Choque de poderes del Estado

El FA acusa a la SCJ de "avasallar" al Legislativo

Pronunciamiento de Asamblea Uruguay ante fallos de inconstitucionalidad.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
El 1° de febrero asumió Ricardo Pérez Manrique como presidente de la SCJ. Foto: A. Colmegna

Asamblea Uruguay, el sector del ministro de Economía Danilo Astori, se sumó al Movimiento de Participación Popular (MPP), del senador y expresidente José Mujica, a los cuestionamientos a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que en el actual gobierno del Frente Amplio ha tenido una relación muy difícil con el Poder Ejecutivo.

Además de las diferencias de tipo económico, dado que la SCJ fue ignorada a la hora de repartir recursos en la ley de Presupuesto para estos cinco años del gobierno de Tabaré Vázquez, el nuevo cuestionamiento que llega desde el Frente Amplio tiene que ver con la antigua disputa entre los poderes Ejecutivo y Judicial que data de 2011, cuando Mujica era presidente.

Ahora, el sector de Astori acusa a la SCJ de "avasallamiento" sobre "las competencias exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo". Además, Asamblea Uruguay "alerta sobre el riesgo institucional que significa que a través de tres sucesivas declaraciones de inconstitucionalidad se impida, por razones formales (algunas absolutamente falsas) o de distinta interpretación por parte del Poder Judicial, el pleno ejercicio de las potestades indelegables del Poder Legislativo".

Interpretación.

El problema se originó en 2011, cuando en la ley de Presupuesto que entró a regir ese año el Poder Ejecutivo tuvo la intención de mejorar las remuneraciones de los ministros del gabinete e incluyó un artículo que equiparó los salarios de los secretarios de Estado al de los legisladores.

La redacción dada a la norma dejó abierta la posibilidad de que el aumento salarial (26%) también incluyera a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

Para evitar reclamos salariales de miles de funcionarios judiciales enganchados en la escala de sueldos a los ministros de la Corte, el Poder Legislativo aprobó en 2014 la ley 19.310, interpretativa, en la que estableció que los aumentos regían solamente para los ministros del Poder Ejecutivo.

En esa época un grupo de 3.586 funcionarios administrativos y actuarios del Poder Judicial presentó un juicio por US$ 56 millones por aumentos salariales impagos desde abril de 2011 ya que el Poder Ejecutivo de ese momento se negó a pagarles. El monto surgió de los intereses y reajustes para cada caso desde esa fecha hasta la actualidad, dijo entonces el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Raúl Vázquez.

Para agravar la relación entre poderes, en noviembre de 2015 varios artículos de la ley 19.310 fueron declarados inconstitucionales por la Corte, lo que abrió la puerta a que jueces y ministros del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral también presentaran reclamos.

La declaración de Asamblea Uruguay aprobada ahora explica que los ministros de la Suprema Corte de Justicia "son dotados de una partida de vivienda cobrada en efectivo y sin rendición de cuentas" y que con ello "superan las dotaciones de los Ministros de Estado".

También hay una objeción a la actitud de la Corte declarando la inconstitucionalidad de esos artículos porque hay que tener en cuenta que "quienes deciden sobre ello están directamente vinculados con superiores, pares y subordinados que tienen un interés personal y directo en niveles salariales y eventuales reclamos sobre los mismos".

Más reclamos.

La reacción de la bancada del sector de Astori viene a ser considerada como una réplica a las nuevas declaraciones del flamante presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, quien a comienzos de este mes cuando asumiera su cargo reiteró la necesidad de mejorar el diálogo con el Poder Ejecutivo y de recibir más recursos para afrontar el año, dado que en la ley de Presupuesto este poder del Estado no fue atendido.

Según dijo Pérez Manrique se ha solicitado una asistencia de $ 147 millones para poder financiar un déficit que llegaría a los $ 74 millones este año, $ 50 millones de mantenimiento y finalización del Centro de Justicia de Maldonado y otros $ 20 millones que requeriría de no haber prórroga a la entrada en vigencia del nuevo Código Aduanero. "No pretendemos el 100% de los reclamos" pero "necesitamos salir del estado de estancamiento", remarcó.

La Suprema Corte con apenas 0,8%.

Cuando en septiembre de 2015 los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), entonces presidida por Jorge Chediak, fueron a defender su propuesta presupuestal para el período 2015-2020 ante las comisiones del Parlamento, ya se veían venir la situación. El ministro Ricardo Pérez Manrique, hoy presidente de la corporación, señaló entonces que el Poder Judicial recibe una cifra equivalente al 1,20% del total del Presupuesto pero sin nuevos incrementos al finalizar el quinquenio lo adjudicado será de 0,80% del global. Los integrantes de la corporación fueron enfáticos en señalar que ese porcentaje es menor al que disponían luego de la crisis de 2002. "Por primera vez en un Presupuesto el inciso 16 del Poder Judicial no figura", se lamentó entonces Chediak.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)