Un retirado militar tenía 41 armas: pistolas, revólveres y escopetas adquiridas legalmente. Junto a su hijo, armaron un lucrativo "negocio": las alquilaban o las vendían a delincuentes.

"Este expediente desnuda las vulnerabilidades del sistema de registro de armas. En el contexto de la nueva ley de armas, este sistema deberá mejorar", dijo a El País el juez del caso, Gabriel Ohanián.

El "almacén", que usaban padre e hijo como pantalla, era una parrillada en el barrio Colón. El negocio funcionó sobre ruedas durante dos años: las armas eran compradas en armerías con el carnet del retirado militar de 79 años, y su hijo, de 42, las pagaba.

Sin embargo, en noviembre del año pasado comenzaron los problemas. Se suscitó un tiroteo entre vecinos en la jurisdicción de la Seccional 17 (Mendoza). Uno de los protagonistas del incidente huyó y tiró su arma detrás de un muro de la casa. Los policías, que lo seguían de cerca, la incautaron. El arma estaba registrada a nombre del retirado militar.

En enero de este año, dos individuos rapiñaron una panadería en jurisdicción de la Seccional 16 (Maroñas), y huyeron en una moto.

A pocas cuadras fueron detenidos por efectivos de la Zona III. Los policías decomisaron una pistola usada en el atraco. En el registro de armas de la Policía Científica, aparece otra vez el nombre del retirado militar.

El tercer caso en que también se encontró un arma del exmilitar fue más grave. El 15 de marzo de este año, Nicolás G. circulaba en un auto con tres secuaces por el barrio Peñarol. Dos individuos, que iban en una moto, les dispararon. Nicolás G. recibió varios impactos de bala. Los cómplices del herido lo llevaron hasta la emergencia del Hospital Policial y dijeron: "Lo tirotearon. Lo encontramos caído en la calle".

Nicolás G. murió poco después de ingresar al centro asistencial. Minutos más tarde, los cómplices se dirigieron hacia la casa de la madre del muerto. "Señora, hirieron a su hijo. Está en el Hospital Policial", dijo uno. Otro sujeto agarró el arma de Nicolás G. y la tiró en el patio de la casa.

Efectivos policiales que concurrieron a la finca a entrevistar a la mujer, registraron el patio y encontraron el arma de fuego.

El caso comenzó a ser investigado por efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial.

A nivel judicial, el expediente pasó a la órbita del juez penal de 19° Turno, Gabriel Ohanian, y al fiscal de 9° Turno, Enrique Rodríguez.

El jueves 2, efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial efectuaron un allanamiento en la casa del ex militar. Allí encontraron 41 armas: escopetas, revólveres y pistolas automáticas.

En el procedimiento fueron detenidos el retirado castrense y también su hijo.

"Es evidente que las armas no eran de colección. Se trataba de un arsenal importante", dijo a El País una fuente del caso.

El retirado declaró en sedejudicial que, si la Policía realiza allanamientos en otras casas de exmilitares, se va a encontrar con arsenales iguales o más grandes que el suyo.

"También percibirá que a ellos les podría faltar algunas armas", agregó en alusión a que conocía a exfuncionarios castrenses que vendían armas a delincuentes.

En el Juzgado de 19° Turno quedó probado que el hijo del exmilitar vendía personalmente las armas a rapiñeros que había conocido en la zona de Colón.

El detenido alegó que había entregado las armas a Nicolás G. y a otros delincuentes porque fue obligado.

"Yo le debía plata a Nicolás G. Por eso me obligó a entregarle armas de mi padre a él y a otras personas", testificó.

El hijo del exmilitar, cuyas iniciales son J.E.M.M., fue procesado con prisión por el artículo 9 de la Ley 19.247 (Tráfico interno de armas).

El retirado militar también fue procesado por el mismo delito pero sin prisión. Para la Policía, el caso está cerrado.

En la mañana del 14 de abril de este año, equipos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial (Dniip) detuvieron a tres policías subalternos y a un comerciante en Rivera.

A pedido del fiscal Gilberto Rodríguez, el juez especializado Néstor Valetti procesó con prisión a dos agentes por un delito continuado de tráfico internacional de armas a título de dolo eventual. El comerciante y otro policía quedaron en libertad.

Durante las investigaciones, la Policía uruguaya detectó que los funcionarios remitidos traficaron a Brasil unas 300 armas nuevas entre 2013 y lo que va de 2015.

Las pistolas 9 milímetros y fusiles ametralladora eran adquiridas en armerías en forma legal y luego contrabandeadas hacia Brasil por Rivera. Las bandas que compraban las pistolas y fusiles —se sospecha que una es el poderoso grupo narco Comando Vermelho— las utilizaban luego en hechos delictivos.

El retirado tenía 41, y varias fueron utilizadas para ilícitosEDUARDO BARRENECHE