CASO ANCAP

Indagará a exgerente de ALUR por sobreprecios en la planta.

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, investiga los bienes del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic y del expresidente de ALUR SA, el hoy senador de la Lista 711 liderada por Sendic.

En un escrito fechado el 31 de octubre pasado, al que tuvo acceso El País, Pacheco solicitó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la apertura de los sobres que contienen las últimas cuatro declaraciones juradas de bienes e ingresos de Sendic y de De León en "las condiciones" y "los términos" de la ley 17.060 (Ley Cristal-Funcionarios Públicos).

Para argumentar su pedido, el representante del Ministerio Público se basó en el Literal A del artículo 15 de dicha norma.

Esta disposición expresa: "La Junta tendrá a su cargo la custodia de las declaraciones juradas que reciba en cumplimiento de la presente ley, y solo procederá a su apertura a solicitud del propio interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal".

Al final de su declaración realizada el 26 de octubre pasado ante la justicia de Crimen Organizado, Sendic proclamó su inocencia. "Hace dos años y medio he vivido una de las peores situaciones que se han vivido en el ámbito de la política: una campaña de desprestigio muy grande, se hicieron denuncias tremendas, de corrupción, coimas, tráfico de influencias y algunas están escritas en las denuncias y otras no", testificó.

El 19 de abril de 2016, los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular presentaron una denuncia penal en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 1er Turno. El principal argumento de la denuncia se basa en el trabajo de la comisión investigadora del Senado en 2015.

Por otro lado, en su escrito, Pacheco pidió a la Junta de Transparencia que analice los contratos entre Ancap y Trafigura, una empresa holandesa acusada de corrupción que intermedió en negocios de petróleo con Ecuador; el acuerdo de servicios entre Ancap y Exor, una empresa que armó una estructura financiera para que el ente uruguayo saldara su deuda con la petrolera venezolana Pdvsa, y el convenio entre Ancap y Kios, compañía uruguaya contratada para remolcar barcazas del ente.

El contrato entre Ancap y Trafigura fue firmado el 26 de agosto de 2010. Pacheco solicitó a la Junta de Transparencia que informe sobre si, en este contrato, Ancap actuó fuera del marco de las normas sobre contratación pública; específicamente, si se entiende que debió llamarse a procedimiento licitatorio para la selección de Trafigura para la intermediación en el previo contrato de Ancap con Petroecuador.

El acuerdo entre Ancap y Exor fue firmado el 11 de diciembre de 2014. El objetivo del mismo era la intermediación de Exor para la cancelación de la deuda de Ancap con Pdvsa.

Pacheco preguntó a la Junta de Transparencia si Ancap debió haber llamado a licitación antes de firmar un acuerdo con esta compañía y si el ente violó normas administrativas.

"Si se considera razonable y legal pactar una comisión por incumplimiento de 1,75% sobre el capital nominal de la deuda, o si hubiera sido más razonable acordar que en caso de incumplimiento renacían las acciones civiles ya entabladas por Exor contra Ancap", dijo el fiscal en su escrito.

Ancap firmó con Kios un acuerdo para suspender dos juicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo realizados por la firma. A cambio, el ente le otorgó a Kios, en forma directa, el servicio de remolcador de dos barcazas, el que terminó no cumpliendo.

Pacheco pidió a la Junta de Transparencia que se pronuncie sobre si es ajustada a derecho la actuación de Ancap cuando resuelve tener por incumplidora a Kios, "sin intimaciones previas" y adjudicar nuevamente la prestación del servicio de remolque a la empresa Nautimil.

Finalmente, el fiscal Pacheco solicitó a la jueza Beatriz Larrieu que cite a declarar como indagados a De León y al ex gerente general de ALUR, Manuel González.

Ambos deberán declarar acerca de su participación en la firma de seis contratos modificatorios firmados entre dicha empresa y Abengoa referidos a la construcción de la planta de etanol en Paysandú. La Justicia investiga sobrecostos de la obra.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso el cierre al público de ocho juzgados que tramitan expedientes bajo el Código de Proceso Penal (CPP) de 1980 con el objetivo de que puedan reorganizarse y ponerse al día con el trabajo acumulado que se generó con la implementación del nuevo código.

El miércoles 7, una delegación de jueces titulares de esas sedes, integrada por los magistrados Julia Staricco, Tabaré Erramuspe, Néstor Valetti, Fanny Canessa y Silvia Urioste, plantearon al subdirector General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, Marcelo Pesce, que estaban sobrecargados de trabajo. "Debemos atender nuestros expedientes y también los de otros dos juzgados. Hay muchos expedientes en cajas que aún no se pudieron analizar", dijo un juez a El País.

El vocero de la Corte, Raúl Oxandabarat, dijo que, sensible a planteos de los jueces, la corporación decidió suspender los plazos procesales de esos juzgados para su reorganización.