MÁS RECLAMOS DE REFUGIADOS

Familia siria pide más dinero e irse del país

El gobierno rechazó en un comunicado darles más apoyo.

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Familia siria que acampó en Plaza Independencia tiene asignadas 35 hectáreas. Foto: F. Flores

El gobierno evalúa que el programa de apoyo a las familias sirias que llegaron al país en 2014 ha dado resultados heterogéneos y en algunos casos positivos, pero también reconoce que el núcleo familiar de 15 personas instalado en Salto no está usando las posibilidades que el Estado le ha dado y sus perspectivas no son claras.

Ayer parte de la familia se reunió con el secretario de Derechos Humanos, Nelson Villarreal, y le pidió una mayor asistencia financiera e irse del país. El organismo emitió un comunicado en el que señala que "esta Secretaría comprende la dificultad, pero hemos llegado hasta aquí con todos los apoyos que podemos dar".

Villarreal les dijo a los sirios que la posibilidad de que puedan viajar a otro país dependerá de que algún Estado extranjero les conceda visas. "Hay otras familias, que también deben enfrentar dificultades, que se están integrando y adaptando, realizando para esto muchos esfuerzos", dice el comunicado.

La familia, compuesta por los padres y 13 hijos está instalada en 35 hectáreas de la colonia Osimani Lerena, al norte de la ciudad de Salto y muy cerca de la represa de Salto Grande. Ayer por la tarde varios de sus miembros se instalaron en una carpa en la Plaza Independencia frente al edificio de la Presidencia.

Fuentes del programa explicaron a El País que, al igual que las otras familias, esta tiene asignados US$ 3.000 no reembolsables para llevar adelante un microemprendimiento productivo. En este caso, la opción elegida era la elaboración de quesos porque se entendía que podía resultar en un margen de ganancia interesante para la familia que tenía asignados recursos para comprar tres vacas. Pero sus miembros no cumplieron ninguno de los tres requisitos que se les plantearon: que las personas que iban a ordeñar tuvieran carné de salud, que hicieran un curso de manipulación de alimentos y que se registrasen para el denominado monotributo social, explicaron las fuentes.

Los informantes aseguraron que las otras familias tienen una actitud más proactiva y están buscando llevar adelante proyectos de transporte, servicios y venta de ropa.

En el caso de la familia instalada en Salto hay un factor de tipo cultural que lo complica todo. Los padres tienen la firme determinación de irse del país y los niños y adolescentes, si bien en algunos casos preferirían quedarse, no cuestionan —quizás por la cultura de la que provienen—, la decisión paterna explicaron las fuentes.

Los niños de la familia ya dominan el español y todos concurren a la escuela y los adolescentes también asisten a centros educativos (ya sea liceos o UTU) o reciben capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. "Todos los menores de 18 años están haciendo algo. Hay familias que están realmente bien insertas que están trabajando, que tienen su vida más o menos armada en Uruguay", aseguraron las fuentes.

Actualmente la familia que está en Salto recibe $ 40.000 y asesoramiento técnico de un ingeniero agrónomo que los ha aconsejado, por ejemplo, respecto a qué semillas utilizar. Hasta octubre pasado, además, un intérprete acompañaba en todo momento a la familia, dijeron las fuentes.

Hasta marzo del año próximo la familia recibirá dinero. "No es que lo que está planificado es soltarles las manos de un golpe. Es un proceso de transición", dijeron las fuentes. Los apoyos iban a terminar en octubre del año pasado cuando se cumplieron dos años de la llegada de los sirios y se decidió extenderlos, por última vez, para todas las familias

La familia que ahora está en Salto estuvo antes en Juan Lacaze (Colonia). Allí el jefe de familia agredió a la funcionaria de ONU, Michelle Alfaro, lanzándole objetos e incluso estuvo detenido. Alfaro había venido de Buenos Aires para conocer la situación de la familia.

Las familias sirias suman 45 personas. En Montevideo hay tres núcleos familiares, en Piriápolis hay uno y el otro está en Salto. Llegaron durante el gobierno del expresidente José Mujica, escapando de la prolongada guerra civil en su país y si bien el Estado uruguayo había asumido el compromiso de recibir otro grupo, el presidente Tabaré Vázquez decidió dejarlo sin efecto.

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