SEMINARIO

Las empresas públicas como trampolín de carreras políticas

Líderes políticos y exjerarcas admiten que se debe cambiar los criterios para designar a directores.

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Líderes ayer en seminario de Fundapro sobre el papel de empresas públicas. Foto: A. Colmegna

En medio de un foro sobre gobernanza de empresas públicas organizado por Fundapro, varios legisladores, autoridades y exfuncionarios sacaron a relucir que las mismas han sido ámbitos de "colocación" a dedo y propiciadores de condiciones para "beneficiar" a determinado departamento, empresa o sector, de forma de "impulsar carreras políticas".

"Desde hace años en las empresas públicas el diputado frustrado ocupa el cargo de director, el amigo va de asesor y para que eso sea en paz el sindicato promueve a cierto personaje", dijo ayer el exministro de Transporte Lucio Cáceres, que inmediatamente planteó que decir eso era "tirar una bomba", pero "esto es así y son conductas que hay que tratar de eliminar".

Minutos más tarde el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, retomó el tema y ahondó. "Hay que evitar que el directorio de las empresas públicas se convierta en el desarrollo de carreras políticas. Somos todos pecadores. Las empresas públicas han sido como plataformas de campaña a donde van directores que, depende de la zona, definen donaciones con sesgo", dijo Mieres. El senador afirmó que "sería bueno que bifurquemos las carreras políticas de la cosa pública" y para esto "sería importante mandar una señal que nos previniera de la tentación a todos de hacer uso indebido de los recursos públicos que se derivan de la conducción de las empresas".

La oposición ha denunciado en reiteradas oportunidades que el expresidente de Ancap y hoy vicepresidente de la República, Raúl Sendic, forjó su candidatura política precisamente dentro del ente petrolero. A tal punto llegaron las críticas que se lo acusó de utilizar en la campaña electoral de la lista 711 el mismo slogan que había pautado Ancap meses antes: "El Uruguay que queremos".

Dentro del foro fue precisamente Marcos Otheguy, senador de la lista 711, quien dijo que "la construcción del liderazgo político está asociado a otras cosas, capacidades, liderazgo, agenda más compleja de alcance nacional" y que no debe reducirse a un cargo dentro de una empresa pública.

El senador blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), estuvo de acuerdo con Otheguy, pero planteó que él vio "cómo se usaron los cargos para hacer política en todos los partidos" tanto a nivel general como en determinados departamentos.

El intendente de Montevideo y expresidente de Ancap, Daniel Martínez, coincidió con Larrañaga y sostuvo que cuando él asumió en el ente petrolero "se sabía quién había dirigido el organismo en base a dónde iban las donaciones". Martínez admitió que en dichos cargos existen "tentaciones" y enfatizó: "Hay que eliminar las tentaciones de lo partidario; es fundamental erradicar la cultura de la discrecionalidad".

El senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) fue quien puso ejemplos concretos. "¿Quién tiene que hacer política deportiva? ¿Antel o el Ministerio de Deporte? ¿Quién tiene que hacer política social? ¿UTE subsidiando la electricidad a alguien o el Ministerio de Desarrollo? O promover el ballet de Julio Bocca; la transparencia es esencial", dijo.

Fuera de lo estrictamente político, a su turno, el economista Ignacio Munyo se refirió a la gestión de las empresas públicas y dijo que la conformación de los directorios tienen carencias en su formación. "En UTE, Ancap y Antel no hay más de 20% de las personas que tienen formación en dirección de empresas, lo que juega en contra", sostuvo. El economista Gabriel Oddone también insistió en la importancia de "profesionalizar la conducción" de las empresas públicas.

Huída.

Más allá de la conducción de las empresas públicas todos los actores coincidieron en la necesidad de modificar la normativa para evitar la "huída" hacia el derecho privado mediante la proliferación de sociedades anónimas. Actualmente solo UTE, Antel, OSE y Ancap tienen 22 sociedades anónimas que emplean a más de 2.300 trabajadores.

El exsubdirector de la OPP, Conrado Ramos dijo que el cambio debe procurar "evitar la proliferación de nietas y bisnietas de sociedades anónimas" y que es necesario que las empresas públicas definan su rol para que "en la medida que quieran explorar actividades periféricas éstas deban ser aprobadas por el gobierno". El planteo fue compartido por todos. El subdirector de OPP, Martín Dibarboure, fue quien dejó en claro que existe a nivel oficial la intención de buscar "alguna flexibilidad" dentro del derecho público así como de implementar la gestión por resultados y dejar en claro la relación entre empresas y gobierno.

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