DRAMA DE LA SOCIEDAD QUE AGUARDA RESPUESTA LEGISLATIVA

Femicidio, un crimen sin nombre

Dos proyectos sobre “femicidio” duermen en el Parlamento desde hace más de un año.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Asesinatos de mujeres han provocado manifestaciones de organizaciones sociales. Foto: F. Ponzetto

Desde que el Poder Ejecutivo remitió en diciembre de 2015 un proyecto para tipificar el "femicidio", 48 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. La iniciativa todavía no ha sido aprobada.

En abril de 2016, el Instituto Nacional de Mujeres del Mides remitió otro proyecto, mucho más ambicioso, "para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género". Todavía no fue discutido.

Según las estadísticas del Ministerio del Interior divul-gadas el 30 de octubre pasado, 29 mujeres perdieron la vida en un año por violencia doméstica, 20 de ellas asesinadas por sus parejas o exparejas: un promedio de 1,6 víctimas por mes.

En lo que va de este año las cifras se han disparado. En dos meses se han cometido ocho asesinatos de mujeres, casi todos por hombres que convivían con las víctimas o habían tenido una relación de pareja. Hay dos casos —el de Shakira Techera y el de María Florencia Torreani, ambos en Montevideo— que siguen en la órbita de la Justicia.

El asesinato de la bailarina Valeria Sosa (29 años) que recibió dos balazos a quemarropa efectuados por su exmarido, un policía en actividad, fue el episodio que encendió las alarmas sociales, que no se han disipado hasta hoy.

Nadie se ha quedado sin reacción ante estos crímenes: ni el Ministro del Interior, ni los colectivos feministas, ni la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, ni los medios de comunicación, ni el fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien hace unos días escribió en su cuenta de Facebook: "Octavo femicidio del año. Que cada servidor público se haga cargo de sus acciones y omisiones".

El Fiscal no aclaró a quién o quiénes reprochaba sus "acciones y omisiones", pero los dos proyectos sobre "femicidio" que se mencionaban al comienzo de esta nota, siguen durmiendo un largo sueño en el Palacio Legislativo.

La bancada de legisladores del Frente Amplio quiere aprobar, al menos uno de ellos, para el 8 de marzo, Día de la Mujer.

Más penas.

El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015, modifica el artículo 312 del Código Penal añadiendo dos nuevas "circunstancias agravantes muy especiales" del homicidio:

La primera, cuando se comete "como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión, discapacidad u otra característica o condición de la víctima".

La segunda es el "femicidio" (un neologismo que no es ajeno a la polémica: la Real Academia Española no lo reconoce, aunque sí tolera "feminicidio").

El proyecto oficial define el término como el asesinato de una mujer "mediando motivos de odio o menosprecio".

En la actualidad, se considera "agravante" el homicidio que se comete contra el cónyuge o concubino, con penas que van de 12 a 24 años de penitenciaría. Si se aprueba la ley, las penas se incrementarían de 15 a 30 años.

El proyecto ha despertado críticas y resistencias, tanto entre actores judiciales como políticos. Hay jueces y abogados que consideran que el "femicidio" (aunque no con esa "nomenclatura") ya existe en la legislación uruguaya y que el aumento de penas no conduce a la reducción de los homicidios.

Hay cuestionamientos incluso en el Frente Amplio. En su página de Facebook, el sociólogo Rafael Paternain, suplente de Constanza Moreira en el Senado, criticó que se gobierne "a golpe de demagogia punitiva".

Una "ley integral".

Si el proyecto original de diciembre de 2015 sobre la penalización del "femicidio" es breve y no requiere ardua discusión —consta de un único artículo—, la "ley integral" patrocinada por el Mides y otras organizaciones sociales es más compleja, ambiciosa y controvertida. Consta de 103 artículos y disposiciones que abarcan la salud, la educación, las políticas públicas y los procesos judiciales.

Resumir su contenido en este espacio no le haría justicia al proyecto; sin embargo, conviene llamar la atención sobre algunos artículos.

Esta ley, por ejemplo, incluye en la concepción del "femicidio" a las mujeres trans. También destierra del Código Penal el término "violación", para incorporar la figura del "Abuso sexual", que castiga el acto por la fuerza, la intimidación o la amenaza incluso en el seno conyugal.

El abuso sexual "especialmente agravado" se considerará —dice el texto— "cuando se invade cualquier parte del cuerpo (...), a través de la penetración por insignificante que fuera, vía anal o vaginal, con un órgano sexual, otra parte del cuerpo o un objeto, así como la penetración vía oral con un órgano sexual, castigándose con una pena de 2 a 12 años de penitenciaría. La pena a aplicar, en caso de tentativa, nunca será inferior a dos años de penitenciaría".

En caso de que las víctimas de este delito hayan sido "un niño, niña o adolescente", será imprescriptible.

Imágenes.

Entre las nuevas normas penales previstas en el proyecto, se castiga la "divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo".

Una pena de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría podrá aplicarse a quien "difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización. En ningún caso se considerará válida la autorización otorgada por una persona de menos de 18 años de edad".

En esta norma, por ejemplo, podrían caber penas de prisión a quienes grabaron y difundieron en las redes sociales el video sexual de una joven uruguaya con varios hombres, en un baño público del Parque Santa Teresa, en Rocha.

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