Organismos no cumplen con la ley: proveen el 0,66% del 4% obligatorio.

En el Estado no parece haber preocupación por integrar a los discapacitados como manda la ley. Un relevamiento efectuado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) concluyó a fines de mayo que apenas el 0,66% de las vacantes producidas en último año en todos los organismos públicos fueron cubiertas con personas con discapacidad, cuando correspondería que fuera el 4% de las vacantes repuestas.

Además al Estado tampoco parece preocuparle planificar el cumplimiento de la ley: de acuerdo con el relevamiento realizado por la ONSC para conocer si los organismos planifican o prevén el ingreso de personas con discapacidad en 2017, el 62,59% de los organismos no tiene planificado realizar llamados para integrar a personas con discapacidad.

Del total de organismos, el relevamiento señala que el 85% no ha realizado actividades de sensibilización o capacitación en el tema, y del total el 39% responde que necesita asesoramiento o asistencia para realizas llamados a este tipo de concursos.

El informe de la ONSC, al que accedió El País, señala que en todo el año 2016 los organismos que se aproximaron al cumplimiento de la ley 18.651 fueron: la Cámara de Representantes con 3,90% (77 vacantes provistas ese año, tres personas con discapacidad ingresadas), el Ministerio de Vivienda con 6,67% (ocho vacantes provistas, una persona con discapacidad), Universidad de la República con 3,39% (383 vacantes provistas en 2016, 13 personas con discapacidad), Banco República con 100% (cuatro vacantes provistas, cuatro personas con discapacidad), Antel 100% (siete vacantes provistas y siete personas con discapacidad), y OSE con 0,49% (de 128 vacantes provistas apenas una persona con discapacidad).

En cuanto a los gobiernos departamentales, el de Durazno es el único: cumplió el 2,81% de lo que dice la ley porque de las 234 vacantes provistas en 2016, cinco cargos fueron para personas con discapacidad.

En suma, en todo el Estado durante 2016 fueron provistas 4.527 vacantes de las cuales apenas 36 fueron para personas con discapacidad, es decir el 0,66%, mientras correspondería el 4% según la ley.

El tema quedó expuesto en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes cuando el ministro Danilo Astori y el equipo económico del gobierno expusieran sobre las políticas públicas en el marco del proyecto de Rendición de Cuentas.

Según el informe de la ONSC en 2016 se siguió la tendencia de un mayor ingreso de hombres discapacitados con un 69,4%, frente a un 30,6% de mujeres. En la distribución de discapacidades se constató que continúa siendo más representativa entre las personas ingresadas, las concernientes a dificultades de orden motriz. Por otra parte, el informe deja en claro que las personas con discapacidad en el habla y psíquicas han sido las menos atendidas, algo que ya venía ocurriendo en años anteriores.

Acerca de la edad de las personas con discapacidad ingresadas en 2016, el informe de la ONSC muestra que el 58,3% tiene entre 30 y 45 años, el 36,1% entre 18 y 29 años, mientras que solamente un 5,6% tiene 46 o más años de edad.

Asimismo, en las personas jurídicas de derecho público no estatal el informe compara como ha sido la distribución total de ingresos (personas con y sin discapacidad) para el período 2010-2016 y su relación con las vacantes. En dicho período ha ingresado un 0,26% de personas con discapacidad en relación a las que lo hicieron sin discapacidad.

El artículo 49 de la ley 18.651 de 2010 señala que "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario". Asimismo, ese artículo de la ley deja en claro que la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales —quienes deberán proporcionarlos— sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año.

Agrega que esos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresada, con precisión de la discapacidad que tengan y el cargo ocupado.

La ONSC, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que presentan y el cargo ocupado, e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el aludido artículo de la ley 18.651.

La cantidad de vínculos (contratos) de funcionarios con el Estado subió en 2.252 desde 2015 a 2016. Sin embargo, como informó El País, el número de personas contratadas bajó en 2.536: pasó de 270.089 al cierre de la Rendición de Cuentas anterior, a 267.553 en la presentada al Parlamento.

"El gobierno se propuso bajar la cantidad de vínculos de una forma racional, que no implique un cierre del ingreso como se ha dado en otras oportunidades", dijo en conferencia de prensa Alberto Scavarelli, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y ejemplificó: una persona para bajar de peso "puede hacer una dieta racional o amputarse un brazo. En la balanza el resultado va a dar que uno pesa menos, pero el Estado no puede amputarse un brazo".

LEYES QUE SON LETRA MUERTA