DEMANDA CIVIL

Familia de Valeria Sosa demandará al Estado por US$ 600.000

La demanda será pordaño moral, perjuicios y lucro cesante.

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Homenaje a Valeria Sosa. Foto: Fernando Ponzetto

La madre y los hermanos de Valeria Sosa, la bailarina que fue asesinada por su ex pareja, iniciarán en las próximas semanas una demanda civil contra el Estado por daño moral, perjuicios y lucro cesante, según confirmó el abogado de la familia, Ignacio Durán.

Lo primero es la concreción de una instancia previa de conciliación. Posteriormente, se presentará una demanda que, según estima el abogado, podría llegar a ser de unos US$ 600.000.

“No quiere decir que sea la cifra definitiva, es un cálculo según bases jurisprudenciales, es la base para empezar el diálogo”, dijo.

La demanda civil es por la “responsabilidad manifiesta y evidente en el protocolo de actuación policial”, explicó Durán a El País.

El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió que por lo menos 19 efectivos dependientes de su cartera no actuaron de manera adecuada en el caso. De hecho, ya fueron separados del cargo. El Ministerio indicó en distintos documentos públicos que el homicidio “pudo y debió” ser evitado.

Valeria denunció las actitudes violentas y las amenazas de las que era víctima pero nunca fue atendida como correspondía, según la propia repartición estatal.

Más allá de que Interior asumiera públicamente su responsabilidad en el caso, la familia de la víctima jamás recibió una muestra de preocupación oficial desde el punto de vista humano.

“A la madre de Valeria nadie del Minsiterio la llamó para saber cómo estaba”, dijo el abogado Durán.

Víctima.

Valeria Sosa tenía 29 años en el momento de su muerte. Era madre de dos chicos de 7 y 11 años, fruto de su matrimonio con un efectivo policial del que se había separado.

El asesino utilizó su arma de reglamento para matarla delante de sus hijos. La juez de familia resolvió que los pequeños quedaran en manos de su familia paterna, fallo que provocó polémica y que todavía está por resolverse en los tribunales correspondientes.

Hasta que surja un fallo definitivo la familia no realizará acciones civiles contra el Poder Judicial, explicó Durán. Agregó que la situación de los menores sigue en manos de la abogada Virginia Cáceres.

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