PARLAMENTO

El FA prepara cambios para el abuso de funciones

Se analizan tres propuestas distintas de nueva redacción

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Diputados aprobó el polémico artículo de la Rendición. Foto: Ariel Colmegna

Todo indica que no se derogará el delito de abuso de funciones como votó el Senado, pero la mayoría del Frente Amplio entiende que es tiempo de modificar el polémico artículo 162 del Código Penal.

Eso fue lo que se dejó entrever ayer en la Mesa Política de la coalición. Solo algunas bases de Montevideo, el Nuevo Espacio y la Lista 711 (del vicepresidente Raúl Sendic) hablaron a favor de la derogación del abuso de funciones. De todos modos, el sector que lidera el senador Rafael Michelini -autor del proyecto de ley para derogar el delito- también se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo.

Hay tres propuestas en juego. Una realizada por el expresidente de la Vertiente Artiguista Daoiz Uriarte y tomada por el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), otra del Partido por la Victoria del Pueblo y una tercera de la Liga Federal, liderada por el diputado Darío Pérez. La primera de todas es la que tiene mayor eco dentro de la coalición de izquierda.

La propuesta de Uriarte, catedrático de la UdelaR, que ya fue presentada en la legislatura anterior, establece como abuso de funciones la violación de una ley en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de la Administración pública.

“La principal objeción a la derogación es que hay dos normas internacionales que tienen el delito de abuso de funciones. Pero claro, no lo tienen con la aberración que tenemos nosotros, sino definida de otra manera”, señaló Uriarte. El abuso de funciones está aceptado por la Convención Interamericana contra la corrupción como la Convención Internacional contra la corrupción.

El PVP plantea que el funcionario público que “ejecutare actos ilegales que perjudiquen financieramente o moralmente al Estado, aún sin beneficio económico para sí o para terceros” incurre en abuso de funciones. Este concepto fue propuesto por la Junta de Ética y Transparencia Pública.

Según Uriarte, derogar el abuso de funciones “es un exceso, pero mantenerlo tal cual está también (...) Creo que la Jutep está equivocada al hacer un proyecto que habla del daño moral al Estado, me opongo terminantemente”, afirmó. En su opinión, la corrupción debe estar ligada al daño económico.

La tercera alternativa fue redactada por la Liga Federal y establece una pena que puede ir de 12 meses de prisión a 12 años de penitenciaría, cuando en la actualidad la pena máxima son tres años de prisión.

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