PROPUESTA NACIONALISTA

FA define si apoya legislar sobre sociedades anónimas estatales

Esta semana responderá si respalda la creación de una comisión con fines legislativos.

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Hay varias iniciativas para incrementar los controles de las sociedades estatales. Foto: F. Ponzetto

El oficialismo responderá mañana a la propuesta nacionalista de crear una comisión con fines legislativos sobre la gestión de los dineros públicos bajo figuras propias del derecho privado. La iniciativa está a estudio de la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes y será analizada mañana en la bancada frenteamplista de la Cámara de Representantes, informó a El País el diputado Jorge Pozzi, que es su coordinador.

La creación de la comisión es impulsada por el diputado blanco de Paysandú, Nicolás Olivera (Alianza Nacional). Olivera señaló a El País que existen más de 30 sociedades anónimas del Estado, que entre los años 2011 y 2013 recibieron fondos públicos por al menos US$340 millones. Si bien actúan bajo el derecho privado, contratan directamente con el Estado y no poseen un régimen de control estatal específico, recordó. Reúnen a más de 3.000 funcionarios. Algunas de ellas son Alcoholes del Uruguay (ALUR, dedicada a las biocombustibles), Ducsa (distribuidora de combustibles de Ancap), CABA SA (bebidas alcohólicas, actualmente a la venta) y Gas Sayago (conformada para construir la regasificadora, proyecto que quedó trunco). Olivera señaló que la comisión debería resultar en un proyecto de ley consensuado entre todos los partidos políticos.

Los servicios jurídicos de la cámara ya informaron que no habría impedimentos para la conformación de esa comisión. Su iniciativa no apunta a crear una comisión investigadora sino a informar, asesorar y legislar para, entre otros objetivos, diseñar un manual de buenas prácticas para estas entidades.

Olivera comentó que hay una "fragmentación" en la regulación de estas entidades y que en el marco de la llamada "huida del derecho administrativo" se han gestado estas personas jurídicas que funcionan bajo el régimen de derecho privado, aún cuando son de propiedad pública, que se financian con dineros del Estado, pese a lo cual no son objeto de contralor por parte del Tribunal de Cuentas de la República. Pozzi no quiso adelantar cuál será la postura del oficialismo.

Un aspecto delicado es la política de personal de estas instituciones. "Convoqué a ALUR al Parlamento hace un mes y no supo explicar cómo ingresó el 20% de su plantilla. Es grave más allá de que dicen que no tienen que hacer concurso, que pueden contratar como sociedades anónimas. El actual directorio tiene como política hacer concurso pero respecto a lo que hicieron antes dicen, "no sabemos", señaló. En Alur, según el legislador, es evidente la falta de controles. De hecho, la empresa ha ordenado la realización de varias auditorías. En marzo pasado Olivera denunció que ALUR (que integra el grupo Ancap) pagó a un proveedor US$ 100.000 cuando debía pagar en realidad $ 100.000. La situación derivó en la separación del cargo de tres funcionarios de ALUR y en una denuncia penal contra ellos.

Olivera solicitó además al directorio del Partido Nacional que integra que invite a una sesión ampliada a los directores blancos de las empresas públicas para analizar el tema.

Ya se presentó por parte del diputado colorado Conrado Rodríguez un proyecto de ley que tiene por finalidad legislar sobre las operaciones financieras de sociedades anónimas de los entes. Para Rodríguez "es necesario legislar para que sea el Poder Legislativo, el que autorice o no las operaciones financieras de las empresas subsidiarias del Estado"

A su vez el diputado blanco Pablo Ithurralde presentó el año pasado un proyecto de ley que apunta a incorporar a las entidades de propiedad estatal que se manejan en el derecho privado a los controles de legalidad que realiza el Tribunal de Cuentas para evitar perjuicios al Estado. Ithurralde contó a El País que se reunió con ministros del organismo de contralor que le señalaron que este estaba en condiciones de realizar esa tarea. Ithurralde reconoció sí que al tribunal a veces le "cansa" que sus observaciones no sean tenidas en cuenta.

La iniciativa de Ithurralde no ha sido tratada por el plenario de la Cámara de Representantes. Apunta a extender los controles del tribunal a todas las administraciones públicas, sean estatales o no así como las sociedades anónimas que pertenezcan total o parcialmente a entidades públicas. Ithurralde proponía que "cuando el Tribunal de Cuentas constate que cualquier ordenador de gastos y pagos mantiene una conducta reiteradamente observada en el manejo de fondos públicos, dará cuenta a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) a fin de que ésta examine su actuación y disponga o sugiera a quien corresponda las sanciones que puedan proceder en el orden político, disciplinario, civil o penal".

Proliferan las sociedades

- Desde 2005 hasta 2014 , cuatro empresas públicas constituyeron diez sociedades anónimas. Tres eran de Ancap, otras tres de UTE, dos de Antel y dos de OSE.

- El hecho de regirse por derecho privado deja sus procedimientos de compra, contratación, inversiones, etcétera, al margen del contralor del Tribunal de Cuentas o la Auditoría Interna de la Nación. En 2014 los salarios del cuerpo gerencial oscilaban entre los $ 106.000 y los $ 278.000 mensuales.

- La necesidad de agilitar procedimientos para acelerar obras condujeron a los dos gobiernos del Frente Amplio a aumentar el ritmo de creación de las sociedades anónimas. Un ejemplo: Ancap tiene acciones en Ducsa, Gasur, Talobras, Ancsol, Alur, Caba (bebidas) Cementos del Plata, Conecta (gas natural), Gasoducto Cruz del Sur, Pamacor, Gas Sayago y Asistencia Técnica y Servicios.

El FA recupera el voto 50 y hay otro escenario

Profundo y prolongado silencio. Esa es la postura que adoptaron parlamentarios de todos los partidos luego que se hiciera público que el diputado Gonzalo Mujica luego de la Rendición de Cuentas dejará la banca en Diputados, lo que permitirá al Frente Amplio recobrar la mayoría parlamentaria en la Cámara Baja.

Sin embargo, dentro de la oposición consideran que el hecho de que el Frente recupere el voto 50 igual "dejará expuestas" las crecientes diferencias internas dentro del oficialismo.

El diputado blanco Pablo Abdala dijo que el Partido Nacional va a seguir planteando asuntos porque "podemos perder la votación pero podemos ganar el debate". En ese sentido, apuntó que "para el Frente Amplio recobrar la mayoría no es garantía de nada porque las diferencias internas son particularmente importantes porque está más que nunca dividido ideológica y programáticamente. " Entonces el bloqueo va a venir por la vía de las diferencias internas y eso lo dejan en evidencia las posturas frente a la interpelación del canciller (Rodolfo) Nin Novoa".

Por su parte, el diputado colorado Germán Cardoso comentó que el panorama cambia para la sociedad porque a través de esta realidad (la pérdida de la mayoría parlamentaria) la sociedad recuperaba la existencia de ámbitos mínimos de diálogo y de conseguir consenso que desde 2005 se habían perdido porque las decisiones las tomaba la Mesa Política del Frente Amplio y después arrasaba".

Iván Posada, representante del Partido Independiente, cree que "queda amputada toda posibilidad de tener la expectativa de que se den ciertas discusiones o la conformación de comisiones investigadoras". "El problema que tendrán es que el partido de gobierno vive una situación compleja por diferencias de enfoques que han quedado expuestas, como en el caso de Venezuela" "Recobrada la mayoría, ésta jugará como una presión para que no se den desalineamientos", opinó.

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