El Ministerio del Interior está al tanto de la situación y se decidió brindar protección especial para ambos profesionales.

El fiscal Gustavo Zubía y el juez José María Gómez fueron amenazados de muerte, confirmaron a El País fuentes oficiales. El Ministerio del Interior está al tanto de la situación y resolvió brindar protección especial para ambos profesionales que llevaron adelante el caso del sicario que agredió al abogado penalista Gustavo Bordes.

El hecho se produce menos de una semana después que El País informara quedos fiscales y una jueza penal fueron amenazadas de muerte por dos integrantes vinculados al crimen organizado acusados de homicidios efectuados en la zona del Cerro.

La seguridad de los jueces y fiscales es nula. A menudo se dirigen a pie a tomar un ómnibus a alta horas de la noche en la Ciudad Vieja. No los acompaña ninguna custodia. En otras ocasiones, salen del Centro de Instrucción Criminal (CIT) y caminan entre los familiares de los sospechosos indagados dentro de dicha sede judicial.

En los últimos diez años, un puñado de operadores judiciales han sido amenazados de muerte.

En la lista se encuentra el hoy fiscal de Corte, Jorge Díaz —en el pasado fue juez especializado en Crimen Organizado entre otros cargos—, la exfiscal especializada en Crimen Organizado María Camiño y las juezas penales Julia Staricco y Dolores Sánchez. A fines de agosto de 2013, la Policía detectó un plan para atentar contra el entonces juez penal Gabriel Ohanian —hoy titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno— en el marco de una investigación sobre un caso de tráfico de drogas en barrios periféricos de Montevideo.

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