“No estuve a la altura de las circunstancias”, declaró Francisco Sanabria ante juez. Ayer de mañana fueron remitidos a cárceles en el interior.

Pese a que el caso del Cambio Nelson saltó a la luz este año, el dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli, al que accedió El País, dejó constancia que la captación de depósitos en una suerte de "cuentas corrientes" —práctica ilegal para las casas de cambio— "venía desarrollándose desde los comienzos de la operativa, a fines de los años 90".

La investigación que hasta ahora derivó en el procesamiento con prisión de Francisco Sanabria, del ex gerente general del Cambio Nelson Calvette, y de la contadora de la firma Soledad Ubilla, y sin prisión para la contadora externa de la empresa, Beatriz Silva, mostró que algunos de los clientes de estas cuentas irregulares habían sido captados "por el propio Wilson Sanabria" —quien falleció en septiembre 2015 y era padre de Francisco— además de por Calvette "quien los exhortaba a dejar sus dineros en el cambio para su mayor comodidad y para agilizar la operativa comercial o personal de los depositantes".

En los casos de montos elevados se pagaba además un interés superior al de los bancos, según la investigación que permitió detectar "al menos tres cuentas". También figuraban "cuentas corrientes en el cambio" de sociedades comerciales en las que Francisco Sanabria tenía participaciones y operaba a través de ellas.

El dictamen sostiene que al fallecer Wilson Sanabria, Francisco devino en director de la empresa en marzo de 2016 y la utilizó "como medio para captar capital a través de los depósitos de su clientela, el que posteriormente era desviado hacia las cuentas de sus sociedades comerciales". El dinero se usaba para pagar los gastos corrientes y operativa de dichas empresas "no siendo posteriormente reembolsados a la cuenta" del Cambio. Como ejemplo se menciona que la "cuenta corriente" de una sola persona mantiene un saldo deudor cercano a los US$ 1,2 millones.

En paralelo, Francisco "mantenía un tren de vida fastuoso", sostiene el fiscal, quien cita a dos personas que lo definieron como "ostentoso" y alguien que "quería comprar con dinero cosas que no son comprables".

La investigación refleja que la seguridad de los empresarios era el contador Humberto Capote. Calvete dijo que "fue presidente del Banco Central" y "esa era la seguridad que teníamos ahí". A tal punto era importante Capote que la investigación concluyó que "los estados contables presentados al Banco Central (BCU) no permitieron tener conocimiento de información relevante por parte del supervisor, a través de una exposición notoriamente distorsionada de la operativa real, en relación a las normas contables vigentes". Es más, el BCU sostuvo que de reflejar la real operativa "hubiera permitido detectar irregularidades en forma temprana".

Sanabria declaró al respecto: "Yo nunca hubiera aceptado la responsabilidad de seguir adelante con la empresa si no hubiera tenido la seguridad de que ellos (por Calvette y Capote) estaban ahí, que me hubieran explicado lo que me explicaron... él tenía una amistad muy grande con mi padre". ¿Cuál fue la explicación? "El sistema de trabajo", respondió Sanabria según consta en el dictamen fiscal. Así "quedó probado que merced a los oficios de Capote el cambio pudo continuar con su actividad irregular sin ser controlada por el Banco Central".

Si bien el fiscal solicitó prisión para el contador, el juez Marcelo Souto lo dejó en libertad "emplazado y con cierre de fronteras" a la espera de "una serie de pericias".

Más allá de esto, Sanabria cuenta con seis denuncias por libramiento de cheques sin provisión de fondos que suman cerca de US$ 500.000.

Según la defensa de Sanabria que hizo Jorge Barrera y a la que accedió El País, "ha quedado demostrado que el dinero que se encontraba en el bolso de mi patrocinado tenía como objetivo afrontar el pago de los cheques sin fondo existentes al momento de su partida a Buenos Aires". Sanabria explicó en el juzgado, según escribió Barrera, que "necesitaba cubrir esos cheques antes de la semana de carnaval para que si negociaba la enajenación del establecimiento comercial no existiera ninguna denuncia penal pendiente".

En la defensa consta que al decir de Barrera "existieron una serie de decisiones de carácter empresarial y comercial que fueron negativas para la empresa, que generaron pérdidas importantísimas y que mi patrocinado por acción u omisión, no pudo revertir en pocos meses la muy mala situación financiera de la empresa. En este sentido no existió intención de cometer ningún ilícito, sino que todos los actos se realizaron a los efectos de poder generar ingresos económicos que permitieran honrar las obligaciones patrimoniales de los hoy damnificados".

A los cheques sin fondos se suman otras deudas. Si bien se presentaron concursos judiciales, según el fiscal "no existen atisbos de posibilidades ciertas de afrontar semejantes deudas". A esto se le agrega las irregularidades con los empleados (ver aparte).

"No estuve a la altura de las circunstancias", concluyó Sanabria en su extensa declaración ante el juez y el fiscal.

El dictamen del fiscal Rodrigo Morosoli sobre el caso del Cambio Nelson dejó en evidencia que fue demostrado que los casi 100 empleados del cambio "percibían retribuciones salariales no reflejadas adecuadamente en los recibos de sueldo". Además se estableció que a instancias de Francisco Sanabria se "remitía información falsa en cuanto a las asistencias de los empleados a sus puestos de trabajo, la que posteriormente era volcada al Banco de Previsión Social".

Se deja constancia en el dictamen que esta situación fue denunciadas por al menos 15 empleados de diversas sucursales, los cuales "consumado el cierre de la empresa concurrieron al Banco para acogerse a los beneficios de la seguridad social, beneficios que no pudieron gozar en virtud de las subdeclaraciones realizadas".

El presidente del BPS, Heber Galli, había informado que se pagará el subsidio por desempleo, pero por el monto declarado.

MALDONADO | MARCELO GALLARDO

El Ministerio del Interior dispuso ayer de mañana un nuevo lugar de reclusión para los tres procesados en la noche del sábado por el juez penal Marcelo Souto de Maldonado en torno al caso del Cambio Nelson. En una primera instancia el magistrado había solicitado al Ministerio del Interior que la reclusión de los procesados fuese por fuera del departamento de Maldonado, en Cárcel Central y bajo medidas de seguridad para preservar su vida.

Los procesados fueron enviados a Montevideo una vez que se elaboró el prontuario correspondiente en la Policía Científica de Maldonado.

Desde allí fueron trasladados en móviles de la Policía a Cárcel Central ubicada en San José y Yi en la capital. Empero, a primera hora de la mañana de ayer, y cuando los reclusos apenas trataban de instalarse, llegó la orden de enviarlos a otros puntos del territorio nacional en donde quedarán separados. El ex dirigente colorado y cambista Francisco Sanabria Barrios fue trasladado a primera hora de la mañana a la cárcel de Campanero, ubicada en el departamento de Lavalleja. El gerente de la firma, Nelson Calvette, fue a parar a la cárcel de "Piedras de los Indios" en el departamento de Colonia. En tanto, la contadora Soledad Ubilla fue alojada en la cárcel de mujeres, según trascendió.

Los delitos imputados son libramiento de cheques sin fondos, apropiación indebida y falsificación ideológica, según se desprende del dictamen fiscal. El cambio de cárcel provocó que algunos de los abogados que viajaron desde Maldonado para entrevistar a sus clientes se preocuparan por el tipo de alojamiento. Desde estos lugares serán trasladados a la sede del juzgado del Crimen Organizado de primer turno a cargo de la doctora Beatriz Larrieu. Lo mismo hacia Maldonado donde serán enjuiciados por los ilícitos.

CAMBISTA FUE A PRISIÓN