Asumió esta semana la dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (Sirpa), una institución que en el último año estuvo bajo la lupa nacional e internacional por maltrato a los menores infractores internados en la Colonia Berro. Fulco, una psicóloga que ha estado en los últimos cinco años trabajando codo a codo con el ministro del Interior,

Eduardo Bonomi, sabe que está agarrando “un fierro caliente”. Dice que no negociará con el maltrato, que equilibrará seguridad y tratamiento, que hará un reciclaje de los recursos humanos y que la Colonia Berro ya cumplió un ciclo. “Apuesto a que vamos a dar pasos significativos para un cambio”, dice entusiasmo.

La primera cárcel que piso Gabriela Fulco fue el Penal de Punta Carretas como Perito Psicóloga en Criminología, título que obtuvo hace 34 años. Desde entonces su vida rondó en esa materia. Hace cinco años, cuando dirigía el Departamento de Psicología de Cárceles de Mujeres, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la fue a buscar. Le propuso ser su asesora en materia carcelaria. El desafío era grande y debía diseñar y monitorear una reforma penitenciaria. Aceptó y salió airosa, tanto que su voz se transformó en determinante dentro del Ministerio del Interior.

Bonomi volvió a apostar a ella. El gran desafío del próximo quinquenio está en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (Sirpa), así que le propuso su nombre a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi. Fulco volvió a aceptar y desde esta semana dirige una institución que está en la mira internacional por violación de los derechos humanos de los menores infractores que están en el sistema.

En entrevista con El País, Fulco es tan firme como cauta. Mide sus palabras pero habla con seguridad sobre el camino que debe seguir. La apuesta es a modernizar el sistema y equilibrar la seguridad con un proceso de rehabilitación. No negociará con el maltrato y apostará al diálogo con el sindicato. A continuación la entrevista con El País.

—Instituciones nacionales e internacionales han pedido a las autoridades garantías contra los malos tratos en los lugares de privación de libertad del Sirpa, incluso han hablado de tortura. ¿Cómo piensa cumplir con este mandato?

—Para que esto no pase hay que generar estructuras de control y supervisión diarias y continuas, que hoy no están articuladas. Como presidenta pretendo estar informada al minuto y vamos a ser muy estrictos con la supervisión, las denuncias penales y los procesos administrativos en caso de que ocurran. Una de las estrategias mínimas será poner buzones en los establecimientos en los cuales se pueda depositar las denuncias y quejas. Reforzaremos las consultas médicas y le daremos intervención a otros técnicos que estarán obligados a comunicar el conocimiento o la sospecha sobre la ocurrencia de un hecho de esta naturaleza. Queremos también a los abogados defensores en el terreno cotidianamente porque creemos que van a ser importantes igual que organizaciones de la sociedad civil, que tendrán las puertas abiertas y acceso a los jóvenes. Vamos a instalar un Consejo Honorario Consultivo, que será integrado por organizaciones oficiales y organizaciones veedoras del cumplimiento de los derechos humanos. Pretendo que entre todos pensemos las mejoras. La toma de decisiones y la responsabilidad es del Sirpa, pero las distintas visiones serán importantes para pensar un proyecto diferente al que hay ahora.

—El padre Mateo Méndez, que fue una apuesta para dirigir el Sirpa y terminó durando muy poco, se fue denunciando corrupción, habló de feudos donde mandan algunos pocos, que había que cumplir la lógica del "acá siempre se hizo así". Y el año pasado volvieron las denuncias. ¿Hay gente a la que le sirve que esto siga así?

—Yo apuesto a que nosotros vamos a dar pasos significativos para un cambio. Prefiero hablar de aquí para adelante por una cuestión ética, porque no estuve en el pasado, no conozco a los gestores que estuvieron a cargo. Nosotros consideramos que tenemos un plan diferente, tenemos otra manera de ver el sistema y nos apoyamos en el conocimiento científico y en la experiencia acumulada y pensamos que vamos a lograr un cambio.

—El año pasado hubo procesamientos. ¿Cómo cree que llegó el delito a un lugar que debe ser para la rehabilitación?

—El sistema de privación de libertad de jóvenes no ha tenido la capacidad de pensarse y reorganizarse de una manera más científica. A lo largo del tiempo se adoptó una cultura que surge en el diario vivir: hoy respondemos a una situación de tal manera y mañana de otro, y no hay una línea común, un proyecto, un sustento científico, sino mucha espontaneidad. Creo también que no existieron instancias en las cuales se pensara el perfil de los recursos humanos que tienen que ser destinados a instituciones de este tipo.

—El INAU tiene un sindicato fuerte. Una vez que fue designada se dijo que el Poder Ejecutivo revisaba el nombramiento y que el sindicato la tenía en la mira. ¿Con qué no negociará?

—Yo quiero una gestión en el marco de los derechos humanos. Vamos a tener muchas instancias de diálogo con el sindicato, van a ser espacios abiertos de intercambio porque tanto a ellos como a nosotros nos importa muchísimo el trabajador. Sabemos que es un área de exigencia emocional, estrés y desgaste, y por lo tanto todos los programas de salud ocupacional van a estar. Aseguraremos condiciones de trabajo, equipamiento y capacitación. Es responsabilidad de quienes estamos a cargo el diseño de las políticas institucionales. Dentro de esas políticas está el área que tiene que ver con los recursos humanos y en ese punto conversamos con el sindicato. Yo espero un diálogo franco y abierto.

—¿Revisará los recursos humanos que hay en los centros?

—Uno de los ejes va a ser la capacitación y el reciclaje de todo el personal, que debe estar alineado a la gestión. La Unión Europea nos va a entregar un informe sobre los perfiles que corresponden a cada una de las tareas del sistema. Y ahí vamos a revisar todos los recursos humanos para mejorar lo que es la distribución y asignación de tareas. A eso hay que sumar capacitación permanente y continua, y controles de cada una de las tareas.

—Las constantes fugas que hubo durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez obligaron a reforzar la seguridad en los centros. ¿Usted la mantendrá?

—Cuando en 2010 abordamos la reforma del sistema penitenciario, se venía con esa política, desdibujando o disminuyendo la cantidad y la calidad del tratamiento. Me da la impresión que en este caso también ha habido un peso muy importante en la seguridad en detrimento del tratamiento. Yo creo que hay que equilibrar la balanza. No es que una pese más que la otra. La seguridad debe estar al servicio del tratamiento, y este tiene que ser la columna vertebral. La educación para los jóvenes en ese período es fundamental, rodeada de otros dispositivos, en los cuales la salud mental es básica.

—¿Eliminará entonces las celdas de castigo?

—Yo creo que no deberían de existir. En las recorridas que he hecho no las encontré, pero es verdad que cualquier lugar puede ser ocupado transitoriamente como una celda de castigo. Tenemos que revisar las sanciones, sus consecuencias y cómo se cumplen. Cuando hay una inconducta que rompe la disciplina establecida y comprendida por el sujeto que está privado de libertad, la sanción no implica modificar el hábitat de esa persona. Esto ha costado mucho en sistemas que vienen con una institucionalidad de la violencia.

—¿Y cómo sancionará entonces?

—Tiene que haber un apoyo mayor de los equipos técnicos porque ahí ha sonado una alarma que indica que algo en el tránsito del tratamiento no está funcionando bien para que esa persona haya llegado a cometer una falta grave a la disciplina establecida. Por lo tanto debe tener más apoyo de psicólogos y asistentes sociales; justamente la atención es mayor. Históricamente ha sido a la inversa: se le aísla, se le bajan las condiciones de habitabilidad y se genera un aislamiento donde la incomunicación pasa a ser el eje. Para que la falta no se repita hay que hacer lo contrario.

—En su primer discurso esta semana dijo que apostará al encuentro de la víctima con el victimario. ¿Por qué?

—Desde el punto de vista terapéutico está comprobado que es muy satisfactorio y beneficioso para ambas partes. El infractor toma conocimiento real de los daños a la víctima, más allá de la cuestión material. Generalmente el infractor minimiza el hecho y te dice que no le hizo nada a la persona sino que simplemente le sacó la cartera. Entonces saber cómo afectó a la víctima emocionalmente y a su entorno y conocerlo directamente de su boca, con sus sentimientos, con las emociones que pueda manifestar y con la historia de lo que ha sido el después de ese delito, genera un efecto muy importante en el proceso del infractor. Para la víctima también sirve conocer la historia de vida del infractor y responder a sus preguntas. Es un encuentro que produce alivio para ambas partes y ayuda en la recuperación. Por supuesto que serán de carácter voluntario para las dos partes y exige de un período previo en el cual se prepara al infractor para encontrarse con la víctima y viceversa. Hay gente que no puede nunca y hay otra que con preparación puede. Yo lo he visto incluso en casos de homicidios. Cualquier delito puede ser motivo de encuentro si está bien trabajado. Pero para eso falta, antes hay que ordenar el sistema y equilibrar la balanza entre seguridad y proyecto.

—También insistió en el rol que jugará la familia de los jóvenes. ¿Pondrán la lupa en el egreso de los menores?

—La familia estuvo antes que nosotros y va a estar después. Entonces en este paréntesis de la reclusión, que va a tener un tiempo máximo de cinco años, la familia no puede quedar excluida. Tiene que ser partícipe. Hay que evaluar, además, las fragilidades de esa familia que puedan incidir en el futuro, en la posible comisión de nuevos delitos. Entonces queremos brindar áreas de apoyo externas, que no van a ser del Sirpa, ya que en la transversalidad de las políticas sociales se pueden encontrar espacios donde se cubran esas necesidades de estas familias mientras nosotros nos ocupamos de los jóvenes.

—¿Usted considera que dentro del Sirpa hay jóvenes que no podrán ser rehabilitados?

—Creo que es una afirmación que no se puede hacer. Yo creo que hay jóvenes que como resultado de sus procesos de victimización temprana y otras cuestiones que están en la génesis de los delitos —y ahí hay que ver caso por caso—, requieren de más tiempo de trabajo y sobre todo de un seguimiento y control social al egreso que implican generar nuevos dispositivos de protección y ayuda permanente para que no vuelvan a caer en el delito. Los países que han tenido bajos niveles de reincidencia a veces están más apoyados en el seguimiento externo que en lo que se pudo trabajar en el período de reclusión.

—¿Con qué presupuesto contará para su gestión?

—Estamos trabajando en eso. Aparentemente hay voluntad política y el tema seguridad pública será uno de los ejes del presupuesto. Evidentemente necesitamos dinero para la modernización del sistema en el quinquenio.

La representante de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Carolina Bárbara, que estuvo meses atrás en Uruguay recorriendo centros de reclusión penal juvenil, había dicho a El País que se llevó el compromiso del gobierno de cerrar la Colonia Berro en un período no tan lejano.

Ante la pregunta de si efectivamente terminar con la Colonia Berro es un objetivo para este gobierno, Fulco aseguró que se apuntará a esa meta. "La Colonia Berro fue concebida en una época que no es el Uruguay de hoy. Las estructuras que existen allí están deterioradas, fueron pensadas para otra época, otro número de jóvenes y otra concepción de lo que era el cumplimiento de medidas privativas de libertad. Nos gustaría apostar a otro sistema, hay que pensar en que la Colonia Berro cumplió una etapa", afirmó. Uno de los problemas que tienen los hogares de la Colonia Berro, como otros que están dentro del sistema, según Fulco, es la concepción de seguridad con la que fueron construidos, porque a su entender "obstaculiza el desarrollo de programas de tratamiento dentro de las concepciones más modernas".

"Primero es el tratamiento y después el diseño arquitectónico; acá es al revés y ahí es donde quedamos en el debe y en el menos porque uno choca contra la realidad de una estructura y está limitado en el despliegue de un tratamiento por lo arquitectónico", indicó. Reconoció que ahí pesa también la idiosincrasia del país y las posibilidades económicas que hay para cumplirlas. "La economía es un factor que determina las posibilidades de esta modernización que nosotros pretendemos", sentenció.

Gabriela FulcoVIVIANA RUGGIERO