Pasaje de ida y vuelta

Una de las familias sirias viajó a Serbia

Una familia siria de las cinco refugiadas en Uruguay desde octubre de 2014 viajó a Europa con pasajes de ida y vuelta y con un "documento de identidad y viaje" expedido por la Cancillería. La Secretaría de Derechos Humanos, que depende de la Presidencia de la República, dijo en un comunicado estar "al tanto de este viaje" y recordó que estas familias, "al igual que cualquier persona", tienen el derecho a salir "de cualquier país, incluso del propio y a regresar a su país".

Según el canciller Rodolfo Nin Novoa, el país al que viajó la familia siria es Serbia, donde al parecer tienen familiares.

La institución de derechos humanos destaca que la compra de los pasajes para el viaje, que tuvo lugar este miércoles, no se realizó con fondos de la Secretaría "ni con ningún otro tipo de fondo público".

En octubre de 2014, cinco familias sirias, compuestas por 42 personas y en su mayoría niños, víctimas de la guerra civil que sufre su país desde 2011, llegaron a Uruguay por decisión del gobierno del entonces presidente José Mujica.

La llegada de otras siete familias —72 personas— estaba prevista para febrero de este año, pero fue postergada para finales de 2015 por decisión del presidente Tabaré Vázquez.

Nin Novoa señaló el pasado 20 de julio que Uruguay no va a entrar en un "default humanitario", pese al costo de una operación que en total supone la llegada al país de 120 sirios, y apeló "a la sensibilidad y a la solidaridad" frente al "drama de estas familias".

Según el canciller, cada familia residirá, separadamente, en viviendas rurales facilitadas por el gobierno, con el fin de que puedan cultivar una huerta, criar animales y ser autosuficientes, y a los jefes del hogar se les ayudará a obtener un trabajo remunerado.

La idea es evitar lo que le pasó a los primeros 42 sirios, que fueron instalados todos juntos inicialmente.

La Intendencia de Salto se comprometió a recibir una de las familias sirias que llegará a Uruguay sobre fin de año y prevé instalarla en la Colonia Osimani.

La decisión fue tomada luego de una reunión entre Andrés Lima, intendente salteño, y Javier Miranda, secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, según informó el diario Cambio.

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