UN TEMA QUE REGRESA

El FA ratifica que quiere reformar la Constitución

Buscará hacerlo en este período de gobierno; descarta una Constituyente.

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El astorismo no lo considera prioritario, pero otros sectores sí. Foto. F. Ponzetto

El Frente Amplio reafirmó su voluntad de seguir adelante con la propuesta de reformar la Constitución en lo que resta de este período de gobierno para asegurar lo que entiende que han sido "logros" de su administración.

La definición está incluida en un documento borrador sobre Estrategia Política que fue presentado la semana pasada ante la Mesa Política de la coalición de izquierda. Según se indica en el documento, "independiente de la oportunidad y los tiempos para su realización —tema que está planteado para su resolución política— se entiende necesaria la realización de una reforma constitucional".

"El fortalecimiento de la democracia y la consolidación de los procesos de transformación que hemos realizado en la sociedad uruguaya, así como la restitución y ampliación del ejercicio de derechos de ciudadanos y ciudadanas, requieren de una transformación de la base institucional que los garantice", se argumenta en el documento.

El tema está pendiente de definición y será abordado en el Plenario Nacional de mayo, donde se debería elegir la vía por la cual la coalición de izquierda impulsará la reforma que se viene postergando por diversas razones desde hace años.

Quizás la más fuerte de ellas sean las discrepancias internas. El grupo liderado por el ministro de Economía Danilo Astori, Asamblea Uruguay, se opone a la reforma al entender que no es oportuna en este momento dado que hay otros temas en cuestión que deberían ser prioritarios como la pérdida de las mayorías parlamentarias por parte del oficialismo y la aprobación de la Rendición de Cuentas que debe ser enviada al Parlamento antes del 30 de junio.

En la vereda de enfrente de esta posición están el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), todos proclives a comenzar de una vez por todas el camino hacia una reforma de la Constitución.

La vía por la cual implementar la reforma también genera diferencias. El Partido Socialista y los comunistas son los únicos que hoy por hoy defienden la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. El resto de los sectores se inclina por la recolección de firmas para plebiscitar un proyecto de reforma de la Carta Magna. El representante de la Vertiente Artiguista en la comisión que analiza el tema a nivel del Frente Amplio, Daoiz Uriarte, dijo a El País que desde su punto de vista personal "los tiempos ya no dan para pensar ni por asomo en una Asamblea Nacional Constituyente".

"Creo que está descartado por la realidad, porque pensar en largar una Constituyente ahora no da", afirmó el dirigente. Para concretar tal instancia hay que elegir el doble de los integrantes del Parlamento.

Sin embargo, aseguró que el planteo de reforma constitucional "sigue firme". "Como tenemos varias posibilidades, por ejemplo la recolección de firmas, podemos seguir adelante. La estrategia es ir hacia una reforma constitucional", aseguró.

Los temas.

La reforma constitucional que impulsará el Frente Amplio aborda 10 puntos. Allí figura la reforma del Poder Judicial, en el entendido de que se debe "mejorar el funcionamiento al efecto de contribuir al acceso de la población a la Justicia".

La idea de la coalición es "garantizar un Poder Judicial independiente, imparcial, eficiente, eficaz y oportuno que sea el último garante de los derechos". Para eso se plantea "procurar" el mejor sistema para la selección, la designación, el ascenso y la capacitación de los jueces.

Además, hay acuerdo para redefinir el veto presidencial, reducir al mínimo las esferas que no tengan control parlamentario y "potenciar" las comisiones investigadoras parlamentarias, así como rediseñar el control de constitucionalidad de las leyes.

Asimismo, se propone la consagración del voto desde el exterior de los uruguayos que allí residan y la modernización del derecho de propiedad incorporando las nuevas realidades de la propiedad social, comunitaria y cooperativa. La posibilidad de habilitar el voto desde el exterior ya fue rechazada en un referéndum realizado en forma simultánea con las elecciones de 2009.

Sin embargo, hay otras propuestas para reformar la Constitución que no generan consenso en el Frente Amplio. Por ejemplo la consagración constitucional del Sistema Nacional de Cuidados, la necesidad de introducir disposiciones sobre la relación entre los empresarios y los trabajadores en lo relacionado a la gestión de los medios de producción, y la inclusión en la carta magna del concepto de renta básica.

En esta lista de desacuerdos también figuran cuestiones electorales como la modificación en la "reglamentación" del actual sistema de balotaje en las elecciones nacionales y la marcha atrás con la separación de los comicios nacionales y departamentales adoptada tras la última modificación constitucional. Algunos grupos del oficialismo son partidarios de habilitar el voto cruzado.

El artículo 331 de la Constitución establece cuatro procedimientos de reforma. En todos ellos, la última etapa necesariamente es un plebiscito.

El primero se denomina "de iniciativa popular" y debe ser impulsado por el 10% de los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico. Estos proyectos junto con otros alternativos que la Asamblea General pueda proponer, se someten a plebiscito en forma simultánea con las elecciones nacionales siguientes.

El segundo mecanismo sería el de iniciativa de los legisladores, que requiere la adhesión de dos quintos de los miembros de la Asamblea General y que también se somete a consideración en plebiscito junto con las elecciones.

El tercer mecanismo es el llamado de "leyes constitucionales", que exige un proyecto aprobado por dos tercios de cada una de las cámaras que conforman el Poder Legislativo. En este caso, la fecha del plebiscito es determinada en el propio proyecto.

Por último, también está el camino que involucra la Convención Constituyente, que supone que la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General impulse una elección de convencionales, que son el doble de los legisladores, para que específicamente se dediquen a deliberar y resolver sobre proyectos durante un año, para luego sí someterlos a plebiscito en una fecha especial que se determine.

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