Los ediles blancos evalúan denunciar al intendente Caraballo

Enfrentamiento político por el "robo" de un pueblo

La bancada de ediles del Partido Nacional en Paysandú está evaluando presentar una acción penal contra el intendente frenteamplista Guillermo Caraballo por abuso de funciones y plantear, a la vez, un juicio político por considerar que violó la ley de Descentralización al resolver quitar el poblado de Almirón al Municipio de Guichón.

"Se robó un pueblo", dicen en tono de broma aunque sin ocultar su malestar. La decisión del jefe comunal hizo estallar un enfrentamiento político en el departamento.

Un decreto departamental del gobierno de Paysandú del 12 de febrero de 2010 aprobó la creación de los Municipios de Guichón y Provenir, y además delimitó su jurisdicción.

Según los ediles nacionalistas, la decisión del intendente está motivada por un conflicto político y lucha de poder porque el gobierno del departamento está en manos del Frente Amplio y todos los Municipios sanduceros responden al Partido Nacional. Almirón es un centro poblado de Paysandú desde 1996. El Centro Termal, que es municipal, forma parte del centro poblado. Es un territorio que está dentro de la jurisdicción del Municipio de Guichón.

"El intendente viola flagrantemente la ley 19.272 que es la de descentralización quitando Almirón a la jurisdicción de Guichón para ser administrado por la intendencia", dijo a El País el edil nacionalista Gastón Berreta.

Administración.

El intendente no tiene representación política en Guichón. Por eso Caraballo designó a un funcionario para hacerse cargo del Centro Termal y eso ha generado un problema con los funcionarios municipales.

Según Berreta "esa persona no cumplió con su función porque trabaja solo seis horas. Y las Termas precisan gente las 24 horas, gente especializada en calderas por ejemplo. Este funcionario envió a los calderistas a cortar el césped".

Luego de producirse un problema con la calidad del agua que el enviado del intendente no supo solucionar por no tener conocimientos, la alcaldesa Lourdes Suárez tomó la decisión de hacer volver a los calderistas a ocuparse de su función.

Para el diputado sanducero Nicolás Olivera (Alianza Nacional) "esta situación supone un claro ataque a la descentralización que se ha venido construyendo a nivel nacional, departamental y local".

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