Los abogados laboralistas coinciden en que el concepto de "autoclasificación" que apuntaba a que en cada sector las patronales y los sindicatos se pusieran de acuerdo respecto a la situación en la que estaban (en crecimiento, en situación intermedia o en problemas), no generó que aumentase sustancialmente la información que las empresas están dispuestas a dar respecto a su situación.

"Las empresas son muy reticentes. Si hubo apertura, fue en términos mínimos", señaló Mariana Fernández, del estudio Posadas, Posadas y Vecino.

Con respecto a la construcción, un sector clave que comenzará a negociar en octubre, Eduardo Ameglio, de Guyer & Regules, consideró que en este caso el Estado pondrá un ojo sobre la evolución que tengan los salarios porque pueden afectar sus finanzas en la medida que parte importante de la actividad del sector se vincula con la obra pública.

A futuro, los abogados creen que la negociación tripartita debería adecuarse más a la realidad específica de las empresas. "El sistema es bueno pero tiene rigideces, lo cual hace recomendable comenzar a explorar que se vaya a pautas más generales", consideró Fernández. Para Ameglio también se podrían considerar en futuros convenios flexibilizaciones que tengan que ver con que el costo de vida es, en general, inferior en el interior que en Montevideo.

AUTOCLASIFICACIÓN