FUTURO INCIERTO PARA EL EDIL WALTER DE LOS SANTOS

Evalúan llevar a juicio político a edil del FA

Oficialismo tiene los votos pero aún no tomó la decisión.

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Walter de los Santos también está acusado de violación. Foto: Facebook

La Junta Departamental de Montevideo tiene la posibilidad de llevar a juicio político al edil del FA Walter de los Santos, lo cual determinaría que pierda su banca. Aunque para ello necesita 11 votos (los del oficialismo sobrarían), el Frente Amplio todavía no adoptó una decisión al respecto, indicó a El País la edila Inés Coll, integrante de la Comisión de Asuntos Internos.

Si bien la bancada del FA separó de sus filas a De los Santos el año pasado, y la edila Coll (del sector de Michelini) y otras compañeras de bancada como Graciela Villar (AU) y Delia Rodríguez (PS) anticiparon posiciones negativas con respecto al cuestionado edil, el oficialismo no ha logrado alcanzar un consenso respecto al tema.

El presidente de la Comisión de Asuntos Internos, Daniel Martínez (Partido Nacional), dijo a El País que ayer debió reunirse el grupo para tratar el asunto, pero que esto no sucedió porque "el Frente Amplio no hizo quórum".

Martínez, en lo personal, tiene una posición de cautela con respecto al juicio político a De los Santos. "La Intendencia nos pide a nosotros que seamos los que lo ejecutemos, pero los argumentos de su asesoría jurídica son muy débiles. Es una responsabilidad del intendente, de su fuerza política, que no filtró su currículum antes de que fuera elegido", opinó Martínez.

En marzo de este año, De los Santos fue procesado sin prisión por la jueza penal de 7° Turno, Beatriz Larrieu, por un delito de "atentado especialmente agravado en calidad de autor". El edil electo por el sublema "Daniel Somos Todos", fue denunciado por tres inspectores de IMM que cumplieron una tarea fiscalizadora en un boliche al que está vinculado.

Una de las funcionarias declaró que el edil le provocó un hematoma en un brazo que fue certificado después por el Banco de Seguros, lo cual se adjuntó a la denuncia policial.

Según el escrito de la jueza Larrieu, el legislador departamental "comenzó a increparlos en forma violenta (...) invocando asimismo su calidad de propietario del local bailable. Agregó que ellos no podían clausurar el local, ya que el prosecretario de la IMM Christian Di Candia "los había autorizado a abrirlo", sin estar habilitado.

El documento agrega que "el indagado comenzó a amenazarlos, diciendo que nunca más iban a salir a multar porque iban a terminar trabajando en Limpieza de la Intendencia o que los iba a hacer echar, ya que él era el edil más votado y amigo del intendente, extremo que repetía una y otra vez".

Decide el senado.

La Comisión de Asuntos Internos de la Junta podría definir la creación de una investigadora que enviaría después su resolución al Plenario, para que sea votada. De contar con los votos, el legislativo comunal pediría al Senado de la República que abra el juicio político. Los ediles pueden ser incluso sometidos a un proceso penal sin un "antejuicio", pues no tienen fueros.

Según el informe del asesor letrado de la Junta, Ismael Blanco, en poder de El País, "el juicio político implica una responsabilidad políticopenal, por lo tanto la decisión del llamado se tiñe con la propia naturaleza de la responsabilidad".

Jurídica municipal.

El informe de la División Asesoría Jurídica de la Intendencia, firmado por los abogados Alicia Rodríguez y Marcelo Schelotto, remite al artículo 291 de la Constitución, el que señala que "los intendentes, los miembros de las Juntas Departamentales y de las Juntas Locales, no podrán durante su mandato intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el gobierno departamental o con cualquier órgano público que tenga relación con el mismo". Tampoco pueden "tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el gobierno departamental".

Asimismo, el artículo 292 agrega que "la inobservancia de los preceptuado en los artículos precedentes, importará la pérdida inmediata del cargo".

El documento, en poder de El País, advierte que De los Santos envió una nota al prosecretario de la IMM, Christian Di Candia, en la que "se identifica como uno de los propietarios del local comercial".

En esa nota, fechada el 29 de febrero de este año, De los Santos le pide a Di Candia que recuerde "que este local se les prestó ante el tema de la ley de imputabilidad, en su momento a cargo de la tercera suplente de la IMM, Fabiana Goyeneche, sin pedir un centavo a cambio".

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