Proponen aplicar software en registro para combatir certificados truchos.

Los empresarios a través de su representante en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Elvira Domínguez, plantearán al Poder Ejecutivo que se aplique en la base de datos de la plantilla de trabajadores un modelo de detección temprana de enfermos recurrentes similar al que se utiliza para detectar posibles morosos entre patrones.

La estrategia está planteada ante el importante número de certificaciones médicas que se registran mes a mes. El Ejecutivo tiene sobre la mesa el tema y prevé conformar una comisión para tratar el asunto y evitar el abuso del instrumento con representantes del BPS, del Ministerio de Economía y Finanzas, y el de Trabajo y Seguridad Social. Es que el gobierno sostiene que el gasto en subsidios por enfermedad se triplicó entre 2010 y 2015, cuando superó los $ 3.500 millones. Los empresarios tienen la misma percepción de incremento, y en este caso se amplía ya que el BPS comienza a pagar a partir del cuarto día de certificación.

Domínguez dijo a El País que la propuesta implica "aplicar un modelo econométrico similar al Sisca, que es el Sistema Selectivo de Casos, que detecta perfiles de riesgo dentro de los contribuyentes, pero en la base de datos de la plantilla de trabajadores que tiene el BPS para ver cuáles son los que se enferman más seguido y ahí poder corroborar las certificaciones médicas".

Solo un médico, que fue denunciado penalmente por el BPS y del cual El País corroboró que otorgaba certificaciones falsas a cambio de $ 300, perjudicó al organismo en US$ 550.000. Según dijo Domínguez, este médico en seis meses emitió 400 certificados de enfermedad falsos. En este caso no sólo fue citado por la Justicia el médico, sino que se solicitó la comparecencia de los trabajadores involucrados.

La iniciativa de utilizar el software partió de un funcionario del BPS ante una convocatoria de ideas para mejorar procesos de gestión, y la representación empresarial la tomó para impulsarla, dijo Domínguez.

Un estudio realizado por el BPS denominado "Subsidio por enfermedad: Una mirada desde la encuesta longitudinal de protección social", reflejó que la mayor parte de los subsidios por enfermedad pagos por el organismo refieren a problemas óseos, intervenciones quirúrgicas, enfermedades relacionadas con el trabajo o gripe. Asimismo el período de certificación más frecuente es de 11 a 30 días para restablecerse ante la ocurrencia de enfermedad o accidente. Según el estudio no hay prevalencia por sexo.

Sin embargo, Domínguez dijo que muchas veces el ausentismo de los trabajadores no llega a pasar los cuatro días a partir de los cuales el organismo paga el subsidio; ahí son las empresas las que se ven afectadas por el ausentismo. "En las licencias cortas de tres días es menos costoso porque no afecta la licencia ni el salario vacacional, pero la mayor parte de estos casos se da sobre el fin de la semana o el principio de la semana para incluir el fin de semana y eso afecta la dinámica del trabajo, porque además son usadas bajo la garantía de no ser dados de baja de la plantilla", dijo Domínguez.

Hoy, de acuerdo a la legislación vigente, el empleador no puede despedir ni suspender al trabajador a causa de faltas por enfermedad. En caso de despedirlo deben pasar 30 días desde su reincorporación. No obstante, si se viola esta norma el empleador deberá pagar una indemnización equivalente al doble de la normal, salvo que se demuestre notoria mala conducta o que el despido no esté vinculado al hecho de haber estado enfermo.

Sobre este tema el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, había dicho a El País que el ausentismo de los empleados es hoy un problema grave, al punto que en algunos sectores alcanza a un 20%, lo que ha derivado en que tengan que recurrir a plantillas de trabajadores suplentes.

En este sentido, Domínguez dijo a El País que si bien la comisión que creará el Ejecutivo no está previsto que ponga foco sobre las certificaciones menores a cuatro días, desde la representación se buscará promover mecanismos que también impacten allí. "Queremos que también se capturen esas certificaciones cortas que generan perjuicios".

Por lo pronto, Domínguez ya ha recibido de parte de empresarios información de matrículas de médicos de los cuales consideran dudosas las certificaciones que han realizado de sus trabajadores, y dijo que ha alentado a los privados a denunciar situaciones que consideren dudosas o irregulares.

La representante de los empresarios aclaró que pese al importante volumen de certificaciones médicas que registra el organismo, "felizmente la mayor parte de los trabajadores son buenos y estos son solo unos pocos que tienen conductas inapropiadas, que no solo perjudican a la empresa sino a sus compañeros".

El problema, sostuvo, es que "hasta el buen trabajador se pregunta tres veces por qué voy a seguir teniendo este comportamiento si otros tienen conductas inadecuadas que a veces no es fácil sancionar". Y concluyó: "Por todo esto es que queremos que se minimicen los costos para el Estado, pero también para las empresas".

UN PROBLEMA COMPARTIDO