TREGUA ENTRE EMPRESAS Y SINDICATOS

Empresas aceptan que su queja no se trate aún en OIT

Dicen que es para no empañar la presencia de Vázquez en su asamblea.

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Reunión de representantes de la OIT. Foto: Pouteau / Crozet / OIT

El gobierno, la central sindical y las cámaras empresariales acordaron una nueva tregua luego de un 1° de mayo en el que el sector empresarial había recibido fuertes críticas por insistir en su reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el sistema de negociación colectiva de Uruguay.

De esta forma, el gobierno entiende que desactivó por ahora un asunto que podía afectar la imagen internacional del país ya que Uruguay podría haber quedado en una "lista negra" integrada por países con situaciones laborales mucho peores y donde los sindicalistas son asesinados. De todas formas, que se analizara en la OIT el caso uruguayo en junio era muy difícil porque la asamblea tenía posibilidades de estudiar solamente la situación de dos países latinoamericanos y para este año se perfilan Guatemala y Venezuela.

La Cámara Nacional de Comercio y la de Industrias aceptaron no impulsar que en la próxima asamblea de OIT, que comenzará el 5 de junio en Ginebra, Suiza, se trate la queja uruguaya.

Lo hicieron con el argumento de que no querían empañar el hecho de que por primera vez un presidente uruguayo abrirá las deliberaciones de la asamblea, algo que hará Tabaré Vázquez si decide aceptar la invitación que recibió. El acuerdo fue sellado en una reunión que mantuvo el ministro Ernesto Murro en su despacho con el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Perera, el de la de Industrias, Washington Corallo, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, el secretario general, Marcelo Abdala y el director del instituto Cuesta-Duarte de la central sindical, Milton Castellano.

Sin embargo, difícilmente el de ayer haya sido el último capítulo de la prolongada controversia. Corallo explicó que se acordó que técnicos de la OIT vendrán desde Ginebra a ayudar en la discusión del tema y que de ninguna manera la decisión de las gremiales implica levantar la queja.

"Si la OIT llega a una solución razonable y coherente, señores, no habría más nada que discutir, el que estaría en falta directamente sería el gobierno uruguayo. Nosotros no charlaríamos más porque no habría más nada para charlar", advirtió. "Si ese nuevo laudo no se respeta, no son las cámaras empresariales las que lo están echando para atrás", señaló.

Corallo consideró que fue "muy positivo que el señor ministro acepte la posibilidad, que habíamos hablado anteriormente, de que vengan los técnicos de la OIT de Ginebra; eso habla de la madurez del ministerio para tratar un tema tan importante", dijo Corallo.

El acuerdo al que se llegue debería plasmarse en un proyecto de ley, sostuvo. Pero el Pit-Cnt ya dejó entrever que considerará la opinión de la OIT como un insumo más para la discusión.

Las gremiales empresariales consideran que la ley uruguaya extendió demasiado el tripartismo (es decir la participación de empresas, sindicatos y el Estado para negociar asuntos vinculados al mundo laboral) y que la ocupación debería ser considerada ilegal y no una extensión del derecho de huelga.

La OIT, por su parte, entiende que debe acordarse una fórmula que permita, cuando una empresa está ocupada, que ingresen sus propietarios y que los trabajadores que quieran trabajar, puedan hacerlo.

Pereira dejó claro que, en realidad, las discrepancias siguen planteadas en todos sus términos. "Esto es una señal importante porque de alguna manera genera un ámbito de diálogo que puede continuar un año más. El gobierno se ha comprometido a solicitarle a los expertos de OIT una colaboración técnica para esta discusión, pero está claro que no deja de ser una discusión tripartita, es decir entre el gobierno, empresarios y trabajadores y que ninguna de las partes ha modificado su posición original", explicó.

La línea del Pit-Cnt es que la negociación colectiva ha sido muy importante para Uruguay. "En la última ronda del Consejo de Salarios se firmaron más de 200 acuerdos. En el 95% hubo acuerdo entre las partes y, claramente tiene un factor distributivo. Por otro lado, defendemos que la ocupación es una modalidad del derecho de huelga (...) No es la modalidad que predomina pero es una modalidad que tenemos en la batería de posibilidades que tienen los trabajadores para conquistar sus derechos. (...) La OIT ha recomendado, no laudado", dijo Pereira. Y consideró en particular que la recomendación sobre ocupaciones de la organización es "inaplicable".

El ministro Murro consideró que lo acordado ayer "es una buena noticia para el país, Uruguay no va a estar este año entre los países cuestionados por la OIT" y destacó "la buena actitud" de las partes. El ministro no quiso abundar sobre el peso que eventualmente puedan tener las opiniones de la OIT.

La OIT tiene 180 países. En su reunión, que comenzará el 5 de junio, se analizará una cantidad de casos de países (una veintena). El sector privado local solicitará a la Organización Internacional de Empleadores que no plantee el análisis del caso uruguayo.

En 2008 la OIT envió una carta al gobierno en la que se señalaba que la ley de negociación colectiva que se iba a votar en el Parlamento no cumplía los requisitos que se necesitan para ser considerada válida. Igual se votó.

Blancos tienen una propuesta para destrabar la situación.

Si no se hubiese llegado a un acuerdo, el Partido Nacional iba a pedirle una reunión esta semana al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, e iba a impulsar el tratamiento de un proyecto elaborado por el abogado Nelson Larrañaga. Una novedad que incluye la iniciativa es que propone limitar la competencia que tiene el Poder Ejecutivo para dictar normas referentes a los ingresos de los trabajadores privados y a la formulación de sus categorías laborales. Sugiere limitar esta competencia exclusivamente a la fijación de salarios mínimos por categorías y su régimen de actualización. El resto de las condiciones de trabajo (actualizaciones de salarios superiores a los mínimos, categorías laborales, bonificaciones y premios, licencias especiales, licencia sindical, etc.) deberían acordarse en el marco de una negociación colectiva bipartita, sin intervención del órgano tripartito.

En relación a las ocupaciones, la iniciativa de Larrañaga proponía establecer un procedimiento coordinado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, para hacer efectiva la desocupación del lugar de trabajo y la liberación de la entrada y salida al local de la empresa en un radio de cien metros al acceso en un plazo de seis horas. Ese plazo se reduciría a una hora en circunstancias excepcionales, cuando la medida sindical respectiva pusiera en riesgo la vida de las personas o afectara el orden público.

Viejo pleito.

La queja del sector empresarial uruguayo ya lleva varios años y cuando asumió en 2015 el gobierno de Tabaré Vázquez las gremiales privadas aceptaron dejarla en suspenso. El diferendo debe resolverse a entera satisfacción de las partes, señaló el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo. "Pero esto tendría que estar resuelto y nuestro esfuerzo tendría que estar enfocado en mejorar la competitividad del Uruguay de manera que no sigan cerrando industrias", sostuvo.

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