partido de gobierno deberá analizar si cumple con el acuerdo de la comisión multipartidaria liderada por Vázquez.

El tema será discutido en la próxima reunión de la bancada oficialista. El grupo Casa Grande de Moreira solicitará que no se dé apoyo a las iniciativas que aumentan penas, y se vuelva a discutir una nueva estrategia en materia de seguridad.

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