SENTENCIA CONTRA ASSE

Los estatales pueden hacer denuncias públicas

“Es inaudito que se sancione en el Estado por opinar”, dice fallo.

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Salud Pública. Centros cerraron en números rojos en 2016. Foto: F. Ponzetto

El juez de lo Contencioso Administrativo de 1° Turno, Gabriel Ohanian, condenó al pago de $ 1.200.000 a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por perseguir y pretender silenciar a una funcionaria que denunció a la prensa deficiencias en los servicios del Instituto Nacional del Cáncer (INCA).

En su fallo, Ohanian dice que "no concibe" que un funcionario público encuentre limitado su derecho constitucional a expresar su pensamiento libremente a un medio de prensa bajo apercibimiento de ser sancionado. Ello le ocurrió a la funcionaria que fue sancionada con una suspensión por 30 días con retención total de haberes.

El problema de la asistente social del INCA se recrudeció a partir del 28 de mayo de 2011 cuando El País publicó una nota titulada "Médicos del Instituto del Cáncer declaran crisis institucional".

En el marco de ese artículo, la funcionaria concedió una nota y describió la situación del centro.

El 2 de junio de 2011, la directora del Instituto del Cáncer ordenó una investigación administrativa por "declaraciones a la prensa realizadas por la actora", según reconoció ante el juez Ohanian el profesional que realizó la indagatoria para ASSE.

La sentencia de Ohanian señala que un funcionario público no puede arrogarse la representatividad del organismo del que es dependiente. "Pero el decisor (juez) no ve ninguna cortapisa a su derecho de expresarse personalmente en forma negativa respecto de la gestión de los directores políticos si está en desacuerdo, o bien denunciando lo que a su entender son faltas de servicio, porque ello conviene al interés general de toda la sociedad de tomar conocimientos de eventos de gran trascendencia que involucran nada menos que a una entidad destinada al combate del cáncer". Enseguida agrega: "En un Estado de Derecho cualquier funcionario puede dar opinión respecto de lo que entiende es el mal funcionamiento del servicio en que trabaja. Entender que ello está vedado en aras de una reserva inexistente tiende a tutelar la buena imagen de los dirigentes para que su gestión no sea controvertida en público".

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