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Estafa a la DGI alcanzó los US$ 60,4 millones

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DGI estima que la estafa alcanza como mínimo los $ 78 millones. Foto:      F. Ponzetto
Fachada del edificio sede de la Direccion General de Impositiva, DGI , ubicado en Fernandez Crespo y Colonia, Cordon, Montevideo, ND 20160711, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais
Archivo El Pais

Emitió advertencia a 1.000 firmas; presenta más denuncias.

La megaestafa realizada a la Dirección General Impositiva (DGI) por dos estudios contables mediante 1.327 empresas "truchas", alcanzó los $ 1.736 millones, unos US$ 60,4 millones al cambio de ayer.

A principios de 2017, la DGI constató que 135 empresas habían realizado defraudación tributaria mediante el uso de boletas falsas. "En ese momento, liquidamos más o menos $ 1.200 millones por impuestos y sanciones", dijo a El País el director de Rentas, Joaquín Serra.

El jerarca explicó que hoy la DGI ya identificó un número mayor de empresas que utilizaron facturas apócrifas para evadir impuestos. "En los operativos que estamos haciendo ya estamos cubriendo la mayor parte de la maniobra. Hemos determinado deudas por $ 1.700 millones", dijo Serra.

La DGI sigue realizando actuaciones. En este momento hay 60 inspecciones en curso y tiene previsto realizar más controles a contribuyentes que utilizaron esta documentación "trucha", advirtió el jerarca.

De todas formas, no todos los empresarios que utilizaron boletas apócrifas defraudaron al fisco. En muchos casos, ellos mismos fueron engañados por algún proveedor que, por diversos motivos, no quería formalizarse ante la DGI.

Desde noviembre del año pasado, estas empresas carecen del certificado de vigencia anual (CVA). "Si una empresa establecida acepta documentación de alguna de estas empresas, será citada por la DGI", advirtió Serra.

En septiembre de este año, Rentas envió 1.000 advertencias a empresas que utilizaron de una forma u otra boletas de empresas "truchas" para descontar IVA. En las cartas, se les advirtió que deben conocer mejor a sus proveedores.

Un expediente del Juzgado Penal de Crimen Organizado de 2° Turno revela que mil empresas unipersonales truchas armadas desde 2010 hasta marzo de 2016 para defraudar a la DGI, tenían como titulares a tres indigentes en situación de calle que oficiaban como testaferros. En esta causa, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, y el fiscal Luis Pacheco, procesaron a seis personas, entre ellas a los dueños de dos estudios contables y a un conocido empresario avícola con prisión, y a otros tres individuos sin prisión. En los próximos días la DGI ampliará las denuncias ante Crimen Organizado contra empresas que continuaron evadiendo impuestos utilizando boletas de empresas "truchas".

Trama.

En Uruguay la recaudación estatal depende de manera importante del IVA. Esta representa el 50% de la recaudación de la DGI. En este país, así como en otras partes del mundo, el IVA se defrauda generando sociedades falsas y emitiendo documentaciones apócrifas. Durante la investigación, la DGI comenzó a reliquidar impuestos a una cantidad de empresas que habían usado esta documentación, dijo Serra acompañado por los jerarcas de la División Técnico Fiscal, Santiago Berrondo y Sol Agostino. Ambos profesionales realizaron la investigación que detectó a las 1.327 empresas "truchas".

Para evitar que se repita la creación de cientos de falsas empresas y que sus boletas sean vendidas a empresas consolidadas en el mercado negro, la DGI modificó sus sistemas de control de riesgos y los aplica desde el mismo momento en que se crea la empresa. Es decir, no se autoriza a esa empresa la emisión de boletas. Ese caso pasa a ser investigado en forma inmediata por el Departamento de Fiscalización.

"IDENTIFICAMOS A TESTAFERROS Y PROBAMOS QUE ERAN INDIGENTES".

—¿Es la mayor defraudación impositiva de la historia de la DGI?

—Joaquín Serra: De los últimos años sí. Es lo que nos dicen nuestros funcionarios.

—¿Se pudo determinar cuántas empresas truchas se logró armar?

—Serra: Sí. Nuestro sistema de información permite identificar cada contribuyente registrado, qué ventas hizo y a qué contribuyentes y por qué montos. A lo largo de los años, 1.300 empresas de ese grupo obtuvieron autorización para emitir boletas. No quiere decir que todas las boletas hayan sido utilizadas.

En el escrito presentado ante el Juzgado de Crimen Organizado de 2° Turno, la DGI fundamentó la denuncia y estableció todas las evidencias de que había una red. "Identificamos a los testaferros; les levantamos actas; documentamos los montos (de evasión) y demostramos que estos eran indigentes que nunca podían cumplir el rol de director de una sociedad", dijo Serra. Uno de los principales obstáculos que enfrentaron los técnicos de la División Técnico Fiscal de la Impositiva fue que, en las maniobras, no se utilizaban facturas clonadas o adulteradas. Pese a que la DGI monitorea todo el tiempo la información sobre el grupo delictivo, hoy no tiene indicios de que exista una maniobra del volumen que se dio años anteriores. Sin embargo, en algunos casos, la Impositiva tiene "indicios" de que "algún nivel de utilización de documentos sigue dándose".

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DGI estima que la estafa alcanza como mínimo los $ 78 millones. Foto: F. Ponzetto

EMPRESAS "TRUCHAS"EDUARDO BARRENECHE

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