Rossi, Gatti y Minvielle son las propuestas del partido de gobierno.

Ricardo Pérez Manrique recogió sus cosas del despacho y se despidió de los funcionarios. Ayer fue su último día como ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Ahora es turno de los partidos políticos para que negocien el nombre que completará la conformación del máximo órgano del Poder Judicial. El tema debe resolverse a nivel de la Cámara de Senadores; allí están los líderes de cada partido político. Los legisladores tienen un plazo de 90 días para decidir el sucesor de Pérez Manrique. La Constitución establece que la votación en Asamblea General sea por dos tercios del total de miembros (de los 130), o sea que el oficialismo precisa negociar porque le faltan 22 votos para llegar a esa mayoría.

Si no hay acuerdo político luego de ese plazo ingresará el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad. De ser así ingresará Selva Anabel Klett Fernández.

Sin embargo, el partido de gobierno pretende alcanzar un acuerdo político ya que tiene otros nombres para proponer.

La coalición de izquierda insistirá con María Rosina Rossi Albert; quien ya fue rechazada por los blancos en la pasada negociación de febrero de este año cuando ingresó Eduardo Turell Araquistain a la SCJ.

Los otros dos nombres que el Frente Amplio propondrá a la oposición serán Bernadette Minvielle Sánchez; quien está segunda en el orden de antigüedad y la jueza Graciela Gatti, que actualmente actúa como ministra del tribunal de Apelaciones de la Dirección de Gestión de Proyectos del Poder Judicial.

Klett ya ha estado en consideración en anteriores discusiones y en la oposición está bien conceptuada por su alta calidad técnica, explicaron dirigentes de la oposición. Pero para el oficialismo Klett dejó de ser una opción en la última negociación.

La comisión que trabajará en el tema tendrá dirigentes de todos los partidos políticos y se reunirá en las próximas semanas por primera vez. Parte de la oposición pretende ampliar el acuerdo y negociar los ingresos futuros en la SCJ y órganos de contralor por el resto del periodo de gobierno.

Esta idea fracasó en las conversaciones de febrero.

INTEGRACIÓN DE LA SCJ