La bancada resolvió por unanimidad habilitar la instancia pedida por Unidad Popular.

Después de una larga discusión interna, el Frente Amplio decidió habilitar la investigadora sobre presuntas irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). La comisión impulsada por el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, se aprobará por unanimidad.

"El Frente Amplio considera que la gran mayoría de las cosas que la denuncia tiene ya están en proceso de resolución porque son cuestiones administrativas o judiciales que se denunciaron. A pesar de todo, consideramos que se tiene que habilitar la investigadora porque no hay nada fuera de lugar", señaló el coordinador de la bancada, Jorge Pozzi, a El País.

La coalición de izquierda hará un informe en mayoría, diferente al de la oposición en la comisión preinvestigadora. Ayer, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, opinó en la bancada que si se habilitaba la instancia parlamentaria se colocaba en "desconfianza" a la gestión del oficialismo.

En la reunión, el Movimiento de Participación Popular (MPP) marcó su posición contraria a habilitar una investigadora, dado el temor de que se terminara en "un circo" y el Partido Comunista coincidió con en este punto, al igual que la lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic.

Por su parte, la Liga Federal de Darío Pérez fue el sector que más defendió la instancia y nunca se movió de su postura. El Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) compartieron esta posición.

El Partido Socialista era partidario de una comisión con fines legislativos, pero al final manifestó su voluntad de aprobar la investigadora. Tras la discusión, ninguna de las dos posturas alcanzó los votos; en ese momento se reconsideró el asunto y se habilitó la investigadora por unanimidad, dijeron fuentes políticas a El País.

En el fundamento de la comisión solicitada por Rubio —para investigar la gestión de la ASSE desde el 2008 a la fecha y la estafa al Fonasa— se sostiene que en la complementación de servicios "pierde lo público y gana lo privado", según el documento al que accedió El País.

Para afirmar que el régimen por el que funciona ASSE no es transparente se argumenta que en la auditoría externa, realizada en el 2014, se da cuenta que de las 70 unidades ejecutoras solo prestaron información 29. En tanto, en una auditoría interna, efectuada el mismo año, indica que solo 20 unidades presentaron documentación y "todas tenían irregularidades".

Según el texto de la denuncia, las irregularidades se dan en tercerizaciones, en la contratación de servicios médicos o de traslados. En tanto, se sostiene que "es usual esperar al vencimiento de contratos sin llamar a una nueva licitación", por lo que se termina contratando en forma directa a la misma empresa. Además, Rubio afirma en la denuncia que "llama la atención" la repetición de las mismas empresas en las diversas unidades ejecutoras.

"En contratación de servicios médicos, como análisis clínicos, camas de CTI o estudios el incremento de gastos ha sido exponencial e inexplicable", afirma la denuncia. Por ejemplo, una misma tomografía puede costar el doble de un departamento al otro. "Se repiten situaciones en las que funcionarios de ASSE con capacidad de decisión contratan a sus propias empresas para venderle servicios al organismo", relata la denuncia.

Darío Pérez y Sergio Mier, ambos diputados de la Liga Federal conocidos como "rebeldes", tienen una definición de votar las investigadoras parlamentarias que tengan una justificación. La definición se tomó en la dirección del sector que se reunió el mes pasado, después de que en 2016 la Liga Federal no habilitara una investigadora por negocios con Venezuela.

La denuncia sostiene que "es usual esperar al vencimiento de contratos sin llamar a una nueva licitación", por lo que se termina contratando en forma directa a la misma empresa.

Se argumenta que en contratación de servicios médicos como análisis clínicos y camas de CTI el incremento de gastos "ha sido exponencial" e "inexplicable".

Una misma tomografía puede costar el doble de un departamento al otro. ASSE no fija un precio común por el pago de los servicios.

Se repiten situaciones en las que funcionarios de ASSE con capacidad de decisión contratan a sus propias empresas para venderle servicios al organismo.

El 20% del presupuesto de ASSE se destina a las empresas privadas de salud.

En el Hospital Vilardebó se da cuenta que las medias horas de descanso y las horas de supervisores estaban a cargo de la empresa de limpieza, pero sin embargo se validaban como horas a pagar por ASSE.

En las contrataciones del Hospital Pereira Rossell no surgió acreditado el depósito legal obligatorio para contratación de servicios de albañilería y pintura.

Por otra parte, se pide investigar "a fondo" la estafa al Fonasa para establecer o descartar responsabilidades que permitiera la filtración de datos de usuarios del sistema de salud.

VALERIA GIL

EN BUSCA DE IRREGULARIDADESVALERIA GIL