PRISIÓN INDEBIDA

En 2012 fue calificada como un “Ángel de la Muerte”. Hace 3 años no consigue trabajo en la salud.

EDUARDO BARRENECHE

La enfermera Andrea A., quien fue acusada en forma indebida junto a dos colegas de ultimar pacientes terminales en la Asociación Española y en el Hospital Maciel en 2012, inició una demanda por daños y perjuicios contra el Poder Judicial por US$ 550.000.

La enfermera fue absuelta de todas las acusaciones por un juzgado de primera instancia y ratificado por un tribunal de Apelaciones.

La demanda, a la que accedió El País, señala que la enfermera reclama por daño extra patrimonial, US$ 73.950 y daño emergente, US$ 18.300. Por lucro cesante, $ 2.181.704 y lucro cesante a futuro, $ 10.906.209, lo que equivale a US$ 448.000.

Andrea A. fue procesada con prisión el 18 de marzo de 2012 por parte del Juzgado Letrado de 10° Turno por delito de homicidio especialmente agravado en calidad de cómplice. Sin embargo, llegada la etapa de la sentencia, la fiscalía modificó la calificación inicial y solicitó una condena de 24 meses de prisión por encubrimiento.

Finalmente, la Justicia encontró que no había pruebas para relacionarla con las muertes de pacientes, señala la demanda de los abogados de la enfermera, Andrés Ojeda y Fernando Posada.

En el ínterin, Andrea A. estuvo privada de libertad 494 días y sometida a juicio penal por cuatro años y dos meses.

El caso, que se denominó como "los Ángeles de la Muerte" en 2012, tuvo una gran repercusión nacional e internacional.

En la demanda, los profesionales califican a su cliente como "difunta laboral". Después de buscar trabajo durante tres años como enfermera, Andrea A. desistió. Apenas logró trabajar 15 meses en otra actividad para ayudar a su esposo a mantener a su familia con dos hijos menores.

A Andrea y a los otros dos enfermeros, el proceso penal y la presunción de que son verdaderamente culpables les marcó a fuego sus vidas, al punto tal de que al día de hoy no han podido desmarcarse del hecho.

"El episodio más álgido y significativo de lo que venimos a decir lo protagonizó nada menos que la ministra de Salud de la época, Susana Muñiz, quien en declaraciones a El País expresó que los enfermeros absueltos debían alejarse de la salud. En Subrayado, Muñiz dijo: creo que no sería bueno (que trabajen en la salud) ni para ellos mismos ni para el resto de la ciudadanía, más allá de un fallo que los absolvió", sostiene la demanda.

Tras calificar de poco felices las declaraciones de Muñiz, la demanda sostiene que ilustran la sensación que tiene Andrea A. desde que salió de prisión: nada cambió. "El daño a su persona, a sus familiares y a su carrera profesional es claramente irreversible, a pesar de haber sido su inocencia afirmada y reafirmada en todas las instancias judiciales previstas para ello", expresa el escrito.

La razón por la cual la enfermera no consigue trabajo se debe a que para muchos sigue "siendo culpable" y para otros, a pesar de no tener la certeza, "no le confían" un bien tan preciado como la salud, máxime cuando la propia jerarca de dicha cartera recomendó que los enfermeros no sean contratados por un centro de salud.

Señala que, en 2012, Andrea se desempeñaba como auxiliar de enfermería grado 1 en la mutualista, percibiendo un salario de $ 34.207. "De no haberse decretado su procesamiento, nunca hubiera perdido su trabajo, por lo que el lucro cesante no es más que un daño material que se deriva de la prisión indebida", dice el escrito.

La demanda señala que la situación de la enfermera Andrea A. es distinta a la de los otros dos enfermeros: "Fue procesada en ausencia de todo sustento probatorio, en un acto jurisdiccional netamente infundado fácticamente y a nuestro juicio utilizando una errónea calificación jurídica. La única prueba que se valoró para decidir su procesamiento fue un mensaje de texto".

La enfermera Andrea A. estuvo 16 meses presa por un delito que no cometió, según la Justicia.

"Las condiciones en las que sufrió la reclusión indebida fueron sin lugar a dudas traumatizantes", señala la demanda presentada por los abogados Andrés Ojeda y Fernando Posada en representación de la enfermera.

Habiendo sido derivada al Centro Nacional de Rehabilitación, las primeras directivas que recibió del personal de dicha cárcel fue que inventara una historia distinta a la real y que, si le preguntaban, explicara que se encontraba recluida por un asunto vinculado al tráfico de drogas. Es que si las otras presas se enteraban que estaba involucrada en el tema de los "enfermeros asesinos", su integridad física correría peligro. Con el paso del tiempo, la tensión dentro de la cárcel bajó aunque ello no significó una desaparición total de los riesgos, sino que siguió sufriendo amenazas durante el resto del tiempo que duró la reclusión. "La situación de miedo y persecución afectó seriamente a Andrea y a su familia", reza la demanda.